Por medio de un comunicado a la opinión pública el Comité Rectoral de la Universidad de Antioquia informó del cierre del campus principal, que se realizó durante tres días con el fin de inspeccionarlo, y como la primera de una serie de medidas que serán implementadas, respondiendo “a razones de seguridad y protección de los miles de estudiantes, profesores, empleados, egresados y visitantes que lo habitan y recorren diariamente”. La decisión no fue bien vista por el estudiantado que, según fuentes consultadas por EL MUNDO, se dio cuenta a partir de las noticias publicadas en diversos medios de comunicación y por un mensaje enviado al correo institucional en la noche del jueves 1 de junio. 

La misiva del estamento universitario aducía el cierre a fenómenos que se presentan allí, entre los que se encuentran la venta y el consumo de licor y sustancias psicoactivas, el comercio de mercancías ilegales, hurtos, amenazas y la realización de las denominadas “rumbas”. Luego de los tres días de cierre (del 2 al 4 de junio), se retomaron las actividades académicas con nuevas medidas, las cuales comprenden mostrar la TIP (Tarjeta Integrada Personal, que indica la vinculación con la Universidad) con la cédula, así como la requisa del bolso al ingresar a la institución, además de la prohibición de las fiestas que no sean institucionales y las ventas.

“Esto es un proceso largo porque la universidad por muchas razones dejo acumular una serie de problemas que tienen distintos componentes. Hay un tema de consumo de alcohol y estupefacientes, que a mi modo de ver no es el problema mayor, porque la universidad tiene muchas herramientas para abordar el tema desde Bienestar Universitario, tenemos muchas acciones de prevención y atención”, dijo a EL MUNDO el rector Mauricio Alviar Ramírez. Las medidas de seguridad han recibido diferentes voces a favor y en contra: los estudiantes han manifestado que este no es el camino, mientras el Grupo de Ocho Rectores de Antioquia (G8) han mostrado su apoyo a las decisiones. 

Los directivos de universidades que conforman el G8 “invitan a los diferentes estamentos del departamento y del país a rodear dicha institución en su afán por salvaguardar la seguridad y la protección de su comunidad universitaria”, detalla un comunicado emitido el martes 6 de junio. La misiva continúa diciendo que “rechazan cualquier acción que atente contra la misión de la Alma Máter y llaman la atención de las autoridades para que se hagan los controles respectivos que garanticen un ambiente óptimo”.

Entre tanto, Alexánder Rúa, estudiante de Ciencias Políticas, rechazó las medidas y explicó que “el manejo mediático que le esta dando la administración y como lo está mostrando a los medios, termina montando un show alrededor de cómo se dan las dinámicas en la universidad y ahí es donde tendrán que aclarar cuál es el interés. Se reconoce que hay dificultades dentro del claustro universitario, pero como lo han dicho los profesores y los estudiantes, las medidas se pueden y deben tomar, pero no de la manera tan arbitraria”. 

Las medidas fueron planeadas
El rector Alviar recordó que hace un año y medio se viene hablando a nivel institucional de las problemáticas de la universidad y que recurrió a autoridades como la Secretaría de Seguridad, la Personería y la Policía hace dos meses, momento en el que, tras una evaluación de informes institucionales en los que se registraba lo que ocurría, determinaron que sería necesario el cierre durante los tres días.

Lea más sobre las nuevas medidas
Según él, en todo este tiempo se estuvieron “analizando todas las posibilidades incluyendo los temas pedagógicos, tratando de hacer cumplir la norma que existe en la prohibición, pero ya el tema estaba desbordado. A medida que iban pasando los días, el problema siguió creciendo este año por el asunto de las rumbas”, subrayó Alviar.

Por otra parte, recordó que aunque se presentaron dos robos a mano armada dentro del campus en 48 horas, el cierre del mismo no fue por esta razón, pues ya habían planeado con las autoridades “el momento oportuno para hacer una intervención y desafortunadamente coincidió con estos dos hechos que ocurrieron aquí de atracos con arma blanca al interior del campus, pero la medida que se tomó no fue reactiva por estos dos eventos, ya se tenía planeada con anticipación”, dijo Alviar Ramírez.

Ante este punto, el Claustro de profesores de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuestionó a través de un comunicado emitido el pasado martes que las decisiones fueran premeditadas, porque “la solución de cualquier problema requiere que se le delimite adecuadamente, se distinga de otros y se le trate diferencialmente. Cuando se mezclan problemas tan antiguos y a su vez, tan diferentes como el tráfico y consumo de estupefacientes, las ventas ambulantes, las rumbas y dos o tres hurtos de reciente ocurrencia, la posible solución se complica innecesariamente, y la credibilidad sobre las decisiones decrece porque se dice que se estaban pensando hace tiempo, pero se justifican en hechos inmediatos”. 

