El número de partidos existentes en un país depende, fundamentalmente, del régimen político y del sistema electoral. La elección popular de alcaldes y gobernadores, el debilitamiento del poder presidencial y el sistema electoral surgido de la Constitución de 1991, a pesar de los cambios menores a los que ha sido sometido, llevan a que en Colombia se configure un sistema político multipartidista, con seis o siete partidos relevantes. Mientras se mantengan esas condiciones, salvo un accidente histórico, no habrá nunca en el País un partido que pueda ostentar una mayoría absoluta en el Congreso que permita a un presidente gobernar con su apoyo exclusivo.

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El presidente Duque quiso hacer el experimento inédito de gobernar esperando el apoyo a una agenda legislativa de unos partidos a los que rehúsa dar participación en su ejecución. Este experimento ha fracasado y las dificultades que enfrenta el gobierno provienen más de ese fracaso que del accionar de una izquierda electoralmente minoritaria, pero que ha sabido imponer en la agenda política su discurso demagógico contra la corrupción.

En parte por haber comprado ese discurso y en parte para no desilusionar al Centro Democrático, partido al que debe su elección, el presidente, carente de una fuerza política propia, se embarcó en el experimento de formar gabinete con algunos políticos curtidos procedentes de ese partido y un grupo de tecnócratas bien preparados y mejor intencionados pero carentes de peso político.
Barco Vargas fue el último presidente que gobernó apoyado por un partido que tenía la mayoría absoluta en el Congreso. Desde entonces, todos los gobiernos han sido gobiernos de coalición y habrán de serlo en el futuro mientras prevalezca el multipartidismo.

Aunque a mucha no le gusta hablar de derecha-izquierda, incluidos, por ejemplo, el Presidente Duque y el dirigente Sergio Fajardo, quienes consideran obsoleta es distinción, creo que es útil para caracterizar las posiciones de las personas y los partidos frente a las instituciones económicas y políticas.

A la derecha están las personas y partidos que consideran la libertad como valor político supremo, la responsabilidad individual como norma fundamental de la vida en sociedad y la propiedad privada como fundamento de la actividad económica y base de todos los derechos. Las diferencias dentro de este grupo tienen que ver con el grado en que admiten la intervención del gobierno en la economía y la vida social. Ahí caben tanto los partidarios de un estado mínimo como los socialdemócratas que les gusta aquello de “tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”.

A la izquierda están aquellos para los que el estado es el alfa y omega de la vida económica y social. Para ellos las libertades son concesiones graciosas de un estado todo poderoso, que es propietario de casi todo, controla la vida económica y provee lo requerido para la satisfacción de las necesidades de las personas, que ese mismo estado ha definido cuales son. Este sistema es incompatible con la libertad y la democracia.

No creo que Cesar Gaviria, cuyo gobierno impulsó la última ola de reformas pro-mercado, se haya convertido en socialista. Ni que, Vargas Lleras, quien sufrió un atentado por su apoyo a la seguridad democrática se encuentre cómodo marchando a lado de las Farc. En fin, creo que el grueso de los líderes y militantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador e, incluso, los del Partido de la U, están más cerca de lo que he definido como derecha.

Esas agrupaciones, conjuntamente con el Centro Democrático, son la mayoría política del País y están en la obligación de unirse para enfrentar la arremetida de la izquierda radical que, minoritaria electoralmente, quiere capitalizar el descontento para imponer su programa mediante la agitación en las calles y la violencia.

El presidente Duque debe dar por terminado su experimento de gobernar sin mayoría en el Congreso. El asunto del acuerdo con las Farc, que es hoy casi el único factor de diferencia entre los partidos del establecimiento, debe dejarse ya para el veredicto de la historia y el Gobierno debe seguir ejecutándolo, como lo ha hecho hasta ahora, en especial en lo referente a las bases guerrilleras desmovilizadas, cuyo retorno a la insurgencia debe impedirse.

En lo inmediato, con una coalición de los partidos del establecimiento el gobierno podría evitar que naufrague en el Congreso de Ley de Financiamiento o que se llene de esos artículos populistas que disminuyen el recaudo y aumentan los egresos. También se daría trámite al paquete de “leyes anti-corrupción”, que, aunque son totalmente inocuas, su aprobación tiene al parecer un elevado valor simbólico para un sector importante de la población.

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No se trata, hay que insistir en ello, de un gobierno de “unidad nacional” o nada parecido. Es una coalición alrededor de la defensa de la libertad, la democracia y el mercado. Ahí no caben los partidos de izquierda que se están aprovechando del descontento popular, justificado o no, para impulsar su agenda socialista. Es una coalición para dar solución a ciertos factores objetivos del descontento y enfrentar la arremetida de la izquierda en contra de nuestras instituciones económicas y políticas. La arremetida actual y las que vendrán en el futuro.