Creemos que Francia ha dado un paso en la dirección correcta, pues la medida no busca coartar ni la libre expresión ni el libre acceso a la información de los estudiantes sino ejercer un control con fines de protección y prevención, aspectos fundamentales de cualquier proceso educativo.
En su condición de paradigma de la libertad, las acciones del Gobierno francés suelen impactar el ámbito global y no pocas veces se convierten en ejemplo a seguir por otros estados. La reciente aprobación por parte del Parlamento galo de una ley que prohíbe que los alumnos utilicen en los colegios sus equipos móviles, vale decir celulares, tabletas o relojes con conexión a la red, tiene a muchas sociedades, incluida la colombiana, discutiendo la pertinencia y la utilidad de esa medida de control. Que buena parte de la aldea global haya puesto su atención en esa movida legal, la primera de su tipo en el mundo, radica en que el fenómeno de los menores de edad como usuarios de la red es generalizado y que sus consecuencias son idénticas en cualquier punto del globo a donde se mire.
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La idea fue una promesa de campaña de Emmanuel Macron, de quien hay que recordar que está casado con una maestra de secundaria. Los diputados aliados del mandatario no pusieron objeción alguna para aprobar la iniciativa, que empezará a regir el próximo septiembre y que cobijará tanto a las instituciones de primaria como a las de secundaria, mientras que las instituciones de educación superior quedan en libertad de introducir en sus reglamentos internos medidas similares. Como es apenas natural, dentro de la ley quedaron incluidas algunas excepciones que permiten el uso pedagógico de las herramientas digitales o su utilización por parte de estudiantes con algún tipo de discapacidad. A los críticos que consideraban que la medida era innecesaria puesto que una ley de 2010 ya contemplaba la prohibición del uso de celulares durante actividades de enseñanza o en sitios donde una norma interna lo contemplara, el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, les respondió que tal norma no se cumplía. Pero también están quienes opinan que esta medida atenta contra la libre expresión y el libre acceso a la información.
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El panorama colombiano no debe ser muy diferente al francés. Es común escuchar a maestros de colegios y universidades lamentarse de la adicción que padecen la niñez y la juventud frente a las pantallas. Un reciente estudio realizado por la Universidad Eafit y auspiciado por TigoUne, muestra que el 84% de los menores de edad en el país tiene perfil en por lo menos una red social; que el 75% accede a la red desde un celular; que el 46% utiliza internet todos los días de la semana y que –y esto es lo más preocupante- el 66% de los padres de familia no saben a cuáles sitios web acceden sus hijos. De allí que, entre otros datos, el 12% de los niños, niñas y adolescentes encuestados haya reconocido que fue víctima de ciberbullying, el 43% ha visualizado contenido sexual; el 36% ha visto contenidos relacionados con el suicidio y un 30% ha tenido contacto con personas desconocidas a través de sus redes.
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No nos queda ninguna duda de que el problema no es el internet por sí mismo sino el uso que se le da. La misma encuesta le da la razón a quienes defienden las bondades de la red global, pues un 71% de los encuestados dijo realizar actividades artísticas; un 61% busca soluciones a problemas cotidianos; un 88% dice usarlo para aprender y un 36% utiliza la red para crear contenidos audiovisuales, entre otros datos. Pero un uso inadecuado, e incluso en momentos inapropiados, como mientras se conduce o se realizan ciertos trabajos, puede derivar en situaciones problemáticas que, para el caso de los menores de edad, exigen la intervención de los padres de familia o de los educadores.
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Creemos que Francia ha dado un paso en la dirección correcta, pues la medida no busca coartar ni la libre expresión ni el libre acceso a la información de los estudiantes sino ejercer un control con fines de protección y prevención, aspectos fundamentales de cualquier proceso educativo. No puede hablarse de censura cuando los sujetos del control son menores de edad en proceso de formación y si no es posible controlar el contenido al que acceden los niños, niñas y adolescentes a través de la red, entonces se debe trabajar en el lado de la ecuación donde sí se puede ejercer un control, que es precisamente del lado de quien busca, navega e interactúa en línea. Si bien algunos gobiernos se han dado a la tarea de castigar la publicación de, por ejemplo, noticias falsas por parte de los ciudadanos, los mismos gestores de redes sociales como Facebook, o de motores de búsqueda como Google, están trabajando para ajustar sus algoritmos y lograr que estos puedan detectar cada vez de manera más eficiente los contenidos indeseables como la pornografía o la violencia, los que incitan al odio, al racismo o al suicidio y los que difunden mentiras.
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Estás acciones muestran la preocupación generalizada por los efectos nocivos de ciertos contenidos, pero mientras se logra que la marea de datos que circula por la web pueda ofrecer seguridad a los menores de edad, las herramientas de control parental o decisiones como la adoptada en Francia, no sobran. Por el contrario, van generando en los alumnos una conciencia crítica frente a las herramientas tecnológicas, un camino que puede redundar en un mejor aprovechamiento de las mismas cuando los hoy estudiantes se hagan mayores; en la reducción de los indicadores de delitos informáticos como el sexting, el grooming o el ciberacoso, mediante los cuales los adultos explotan a los menores de edad, o de prácticas como el matoneo entre los mismos estudiantes, que ya dio lugar a una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual los colegios pueden expulsar a los estudiantes que afecten la dignidad de sus compañeros a través de las redes sociales.