La Justicia Especial para la Paz es un tribunal creado por y para las Farc en el marco de los acuerdos pactados en La Habana entre este grupo criminal y el gobierno colaboracionista de Santos. En una conferencia de prensa, cuyo video es muy conocido, alias timochenko se jacta de que por vez primera en el mundo unos bandidos comparecen ante su propio tribunal: “…este tribunal es una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido”.

Como si fuera poco, esta corte fue nominada por un comité formado por cinco personas de extrema izquierda, incluyendo a tres extranjeros cercanos a los grupos terroristas ETA, Sendero Luminoso y Montoneros. Por “minucias” como esas era que desde hace un año se sabía que la JEP no iba a extraditar a Jesús Santrich por ningún motivo, aunque en las cuentas de nadie figuraba el salvamento de voto de dos magistradas para un apretado fallo de tres contra dos. Hay que ser honestos: dábamos por hecho una decisión unánime a favor del delincuente.

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En efecto, el que dos magistradas hayan votado en contra y declarado abiertamente que existían suficientes pruebas para determinar que los delitos de Santrich eran posteriores al 1 de diciembre de 2016, se convierte en prueba fehacientes de que en ese tribunal subyace el propósito de cubrir a los miembros de las Farc con un manto de impunidad.

Y es que la JEP no solo se dedicó a poner en entredicho las fechas sino el delito mismo; para esa corte, Santrich no ha narcotraficado a pesar de que otras personas vinculadas al mismo caso están en manos de la justicia norteamericana, como los señores Fabio Younes y Armando Gómez España (padre de una conocida reina de belleza), además del señor Marlon Marín, nada menos que sobrino de Iván Márquez, número dos de las Farc y amigo íntimo de Santrich.

Como era de esperarse, la izquierda celebró jubilosa la determinación de la JEP de ordenar la libertad del narcotraficante a pesar de no tener atribuciones para ello. Lo querían instalar a la mayor brevedad posible en la curul de parlamentario, aunque hay quienes aseguran que el guerrillero pretendía fugarse hacia Venezuela para no seguir corriendo el riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos.

Por fortuna, Santrich solo pudo sentirse libre por unos minutos antes de ser capturado de nuevo para impedir que se siguiera burlando del país. Como suele decirse, “todavía quedan jueces en Berlín”, y la Fiscalía logró imputarle nuevas acusaciones de narcotráfico y hacer que un juez convalidara su recaptura. También el procurador Carrillo le salió al paso a la JEP y apeló la decisión de no extraditar al delincuente, si bien es obvio que ese espurio tribunal no va a cambiar su decisión.

Ahora, nada de esto va en contra de los acuerdos de la mal llamada “paz”; por el contrario, está relacionado con su más estricto cumplimiento. Si se estipuló que serían amnistiadas toda clase de bestialidades perpetradas hasta el 1 de diciembre de 2016, y que los delitos cometidos a partir de esa fecha recibirían un tratamiento ordinario, hay que cumplirlo sin atenuantes.

Tampoco significa esto que se esté intentando desprestigiar a la JEP. No es necesario. La JEP es una cloaca que se ha desprestigiado a sí misma desde su primer día de funcionamiento. No hay una entidad pública en Colombia que, en tan poco tiempo, haya protagonizado tantos escándalos; ni que sea tan poderosa a pesar de su origen ilegítimo y ostente, a pesar de ello, resultados tan pobres.

Es una verdadera vergüenza que ese antro se dedique a proteger al narcotraficante Santrich cuando aún están frescas las imágenes de su fiscal Bermeo embolsillándose fajos de dólares en un hotel para impedir la extradición de un criminal que, aparte de todo, parece que es un individuo sicológicamente inestable y mentalmente desequilibrado que no puede asumir funciones de legislador. Si en un mismo día se trató de suicidar y mostró alteraciones del estado de conciencia, con alucinaciones y todo, el lugar que le corresponde es el anexo siquiátrico de algún penal.

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De no ser así, que lo extraditen. No es la primera batalla que Colombia libra para mantener activa su mejor arma contra el narcotráfico. Extradición y glifosato es la fórmula que nos puede librar de una descertificación que ya se cierne en el horizonte.

EN EL TINTERO: Repartir el 20% del presupuesto de inversión entre los congresistas (cerca de 30.000 millones de pesos por cabeza) para que ejecuten obras en sus regiones, puede darle una gran gobernabilidad a Duque, pero el latrocinio sería incalculable. ¿No habrá otra alternativa?