La expresidenta argentina Cristina Fernández apeló la medida de prisión preventiva dictada por el juez Claudio Bonadio por supuesta traición a la patria y además denunció al magistrado por "conducta antidemocrática y anticonstitucional", informó este miércoles el abogado de la mandataria Gregorio Dalbón.

El pasado 7 de diciembre, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por presunta traición a la patria derivada del supuesto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la mutua judía de la Amia en 1994, para lo que el juez federal pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura y buscó que la medida tomada por Bonadio sea "revisada", apuntó Dalbón, y añadió que se espera que la causa llegue a juicio oral "para que pueda ser presenciada por prensa nacional e internacional y por organismos internacionales como la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)".

El excanciller Héctor Timerman, procesado por la misma causa con prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud, presentó los mismos cargos contra el magistrado, quien había rechazado el pasado martes un pedido de excarcelación del exministro de Relaciones Exteriores que reclamó por el tratamiento de cáncer al que se somete.

"Carecen de pruebas contundentes y va a quedar absuelta a la vista de todo el mundo", explicó el letrado, que insistió en que existe una "persecución" contra la senadora.

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El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.

En una rueda de prensa tras conocerse su pedido de detención el pasado 7 de diciembre, la exmandataria dijo que lo que realmente se acordó con Irán fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias, ya que la causa está "totalmente paralizada" porque Irán no los extradita.

El atentado contra la Amia, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.