Fomentar el acceso a la justicia, implementar herramientas que faciliten la conversación- comprensión entre los ciudadanos y las instituciones legítimamente constituidas para garantizar la prestación de todo tipo de servicios públicos y, concretamente el de justicia, ha sido una de las mayores preocupaciones del Estado y la sociedad desde tiempos inmemoriales. La preocupación se ha centrado en cómo administrar pronta y adecuada justicia, como una de las maneras más propicias de mantener la paz, la armonía y el bienestar general, fundamento básico de un verdadero Estado de derecho y de una sociedad civilizada.

Pero a pesar de dichos propósitos y de los muy seguros esfuerzos que en esa materia se han realizado, en nuestro país las cosas están muy lejos de ser como debieran, pues múltiples problemas como la congestión- multiplicidad de casos sin resolver, la negligencia e inercia de los funcionarios y desde luego la infaltable corrupción, hacen que este importante anhelo ciudadano sea hasta ahora simplemente eso, una gran e insatisfecha aspiración social.

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La Justicia -filosófica y políticamente- se ha entendido como el “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”, permitiendo o posibilitando que a cada persona se le respete, proteja y garantice lo que merece de conformidad con los principios y valores que rigen en el sistema social al que pertenece –en condiciones de igualdad y sin atención a ninguna otra consideración. Otros consideran que “es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad”, entre otros.

Por eso desde la antigüedad, los grandes cultores y benefactores del valor Justicia, la simbolizaron y representaron como una hermosa y virtuosa mujer vendada, como muestra de su grandeza y pulcritud, para que nada extraño a la “verdad, la belleza y el bien”, como decían los filósofos griegos, pudieran afectarla ni intervenir en su veredicto.

En la vida real colombiana muy lejos estamos que tan profunda y noble principialística –reflexión- sea una realidad. La justica, que es tal vez una de las más grandes y supremas conquistas de la humanidad- sociedad, para garantizar la Paz y la sana Convivencia entre todos los seres humanos, no se respeta y poco importa a la hora de hablarse de derechos en los múltiples y constantes litigios, debates y problemas que se originan, dirimen o resuelven en la cotidianidad de nuestro país.

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Los excesos en los formalismos- trámites, las influencias indebidas, las concepciones parcializadas y afectadas por el poder del dinero, los amiguismos, la corrupción y la politiquería; inclusive, hasta lo que es el colmo, por la desidia- pereza y mal intención de muchos de los funcionarios que tienen el sagrado deber de administrarla, son caldo de cultivo que infortunadamente corrompe y permea la Administración de Justicia en nuestro país. Ello ocasiona que -contrario a su cercanía y familiaridad con el ciudadano, especialmente con los más vulnerables- la justicia se vuelva esquiva, ajena y ausente, generando mayor conflictividad social, grandes desafueros e iniquidades- y, lo más delicado y grave, ante la falta de su aplicación adecuada, oportuna e imparcial se están generando inmensos e irreparables problemas, tales como: falta de credibilidad, perdida de legitimidad de las instituciones para el ejercicio de sus objetivos misionales, la “justicia por mano propia”, el “Paraestado” (organizaciones criminales que quieren suplir al Estado ante todas estas falencias e ineptitudes), entre otros complejos problemas, frente a los cuales el Estado y la Sociedad ya han perdido capacidad de control, para establecer los correctivos y las mejoras que se hacen imperativas ante la agresividad y real desafío de los aludidos flagelos que han permeado y debilitado nuestro ya maltrecho sistema democrático- Estado social de derecho, hasta el grado de tenerlo hoy en la lamentable crisis de valores -ética y moral- en la que lamentablemente estamos