Cuando después de dos años de aplazamientos el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), está listo para abrir la subasta del espectro electromagnético de 700 y 1.900 MHz, las mayores empresas operadoras del servicio de telefonía y datos móviles, reunidas en Asomóvil, le pidieron al titular de esa cartera que desista una vez más del proceso. El principal argumento es que al país no le conviene que se adelante una subasta a marchas forzadas, puesto que a la actual Administración solo le quedan 23 días, y que debe ser el entrante Gobierno el que se encargue del proceso y, de paso, corregir los errores que a juicio de los operadores tiene.

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La subasta del espectro en las bandas de 700 y 1.900 MHz es un asunto planteado desde 2015 por el MinTIC con el propósito de promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el país. El beneficio de la banda de 700 MHz para el usuario se evidenciaría en una mayor velocidad de conexión y gestión del tráfico de datos, el acceso a tecnología de cuarta generación y una mayor cobertura de esta misma tecnología en zonas periféricas de centros urbanos y en zonas rurales. Se trata de la más apetecida por los operadores, puesto que les permitiría ofrecer un servicio de mejor calidad sin necesidad de hacer grandes inversiones en infraestructura. De otro lado, la banda de 1.900 MHz permitiría mejorar la calidad de la cobertura de voz y datos en zonas altamente pobladas.

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El hecho de que a estas alturas el país no haya adelantado esta subasta, como ya lo hicieron, por ejemplo, Brasil, México, Argentina, Perú y Ecuador, hizo que Colombia pasara de ser uno de los países líderes en telecomunicaciones en Latinoamérica en 2013, a ser uno de los más atrasados. Al revisar las razones por las cuales el país no ha dado ese paso aparece el interés de las empresas operadoras para que el Gobierno moldee las condiciones de la subasta a sus exigencias y, de paso, evitar la llegada de nuevos jugadores, comportamiento que es característico entre los proveedores de servicios públicos.

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Tras ser aplazada la subasta en 2016 y en 2017 y haber sido programada para el primer semestre del presente año, en febrero pasado el ministerio amplió hasta el 28 de mayo el plazo para que los interesados hicieran comentarios al borrador de resolución que contiene las condiciones de  la operación. En esta ocasión fue la Procuraduría la que pidió ampliar el plazo considerando el debate electoral. Una vez cumplido el término, el 28 de mayo pasado, el MinTIC elaboró el proyecto de resolución y se lo envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a la que por norma debe pedirle un “concepto de abogacía de la competencia”, que no es vinculante. En el mismo, la SIC recogió diversas observaciones que, aunque Asomóvil y la misma Asociación de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – Andesco, consideran de fondo, a nuestro juicio son formalidades que se pueden corregir y no deben interrumpir el proceso de convocatoria a la subasta.

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A nuestro modo de ver hay un aspecto determinante y es el beneficio de los usuarios con la subasta, especialmente de quienes viven en zonas donde no hay acceso a internet móvil. Frente a este asunto, que debe ser prioritario para el Gobierno, el proyecto de resolución, a  juzgar por las observaciones de la SIC, no presenta motivos sustanciales que ameriten su suspensión, como podrían ser la afectación de los derechos de los usuarios o la restricción de la libre competencia, que son los aspectos fundamentales con base en los cuales se toman las decisiones en el sector de los servicios públicos.

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Por otra parte, las solicitudes que le hacen al Gobierno los operadores y por las cuales consideran que los actuales momentos no son propicios para llevar a cabo la subasta, como son el plazo de concesión, el regulador convergente y el fondo convergente, constituyen temas de una reforma estructural del sistema de las TIC que, sin duda, el entrante Gobierno debe volver a abordar, pues hay que recordar que el Congreso ya había iniciado un trámite sobre esta  materia que fue retirado luego de que el Senado introdujera una modificación que lesionaba gravemente la financiación de la televisión pública. Evidentemente, volver sobre este asunto puede tardar años que el sector TIC no puede esperar con las bandas de 700 y 1.900 MHz vacías.

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Así pues, si bien en un primer momento el argumento de que el actual Gobierno no tiene el tiempo suficiente para hacer las correcciones pedidas por la SIC y sacar a la luz la resolución que convoca a la subasta parece sensato, este empieza a desmoronarse cuando lo que sale a la luz es una táctica dilatoria en busca de las condiciones favorables a los mismos operadores de siempre. Creemos, pues, que el Gobierno debe seguir adelante y poner como prioridad, así le falten solamente 23 días de trabajo, la necesidad de las comunidades que tienen una deficiente cobertura de voz y nula cobertura de datos móviles. Los actuales operadores estarán en plena libertad de presentarse o no, mientras que otros jugadores del sector podrán venir a enriquecer la competencia que, en estos casos, siempre beneficia al usuario.