La Universidad Nacional, por ejemplo, ha expresado que esta realidad no es ajena a sus campus universitarios, pero en menor medida. “También somos una institución vulnerable ante los posibles eventos de seguridad que se puedan dar, tanto alrededor de la misma como al interior del campus, teniendo en cuenta que el control de acceso al mismo no es completamente restringido y le da posibilidad a cualquier ciudadano de que ingrese en virtud de tener unos servicios que son abiertos a la comunidad y a la sociedad en general”, detalló John Willian Branch Bedoya, vicerrector de la sede Medellín de ese plantel.

Lea también sobre: Estudiantes levantaron paro en la U. Nal sede Medellín
No obstante las explicaciones, otro estudiante de la UdeA dijo no estar de acuerdo con esta metodología, pues “la administración central de la universidad ha actuado de forma equívoca, lo primero que debe hacer es una sensibilización, pactos sociales y académicos con la comunidad universitaria en pro de mejorar el ambiente”, opinó Luis Felipe González Ossa, integrante de la oficina de asuntos estudiantiles de Ingeniería.

Además, se han generado otros hechos que hacen dudar a la comunidad universitaria, como el reporte de la Fiscalía que indica que no se ha instaurado ninguna denuncia por los hurtos que reporta el rector, junto con que no se evidencia la presencia permanente de la Policía, con lo cual otra estudiante de Ciencias Políticas se mostró desconfiada porque “esto da para pensar sobre si las medidas deben ser así de exageradas para este acontecimiento”, señaló María Fernanda Uribe. 

La penetración de la delincuencia común
Para el vicerrector de la Universidad Nacional, es indudable que esto está ocurriendo no solo allí, sino también en el Alma Máter, puesto que se origina en la misma situación por la que atraviesa la capital antioqueña en el tema de seguridad, con otra problemática y es que la seguridad de ambas instituciones es a través de una figura de “conserje” al no estar armado.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, que tengan en cuenta que la Universidad Nacional también es una institución de educación superior de Antioquia que sirve a la formación de profesionales y que por lo tanto acudimos a llamar la atención que nuestros campus también estén desde el circuito de la estrategia de seguridad que tiene hoy Medellín”, dijo a El MUNDO Branch Bedoya.

Para él mismo, en la Unal se presentan modalidades como las que ocurren en otros sitios públicos de la capital antioqueña, como lo son “robar los morrales de los estudiantes que contienen los computadores, incluso abrir vehículos  y robar accesorios, hemos tenido perdidas de vehículos, con las motos ha sucedido mucho y con las bicicletas”, explicó.
Entre tanto, el rector de la Universidad de Antioquia reportó los mismos incidentes en el campus, a lo que se adicionan las denominadas rumbas, la comercialización de estupefacientes y alcohol, por lo que “indudablemente hay presencia de delincuencia común al interior del campus; no habíamos tenido reportes de a mano armada, lo que sí, es que teníamos atracos en el perímetros de la universidad”.

Cabe recordar otro incidente que se presentó en el mes de enero en la hacienda El Progreso, propiedad de la Universidad de Antioquia ubicada en Barbosa, en la que se encontraron 760 kilos de pasta de coca enterrados. Al respecto, el rector sostuvo que “afortunadamente es un caso aislado, el hallazgo fue hecho en una parte que estaba arrendada a un tercero y afortunadamente fuimos declarados víctimas por parte de la Fiscalía, de esa actividad delincuencial”. 

En contraposición a los argumentos rectorales, la misiva de los docentes de Derecho acuña que se está creando una mala imagen al presentar de esta manera los hechos. “El gran impacto mediático que ha logrado la administración con sus medidas y su justificación, permite recrear una narrativa que, en lugar de defender la Universidad, la presenta ante la opinión pública como un espacio donde se atraca, se trafica, y se realizan todo tipo de ilegalidades e iniquidades”. 

Lea un comentario al final de esta nota en apoyo a las medidas adoptadas
 Por ahora, las medidas que fueron declaradas como indefinidas no plantean un panorama claro para los estudiantes en situación de ventas, pues según las fuentes consultadas muchos necesitan hacerlo y no les dejan ingresar la mercancía. También generan inconformidades porque consideran que así no habrá solución: “Esas cosas las han intentado hacer, han puesto torniquetes, vigilantes, policías y la universidad lleva muchísimos años con problemas de droga, armas y venta, eso solo sirve para incomodar a la gente que no hace ninguna de esas cosas”, expresó Melissa Pérez, quien estudia Filosofía.