Ponga su dedo al azar en cualquier punto del mapa de Colombia. Las posibilidades de que el lugar señalado esté siendo utilizado para la extracción ilícita de minerales alcanza un 81,25%, una cifra que muestra la magnitud de un problema que crece día tras día y para el cual el Estado, por ahora, no cuenta con las herramientas jurídica suficientes para combatirlo.

Son 26 los departamentos afectados de los 32 que tiene el país, y un total de 340 municipios según cifras entregadas por la Brigada contra la Extracción Ilícita de Minerales que el ministerio de Defensa creó en 2015 ante el crecimiento del fenómeno.

El objetivo primordial de este cuerpo militar, además de recuperar para el Estado algunos territorios ocupados por grupos armados ilegales, consiste en proteger los recursos naturales y el ambiente, toda vez que el mayor impacto de la extracción ilegal radica precisamente en la destrucción del ecosistema.

Ahora bien, como planteó en diálogo con EL MUNDO el coronel Alberto Montenegro, comandante de la Brigada contra la Extracción Ilícita de Minerales, “no todo lo vamos a solucionar con cárcel” puesto que, a su juicio, “no vamos a tener dónde meter a los millones de colombianos que viven de la minería”, puesto que “no todos los mineros son criminales o están vinculados a grupos criminales”.

Aquí es donde estriba el vacío legal que las empresas legalmente constituidas esperan que se llene con la promulgación de una Ley que, además de tipificar los delitos y establecer las penas, determine claramente a quién se puede sindicar.

“Debemos brindar el marco jurídico que permita diferenciar con claridad los mineros ancestrales y tradicionales o pequeños, de las estructuras delincuenciales que están cooptando nuestra actividad por la alta rentabilidad que representa y porque está afectando de manera irreparable las finanzas, el medio ambiente y las comunidades”, expresó en el reciente Congreso Nacional de Minería, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería, José Miguel Linares.

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Esto es clave en la protección de los ecosistemas, puesto que las estructuras delincuenciales no se miden en el uso de maquinaria pesada para extraer material, lo que está explícitamente prohibido por el Código Penal, ni tienen reparo en usar el mercurio, también prohibido por la Ley 1658 de 2016, para separar particularmente el oro.

Las conductas de los otros tipos de mineros, si bien pueden ser ilegales en la medida en que carezcan de título minero e instrumento ambiental, pueden ser manejadas, a juicio del coronel Montenegro, con la participación de otras instancias del Gobierno distintas a las policivas.

Radiografía del problema

Además del oro, cuando se habla de extracción ilícita de minerales se encuentran actores en busca de carbón, materiales de arrastre y coltán, este último de manera muy específica en la zona de Guainía, donde también corren rumores de que se está extrayendo uranio, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades. 

Pero el oro es lo que más preocupa, no solo porque su explotación ilícita sucede en 187 municipios del país y ha crecido un 45% en los últimos dos años, sino por la conectividad con el sostenimiento de grupos armados.

“No nos pasa lo mismo con el carbón ni con los materiales de arrastre, esos tienen más una intención de enriquecimiento ilícito que de vínculo con grupos armados”, explicó el coronel Montenegro, quien ratificó que esta actividad es más rentable que el narcotráfico.

“Partamos de los precios: un kilo de clorhidrato de cocaína lista para exportar en Colombia puede alcanzar los seis millones de pesos; un kilo de oro puede llegar a los 140 millones de pesos; ahí se ve la gran diferencia”, explica y añade que a este factor se le puede sumar el tiempo: “mientras un kilo de clorhidrato de cocaína se demora cinco meses desde la siembre hasta la cosecha y la producción, el kilo de oro se puede sacar en un día”.

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Ahora bien, no todos los mineros de oro están adscritos a grupos armados. Existen “fiebres del oro” en distintas regiones del país a donde llegan “comunidades con necesidades básicas no satisfechas, comunidades nómadas que han ido haciendo tránsito a diferentes zonas para llegar a donde se encuentran las vetas”, según el coronel Montenegro, quien ratifica que, normalmente, son zonas “donde las empresas mineras ya han hecho un estudio y ya se ha determinado que está el mineral”.

“Esto nos genera a nosotros una gran perturbación en zonas que afectan a empresas que tienen títulos mineros, por un lado, pero también el deterioro social; municipios que reciben una gran cantidad de población nómada” donde se presentan fenómenos como “vinculación de menores, abandono escolar, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, prostitución infantil”.

