Ortega, quien reside en Bogotá desde que abandonó su país en agosto del año pasado, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro “cuando no puede controlar un medio lo compra”, para lo cual recurre a presiones a los dueños con el fin de que lo vendan.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega aseguró este domingo en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebró en Medellín que en su país “la verdad ha sido criminalizada”.
“Por eso a los periodistas se les persigue, se les acosa, se les cierran medios de comunicación”, aseguró Ortega, quien agregó que en los informes que se presentaron durante la asamblea de la SIP se ha visto “la realidad que se vive en Venezuela”.
Dicho informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y que fue presentado el pasado sábado, recoge que la situación de la prensa en ese país se deteriora a diario debido a la “violencia sistemática” que se ejerce contra los periodistas y los medios de comunicación tradicionales que además han empezado a desaparecer.
La exfuncionaria ejemplificó el silencio en los medios venezolanos con dos casos, el primero la muerte el pasado 15 de enero del inspector de la policía científica (Cicpc) Óscar Pérez, alzado contra el Gobierno, y otras seis personas, en lo que ha considerado anteriormente como una “ejecución extrajudicial”.
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Sus muertes fueron “invisibilizadas y no hubo información oficial”, dijo.
Del mismo modo, considera que se silenció la muerte de 66 presos y dos mujeres que estaban de visita el 28 de marzo en el incendio de una comisaría en Valencia, capital del céntrico estado de Carabobo, y que ella aseveró fueron “más de 120” personas las fallecidas.
En opinión de Ortega, “lo más grave” son las denuncias registradas de que el incendio “fue provocado por las autoridades”, lo que considera que es “un hecho gravísimo que amerita investigación”.
Finalmente, destacó que la Fuerza Armada es “víctima” de la situación y del régimen del presidente Nicolás Maduro, por lo cual les pidió que recuperen “la dignidad y la honorabilidad del Ejército, la Armada y la Aviación (...) y se apeguen a la Constitución y a la ley".