Porque la intervención de funcionarios públicos y contratistas es una abierta e indeseable violación a la ley, que genera desequilibro e inequidades en los procesos electorales, nos declaramos expectantes por las actuaciones de las autoridades
Si alguien dudara de los alcances y la gravedad de la corrupción política, la escandalosa fuga esta semana de la exsenadora Aída Merlano, condenada por compra de votos, debería invitarlo a reaccionar, no sólo a posteriori para indignarse con un delito tan grave sino para identificar, rechazar y denunciar a priori actuaciones que abusan o violan las leyes electorales, mucho más cuando ellas empiezan a sucederse a la vista de todos, en el marco de las inminentes elecciones del 27 de octubre. Los temores por ilegalidades e inmoralidades se vienen haciendo realidad según lo muestra el alarmante, y sin duda incompleto, mapa de riesgos de fraude elaborado por la Misión de Observación Electoral.
Uno caso inquietante, y más por el silencio que lo circunda, viene ocurriendo en Medellín, dada la participación del exsecretario de Gobierno, coordinador del gabinete municipal y autoproclamado mejor amigo del alcalde, en la campaña por la Alcaldía de la ciudad. La coincidencia es tan fuerte que el candidato Santiago Gómez no sólo ha fundamentado su campaña en la continuidad del gobierno actual, lo que consideramos válido, sino que ha construido su imagen de campaña tomando elementos gráficos de la abundante publicidad del actual gobierno, adjunta su publicidad a la que ahora emite profusamente la actual Alcaldía en diferentes formatos y se ufana de repetir sin pena el slogan #EldeFico. Todas esas manifestaciones y coincidencias se suceden desde el inicio de la campaña de recolección de firmas sin que el alcalde Federico Gutiérrez haya intentado desestimarlas, silencio que ha excusado en que cualquier rechazo al uso de su imagen “sería participación en política”.
Pero las coincidencias propagandísticas del gobierno en ejercicio y su exfuncionario no sólo ocurren en pasacalles, que tienen inundada la ciudad, y vallas, tantas como permite la ley, ni en el resto de publicidad radial, digital y en T.V. ya aludida. La llave se extiende además, al hecho de que la agencia de publicidad contratada durante el cuatrienio que ya ve su fin, es la misma que tiene el candidato Gómez “ad honorem”. Como si fuera poco, viene creciendo el movimiento de la puerta giratoria que comunica al gobierno y la campaña. Hoy, los cuadros directivos del candidato Gómez están constituidos por cinco exsecretarios de despacho, más el propio Gómez; dos subsecretarios y no pocos funcionarios de menor rango. Aunque la actual administración tiene pendientes importantes obras y procesos, en ninguno de los cargos han sido nombrados secretarios o subsecretarios en propiedad. ¿Será que piensan retomar sus puestos el 28 de octubre? Ello además de que, en algunos despachos, hoy acéfalos, como las secretarías de Infraestructura y Desarrollo Económico, recientemente se hicieron grandes contrataciones de obras públicas o de personal, en calidad de contratistas.
Capítulo aparte merece la situación de los contratistas por prestación de servicios, nómina paralela que este gobierno aumentó luego de que se hubieran hecho esfuerzos reconocidos por el Ministerio de Trabajo por limitarla. Las denuncias, con pruebas, de algunos contratistas por haber sido obligados a participar en la campaña de Santiago Gómez sacudieron a la Procuraduría General de la Nación, que al promediar la semana que hoy termina anunció la apertura de investigación al alcalde y otros miembros de su gobierno, por participar en política. Aunque es una decisión menos drástica que la suspensión por tres meses al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, al menos es un paso que rompe el tolerante ¿o cómplice? silencio que el Consejo Nacional Electoral y la en otros casos severa Misión de Observación Electoral, han expresado frente a una cascada de irregularidades de esa campaña, que empezaron con su inmenso despliegue de vallas y pasacalles en la etapa de recolección de firmas, período en el que la ley tiene prohibida la realización de publicidad pública.
En la actual campaña electoral, el alcalde Gutiérrez y su sucesor quebraron la tradición de honesto respeto de los gobiernos municipales por la transparencia del proceso electoral y la voluntad de los ciudadanos, que había caracterizado a la ciudad y que en elecciones anteriores fue tan celosamente vigilada frente a conductas inocuas si se recuerda el infame proceso abierto por el Procurador Ordoñez contra el exalcalde Alonso Salazar, quien finalmente pudo comprobar su transparente actuar en la campaña a sucederlo en la Administración. Porque la intervención de funcionarios públicos y contratistas es una abierta e indeseable violación a la ley, que genera desequilibro e inequidades en los procesos electorales, nos declaramos expectantes por las actuaciones de las autoridades responsables de vigilar las elecciones, a fin de que ellas actúen con celeridad y contundencia y así garanticen la tranquilidad y la limpieza de las elecciones en Medellín. No esperamos explicaciones del Sr. Alcalde, pues a pesar de declarar su tranquilidad ante las investigaciones abiertas (¿Así de seguro está de la lentitud de nuestra Justicia?), despachó las preguntas de los medios de comunicación con una fugaz y mal llamada “rueda de prensa” en la que con una frase se limitó a negar su participación en política y no admitió preguntas.