Sin renunciar a su estilo propagandístico, Eta se ha valido de anuncios a cuentagotas para presentar su disolución, que se espera ocurra este próximo fin de semana en Francia. La estrategia, sin embargo, no le ha ofrecido a la banda los réditos de beneplácito e impunidad que pretendía obtener y con los que habría quebrado la ejemplar resistencia de la sociedad española a su actividad terrorista.

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Como gran parte de los grupos de su estilo, Eta nació entre finales de los años 50 y comienzos de los 60 usando argumentos de carácter político para justificar su creación y violencia, que deja en casi medio siglo 850 asesinatos, 29 secuestros, 3.600 actos terroristas, más de 7.000 heridos y el repudio de la sociedad española, que desde 1981 se ha movilizado públicamente para condenar el totalitarismo, demeritar los móviles políticos que aducía el grupo y exigir la rendición de la banda terrorista. Hoy, los españoles, sin distingo de partido o autonomía de residencia, reclaman como su triunfo el fin del grupo. Consecuente con ello, exigen que Eta no obtenga gabelas, menos que reciba impunidad a cambio de su desarme y desmovilización.

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El progresivo desmonte de Eta, iniciado unilateralmente en 2011, sin que jamás se le haya ocurrido al Estado español ofrecerle garantías extra constitucionales por ello, comenzó con su anuncio de cese la violencia y se ha mantenido en desarmes progresivos que no han contenido la acción punitiva y judicial de las autoridades españolas y francesas. Qué contraste con lo ocurrido en la negociación del doctor Santos y las Farc en la que, por el afán de una firma, que no trajo el fin de la violencia, se impuso la equiparación del Estado con el interlocutor terrorista. Dado ese paso, no pareció extraño que el Estado ofreciese la mayor parte de concesiones a la contraparte y que hoy se le imponga responder, como lo está haciendo el presidente Santos, por el cumplimiento de los acuerdos. De no haber concedido dignidad, sería el Estado el que tendría que estar reclamando a las Farc por el descarado incumplimiento de sus mínimas obligaciones, comenzando por el desarme y la total desmovilización de sus miembros.

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El proceso de desmonte de Eta ha movilizado a los españoles en forma mayoritaria, si no unánime, para exigir que no queden sin investigar 349 homicidios que no han sido esclarecidos; que se declaren como crímenes de lesa humanidad aquellos que merezcan tal calificación, y que se ofrezca a las víctimas la protección y reparación a que tienen derecho. Fue, justamente, el unirse contra el terrorismo, el arma resistente y sin violencia que dio la victoria a los españoles. Qué diferente lo que allí ha pasado de lo que hizo el gobierno Santos que tras tirar por la borda los esfuerzos de la sociedad colombiana contra el terrorismo fariano, lideró la polarización de la sociedad al descalificar, como guerreristas, a los críticos de su manejo al proceso de paz, lo que hizo internamente y con los aliados internacionales -particularmente los europeos que en materia de rechazo al terrorismo hacen gala de doble moral, dependiendo del lugar donde se produzca.

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En España, Eta ha venido cumpliendo con cesar la violencia y dejar las armas; sin embargo, la sociedad ofendida no ceja su presión contra el grupo. En Colombia, las Farc, atravesaron la barrera de la violación del acuerdo final, que era fuente de garantías desproporcionadas, con la vinculación de alias jesús santrich y Marlon Marín, sobrino de alias iván márquez, en actividades de exportación de coca, un hecho no condenado por sus compañeros y fundamento para que el Gobierno y un candidato presidencial promuevan la no extradición, alegando el doctor De la Calle la necesidad de cumplir a las víctimas pero también reconociendo los riesgos para el acuerdo. De ñapa ¡oh orangután! En el proyecto de ley para las reglas de la JEP, el Gobierno ofrece a los reincidentes mantener los beneficios de la JEP mientras la justicia ordinaria los investiga, juzga y condena, a su ritmo.