El Estatuto de Ciudadanía Juvenil reglamentó las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud y fijó un plazo de dos años para su realización. Los CMJ se eligen para que los jóvenes entre 14 y 28 años cuenten con voceros ante los gobiernos municipales, departamentales y nacional. Lo anterior con el objeto de que su voz sea escuchada a la hora de formular políticas públicas dirigidas a la juventud e influir en la construcción de los planes de desarrollo, exponer también, propuestas que garanticen los derechos de acceso a la educación, salud, empleo y libre desarrollo de la personalidad.

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Las elecciones, que estaban inicialmente programadas para marzo de 2021, fueron suspendidas por decisión del registrador Nacional, con el respaldo del presidente de la República y de los entes de control. La decisión tuvo como principal motivación la polémica en medios de comunicación por los altos costos -aproximadamente $120.000 millones- que implicarían su realización. Es entendible que en la crisis que vivimos debe haber austeridad; sin embargo, en aras de garantizar la justa representación de la juventud y sin que demande desembolsos elevados, se abre paso una propuesta que ha surgido desde los mismos jóvenes del país.

Esta consiste en que el proceso de inscripción y votación se realice de forma virtual, con un sistema robusto y seguro que verifique la identidad de los electores y evitar fraudes. Para garantizar la participación de los jóvenes sin acceso a internet, las sedes de la Registraduría en todo el país tendrían que disponer de computadores y personal capacitado para orientar a quienes lo requieran en el ejercicio de su derecho. La propuesta es viable, si tenemos en cuenta que Bogotá ya ha realizado procesos electorales virtuales de forma exitosa. Es así como en el 2018 se eligieron los consejos locales de cultura y deporte, con votación en forma virtual o presencial. Esto significó un crecimiento del 200% de la participación, donde más de 40 mil votos fueron virtuales y sólo 4 mil presenciales, y cuyos costos fueron inferiores a $500 millones de pesos. Unas elecciones con el sistema anterior podrían realizarse a nivel nacional con una mínima fracción del presupuesto original anunciado.

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Le solicito al registrador Nacional considerar la opción comentada. En estos tiempos de pandemia hasta el organismo electoral debe adaptarse, en el espíritu de siempre facilitar el voto al elector. Es una gran oportunidad para poner a prueba las nuevas tecnologías, modernizarse, incrementar la participación, desarrollar procesos pedagógicos orientados a la participación democrática de los jóvenes y entrar en sintonía con el clamor ciudadano. Cercenar la representación de los jóvenes ante el gobierno no debe ser la salida.