Para cerrar sus ocho años de gobierno, Juan Manuel Santos volvió su corazón y su mano generosa con los bienes del Estado a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta que el 6 de agosto de 2010 lo bendijeron para gobernar a Colombia. La generosidad del presidente con los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo fue demostrada con la ampliación, de a 54 a 348 lugares que ocupan 350 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los protegidos con la “Línea negra” que demarca la sacralidad, o sea inviolabilidad e intangibilidad, de los sitios protegidos.

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En otro acto de su acostumbrada vanidad, el doctor Santos firmó este postrer decreto pasando por encima de una amplia discusión en la que gremios económicos, como los de la minería y la construcción; autoridades regionales y expertos de distintos sectores, lo invitaron a permitir la discusión pública, cuyo escenario apropiado hubiera sido el Congreso, que propiciaría la madurez de una disposición que afecta las ciudades de Riohacha, Santa Marta y Valledupar. En otra ocasión habremos de ocuparnos de las muy serias implicaciones de esta decisión tomada sin que los grandes medios de comunicación abrieran espacios para la discusión pública que merecía.

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La apertura del gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que apenas tendrá lugar este martes 7 de agosto, estuvo precedida por apasionados debates en redes sociales y medios de comunicación propiciado por declaraciones livianas sobre una invitación a “exorcizar” la Casa de Nariño, dadas por conocido Padre Chucho en medio de una entrevista sobre el proceso judicial en que acaba de ganar el derecho a decir misas campales en el barrio Castilla, de Bogotá. Ni la aclaración en la que el sacerdote precisó que la invitación recibida era a bendecir el gobierno logró calmar la diciente tormenta sobre hechos que, de ser otros los protagonistas, hubieran sido aceptados como normales o hasta habrían sido aplaudidos.

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En efecto, más que críticas a las búsquedas espirituales del gobierno entrante, que también las hubo en el mandato que cierra, las hay, y se han vuelto feroces y recuentes, al catolicismo y su práctica pública por los mandatarios, la cual no está limitada ni prohibida en un estado cuya laicidad no es ateísmo y, por tanto, no conlleva prohibición a la religiosidad de los agentes públicos o los ciudadanos. A la calidad de católica la práctica propuesta, una bendición al Gobierno y la Casa Presidencial, se agrega como piedra de escándalo que el gobierno entrante tenga origen en el Centro Democrático y el pastranismo conservador, sectores políticos cuyas actuaciones están sometidas a vigilancia justiciera de medios de comunicación que con máximo cinismo anuncian el tránsito de la plácida complacencia con los actos y desmanes del gobernante a la fiera vigilancia hasta de los aciertos del gobierno que aún no inicia, situaciones ambas que desdicen de los principios fundacionales de búsqueda de la verdad e independencia crítica que guían al periodismo.

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