A las 9 de la noche del viernes 27 de julio fue publicada en la página web del Ministerio del Interior la nota que anuncia la disponibilidad para comentarios del que la entidad presidida por Guillermo Rivera denomina “proyecto de guía metodológica para protocolo de protesta pacífica”, un documento de 24 páginas que dispone reglas y organismos para garantizar la protesta pacífica como derecho. La existencia del referido reglamento, y las reformas que impone a la normatividad existente, había sido anunciado por el Consejo Gremial Nacional en declaraciones publicadas el martes 24 de julio.

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El proyecto que el ministro Rivera sigue describiendo como “compilación de normas” instituye conceptos sobre la libertad de protesta y la protección especial a los derechos de las minorías, además de crear organismos que limitan la autoridad de alcaldes y Policía, todo ello en procura de garantizar, y más pareciera que de promover, la protesta callejera como escenario de la controversia y la oposición. Al adoptar esta perspectiva decimonónica el gobierno del doctor Santos olvida que manifestaciones, plantones y marchas, deben ser la instancia última a la que apela el demócrata cuando se han cercenado las oportunidades de la palabra y el diálogo, circunstancia que de ningún modo es la que hoy se presenta en una democracia en la que el gobierno por venir ya ha anunciado respeto por la diferencia y disposición al diálogo.

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La publicación de este extenso pliego de garantías -el documento consta de 24 páginas- coincide con las recurrentes notificaciones de Gustavo Petro de que la suya al presidente Iván Duque será una oposición cerrera, ejercida en las calles y sin dar oportunidad al diálogo, buscando así afectar la gobernabilidad del mandatario y, por ende, la estabilidad del país. 

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El Protocolo propuesto por el Ministerio del Interior parece atender los llamados de la Corte Constitucional en la sentencia C223-17 en que declaró la inexequibilidad de algunos artículos del Código de Policía porque restringían derechos fundamentales a la libre expresión y la movilización. Más allá de la apariencia, que el documento proclama, falla el Ministerio al desatender la demanda del alto tribunal porque se tramite en el Congreso una ley estatutaria que garantice esos derechos. La norma, por razones obvias, también tendría que atender los derechos de los ciudadanos que no se suman a la protesta y el de las mayorías a ser gobernadas por el mandatario que eligieron. Ignorarlos, como hace el “protocolo” es generar ofensivos desequilibrios en la democracia. En tanto las decisiones sobre protesta social generan conflictos de derechos y pueden afectar las condiciones de la democracia es apenas justo que, como no le gusta al gobierno Santos, se discutan en el Congreso, de frente a la opinión y tomando en consideración los derechos y necesidades de todos, no sólo de los afines políticos o de las guerrillas que han reclamado apertura en el derecho a protestar. Pretender transformar las formas de la democracia por la vía de un decreto es una alcaldada. En la que comentamos, además, abundan los micos.

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Contrario a lo que alega el ministro Rivera, el “protocolo” puesto a discusión de la ciudadanía contiene reformas substanciales a las normas y tradiciones hoy vigentes en esa materia, las cuales, por cierto, no han sido cortapisa para que los ciudadanos se manifiesten sobre todos los temas en los que consideran necesario hacerse sentir. La más drástica, e inquietante, de las medidas es la que crea una mesa de seguimiento a las protestas, con presencia de los organizadores de la protesta; un puesto de mando unificado, este sí responsabilidad de las autoridades, y comisiones de verificación que se constituyen en forma autónoma. Al rodearlos de burocracia y actores que acuden a controlarlo, se limitan las facultades constitucionales del alcalde para el control del orden público y la seguridad en sus jurisdicciones. 

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Establece también el proyecto la posibilidad de existencia de protestas sociales espontáneas. Por tal vía se anularía toda la normativa nacional y las municipales hoy existentes, que fijan protocolos para la convocatoria y realización de las protestas. Estos, contrario al pensar de Gustavo Petro y sus semejantes, permiten que se ofrezcan garantías de seguridad a quienes protestan, pero también que se garanticen derechos fundamentales a quienes no participan de tales movimientos.

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En contraste con la oferta de garantías y posibilidades a quienes ejercen la protesta, y que el proyecto de “protocolo” reconoce que son las minorías, el documento no propone acciones para garantizar a quienes se abstienen de protestar, sus derechos fundamentales a la vida, la movilidad, la seguridad, la salud y el trabajo, que resultan seriamente afectados en movilizaciones y protestas. Sólo ese vacío da la razón al reclamo del Consejo Gremial Nacional porque este proyecto de reforma, que adopta medidas propias de las leyes estatutarias, sea aplazado para que el gobierno del doctor Duque adopte decisiones acordes a la democracia y los derechos de las mayorías.