La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene entre sus puntos de partida aceptar comparecientes que, reconociendo su participación en la guerra, están dispuestos a aportar verdad para esclarecer los hechos, contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición. Esa contribución tiene como contrapartida para quien cumple con lo establecido recibir condenas no privativas de la libertad.

En esos términos, la JEP no es el escenario para demostrar la inocencia, por el contrario, es el espacio para reconocer culpabilidades, aceptarlas, explicar por qué, quién y cómo se cometieron hechos delictivos y solicitar perdón a las víctimas. Eso han hecho justamente alrededor de 4 generales, 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.

Esa tendencia, acorde con los propósitos de la JEP, fue rota por el general (r) de la República Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia. La ruptura aparece porque el general no acepta responsabilidad en los hechos imputados dentro del caso 3: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", también conocido como “falsos positivos".

Según la versión del general Montoya Uribe las ejecuciones extrajudiciales fueron el resultado del obrar autónomo de soldados rasos que, debido a su procedencia social, estratos 1 y 2, “eran personas muy pobres e ignorantes”, y por eso no lograban diferenciar entre “resultados y bajas”. En esta respuesta, como en otras entregadas a las víctimas, no asoma responsabilidad alguna por parte del general, en otras palabras, tácitamente insiste en su inocencia.

Por supuesto que el general Montoya Uribe tiene el derecho a la defensa, solo que si su punto de partida es considerarse totalmente inocente entonces no debió presentarse a la JEP, ese es el lugar equivocado para él. Si el general de la República quiere defender su inocencia y buen nombre entonces debió ir a la justicia ordinaria y/o a la internacional. En un escenario como esos, el general Montoya Uribe puede denunciar a oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que ante la JEP lo sindican de ser el responsable de ordenar prácticas conducentes a las ejecuciones extrajudiciales.

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Señalamientos que incluso superan esta instancia. Recientemente, el oficial activo teniente coronel, Álvaro Amórtegui Gallego, en un vídeo refiriéndose al general Montoya afirma: “matar locos y bobos de los pueblos no es ser héroe”. Esto en clara alusión a la responsabilidad del general Montoya en el proceso 03 “falsos positivos”. Testimonios como estos, que no los hace un soldado raso, son los que comprometen al general Montoya en los hechos que han conducido a la muerte de más de cinco mil personas inocentes.

Como el general Montoya persiste en una estrategia de defensa sin aceptar culpabilidad alguna en los “falsos positivos”, los representantes judiciales de las víctimas solicitaron a la JEP activar el procedimiento adversarial y remitir al?compareciente?a la Unidad de Investigación y Acusación de la?JEP?o iniciar un proceso de exclusión de la jurisdicción porque, según las víctimas, él no aporta verdad y está desgastando la JEP.

De ser aprobada cualquiera de las dos solicitudes por los magistrados de la Sala de Reconocimiento, en ambos escenarios, el general Montoya estaría enfrentando la posibilidad de ir a la cárcel por no aportar verdad para esclarecer hechos. En el primer escenario porque la Unidad de Investigación y Acusación es el órgano de la?JEP?encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. En el segundo escenario, porque de ser expulsado de la JEP sería un caso de pleno interés para la Corte Penal Internacional.