Desde la perspectiva operacional la fuerza está concentrada en tres líneas: la destrucción de maquinaria, las capturas en flagrancia y la desarticulación de las estructuras criminales.

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“Normalmente detrás de esto hay mucha gente que ni siquiera está en el campo minero sino que está en ciudades grandes o en el exterior, que son comercializadores, que venden mercurio, que compran oro ilegal, etc., que es hacia donde nosotros apuntamos con la Fiscalía General de la Nación en los operativos”, finalizó.

El golpe al ambiente

En la extracción ilegal hay, como ya se anotó, dos componentes críticos para el ambiente: el uso del mercurio y el uso de maquinaria pesada con la que se remueve el suelo y “se deja al aire todo lo que no es productivo, como se ve en el Bajo Cauca: rocas, piedras rojas, arcillas, y eso requiere de mucha inversión para recuperarse”, comentó en diálogo con EL MUNDO Carmen Elena Zapata, jefe del Laboratorio Calaire, de la Universidad Nacional, sede Medellín.

El mercurio es particularmente peligroso por ser, a juicio de Zapata, un “enemigo silencioso”.

“Usted no lo ve en el agua, no lo ve en el aire, no lo ve en el suelo y se acumula en los peces; la gente que vive en las zonas mineras, que habitualmente son zonas de ríos y de quebradas, se alimenta de esos peces y el mercurio se acumula en el organismo y produce muchas enfermedades”, explicó y recordó que el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, se ha ubicado en distintos estudios como el lugar con la más alta incidencia de enfermedades como la parálisis cerebral.

“Hay gente que quema en la cocina de sus casas las amalgamas; y entonces respiran ese mercurio”, añadió Zapata.

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Antes de la entrada en vigencia de la ley que prohibió el mercurio, la secretaría de Minas de Antioquia realizó numerosas capacitaciones que han permitido que los mineros artesanales o de subsistencia no lo usen; pero la minería ilegal lo sigue haciendo. “La minería ilegal bota el mercurio en el río, hace la amalgama en el río, los peces se comen parte de ese mercurio, es un problema grande”, planteó la académica.

Por su parte, la maquinaria pesada arrasa todos los horizontes productivos del suelo.

“Hay un horizonte que es la capa más superficial, que puede  tener 30 o 60 centímetros, que es la zona productiva, donde están los microorganismos, donde tenemos la materia orgánica. Cuando la minería entra con la maquinaria, lo que hace es eliminar esa capa y botarla y dejar al aire las arcillas y las rocas que no son productivas”, explica Carmen Elena Zapata quien añade que “todos los microorganismos y las plantas que viven en ese suelo desaparecen y, por ende, la fauna más grande que se alimentaba de esos microorganismos, los insectos, etc., también desaparecen porque se pierde su cadena alimenticia”.

Para devolverle a ese suelo su productividad, añade, “tenemos que generar lo que verdaderamente llamamos suelo, que es la capa vegetal, la que tiene la materia orgánica. Para volver a recuperar eso se necesitan muchos abonos, tratamientos, plantas”.

Existen plantas especiales para recuperar suelos, por ejemplo el maní forrajero, que hace el mismo papel del buchón en el agua, que recoge los metales pesados. “Pero todavía hay que hacer estudios a ver si esa planta después se la puede comer el ganado o no, porque no sabemos si acumula mercurio; si pasamos el contaminante del suelo a la planta, no podemos alimentar a los animales con ella”.

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Un fenómeno adicional que afecta al ecosistema son los residuos de la explotación, llamados relaves. Las empresas legalmente constituidas tienen procesos de tratamientos aprobados por la autoridad ambiental, mientras que los ilegales simplemente lo dejan expuesto en el suelo, lo que incide en las especies animales de las zonas afectadas.

“Muchas veces los pequeños mamíferos se mueren porque no encuentran otras zonas de alimentación; las dantas, las guaguas, en esas zonas han desaparecido cuando eran sus hábitat”, explica la jefe de Calaire, quien relató que también en Segovia se ha diseñado como buena práctica la idea de llenar los socavones abandonados con esos lodos para mejorar la estabilidad del suelo. “El residuo queda en una zona no productiva donde no afecta la flora ni la fauna”, puntualizó.