“Mientras un grupo quiere hacer la paz y erradicar las minas, otro las siembra. Esto no puede seguir pasando”, dijo esta semana el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al anunciarle al país la firma del nuevo convenio con Naciones Unidas sobre desminado humanitario y lamentar el último accidente que cobró las vidas de dos jóvenes indígenas menores de edad.

Una lucha que no se puede parar. Y no puede parar porque las minas antipersona (MAP) y la munición sin explotar (Muse) no pueden seguir segando vidas inocentes, como ocurrió el pasado domingo con dos hermanos de la etnia Emberá Eyabidá, una niña de 12 años y un joven de 17, quienes cayeron en un campo minado en zona rural de Murrí, corregimiento de Frontino, en el Occidente antioqueño.

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Ellos se suman ahora a esa larga lista de indígenas que reporta el programa Acción Contra las Minas como víctimas entre 1990 y enero 31 de este año, cifra que representa un poco más del 3% del total de los casi doce mil accidentes que se han registrado durante estos últimos 30 años en todo el país, pero como explica en sus estadísticas el programa gubernamental, “al tratarse de un grupo minoritario en Colombia, la tasa de víctimas por accidentes de MAP y Muse desde 1990 a la fecha, por cada 100.000 indígenas, es cercana a 34,2, lo cual representa un gravísimo problema para este grupo minoritario”, sometido en diversas regiones del territorio nacional a las presiones y el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan el control de los corredores del narcotráfico y el manejo de las rentas ilegales.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp)- Descontamina Colombia explica que Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública por accidentes de MAP y Muse y esto ha significado que del total de víctimas en estas tres décadas (11.811 a 31 de enero de este año), el 61% han sido miembros de la fuerza pública y el 39% restante corresponde a civiles.

Ante esta realidad y pese a los esfuerzos con el desminado humanitario que hoy permite tener 391 municipios libres de sospecha de minas antipersona, el Gobierno Nacional y Naciones Unidas firmaron esta semana el convenio para puesta en marcha de Humanicemos, organización de desminado humanitario de excombatientes Farc.

“Esta es una noticia importantísima para la paz en Colombia. Por primera vez en la historia del país va a iniciar una tarea de erradicación de minas antipersona una organización conformada por excombatientes de las Farc. Esta organización se llama Humanicemos, que ha sido creada por ellos mismos, los excombatientes, con más de 100 integrantes, y está liderada por una mujer valiente, luchadora, que se llama Ángela Orrego, y quien ha trabajado en el proyecto por más de un año con el apoyo de Unmas -Servicio de Naciones Unidas para la acción contra las minas antipersona”-, aseguró Ceballos.

Tras la firma del convenio junto a la representante del Sistema de Naciones Unidas para Colombia y directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en América Latina, Jessica Faieta, el Comisionado destacó que “este es uno de los elementos más importantes de la implementación del Acuerdo. Personas que antes estaban en la guerra, hoy ayudan a liberar estos territorios que una vez estuvieron llenos de minas antipersona”.

Ese convenio, mediante el cual se apoya la labor de Humanicemos, contará con recursos que ascienden a los tres millones de euros, es decir, más de doce mil millones de pesos.

“Tras dos años de negociación con Naciones Unidas hoy inicia Humanicemos a operar en desminado humanitario. Con la entrada de esta organización la capacidad aumenta y se convierte en la tercera organización civil de desminado humanitario en Colombia con mayor capacidad de personal entrenado y, próximamente, acreditado”, aseguro Ceballos.

Según el Comisionado, “la primera etapa de este proceso fue la capacitación del personal de Humanicemos, ahora viene el momento concreto de la operación en el terreno, que comenzará en el municipio de La Montañita (Caquetá)”, uno de los territorios más golpeados por la siembra de minas, y esa tarea de erradicación será monitoreada en la acción y la operación por parte de representantes de Naciones Unidas, que acompañarán el proceso desde su creación hasta el final.

Rechazo de la comunidad indígena

La Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia lamentó la muerte de dos menores de edad, que perdieron la vida a causa de la explosión de una mina antipersona, instalada por grupos al margen de la ley, y de paso expresó su rechazo a todas las acciones que ponen en riesgo a su comunidad.

Las víctimas, quienes hacían parte de la etnia Emberá Eyabidá, residían en el Resguardo Murrí Pantano, ubicado en jurisdicción del municipio de Frontino.

Ante esta situación de orden público, que se viene presentando en varias regiones del departamento, la Gerencia Indígena y la Secretaría de Gobierno pusieron en marcha la Mesa Humanitaria Indígena y vienen realizando visitas de verificación para constatar en los territorios la presencia de minas terrestres que causan daños a la población civil, entre otros temas.

Como lo ha denunciado la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la población indígena viene siendo afectada por el conflicto entre actores ilegales que se disputan el territorio, situación que impide la movilidad, la recolección de alimentos y la caza para el sustento de estas comunidades.

La entidad viene acompañando a la comunidad y a la administración municipal de Frontino, junto a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y los demás organismos competentes, para aplicar los protocolos de atención a las víctimas. También anunciaron que se hará toda la gestión con el Gobierno Nacional para implementar programas de educación frente al riesgo de las MAP y Muse.

Víctimas de MAP y Muse