Mientras el país estaba atento a la gestión del gobierno en las cámaras legislativas en relación con las objeciones a la JEP y a la aprobación de su Plan de Desarrollo, en el mismo escenario se abría paso un proyecto de acto legislativo que pretende delegar precisamente en los congresistas la asignación del 20% del Presupuesto General de la Nación. Es decir, lo que se busca es reformar el artículo 351 de la Constitución Política que fue concebido con la idea de acabar los auxilios parlamentarios que se habían constituido en una práctica clientelista.

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Y así, sin publicidad alguna, sin debate, sin que nos diéramos cuenta, la iniciativa que les devolverá a los parlamentarios la potestad de introducir partidas “regionales” en el presupuesto, logró llegar a la sexta aprobación de las ocho que necesita para modificar la Constitución. Y ahora sí, el gobierno a través Juan Alberto Londoño, el viceministro de Hacienda hizo saber que no le gustaba la norma. Pero el disgusto no ha alcanzado para pedirle a su bancada que no apoye el acto legislativo desde la primera vuelta, ni para poner el tema en la agenda pública, ni para encargarle al propio ministro la defensa de una posición oficial.

La iniciativa tiene defensores, como es obvio. Entre ellos Germán Navas Talero su ponente quien argumenta que se busca una mayor participación de las regiones en la designación presupuestal, así como el exministro y exsenador Juan Lozano quien dijo que es mejor hacer esos acuerdos a luz de la norma y no como según él ocurre: en reuniones secretas por la noche en el Ministerio de Hacienda. Él tendrá por qué saberlo, pero aceptarlo es una vez más recurrir a la práctica de buscar la fiebre en las sábanas, pues en lugar de legalizar la mermelada (como han dicho varios), lo que se debe hacer es sancionar las malas costumbres.

Además de revivir los auxilios parlamentarios, el nuevo acto legislativo se constituye en una invitación a los congresistas a perpetuarse en sus curules. Nadie con aspiraciones políticas renunciaría a la posibilidad de incidir de tal manera en la asignación de recursos para sus electores, más que para las comunidades de las que provienen. Y en esto hay que ser claros, pocos, muy pocos congresistas anteponen los intereses de la región que los eligió a los acuerdos de partido, los beneficios burocráticos o los cálculos de milimetría política. Sin contar que muchos de ellos ni siquiera conocen las realidades de la región que representan, porque les basta con conseguir votos en los principales centros urbanos o hacer las alianzas precisas para sumar en los sufragios.

Y hablando de alianzas cómo no recordar a aquellos que suelen ir al baño en los momentos claves y en el camino se encuentran una notaría, un contrato, un nombramiento burocrático. Casi seguro terminarán transando aprobaciones a partidas de otros a cambio de la aprobación de las propias, así no sean las que más convengan a las comunidades. ¿Y quién velará entonces por los proyectos suprarregionales o nacionales de interés, algunos más estratégicos que populares, cuando se vean enfrentados a iniciativas menores que beneficien a grupos específicos de presión?

Pero como si fuera poco para oponerse a la destinación en manos de los políticos de un poco más de $51,78 billones, vale la pena preguntarse en qué queda la separación de poderes que le impone al Congreso el control político de la ejecución en la rama ejecutiva. Cambiar control por mesada adicional para los parlamentarios contradice además las recomendaciones de la banca multilateral de centralizar el gasto y velar por el ahorro en las finanzas públicas; así como los preceptos internacionales de transparencia administrativa que imponen la prevalencia técnica en la distribución presupuestal.

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Faltan dos debates que deben cumplirse antes del 16 de junio cuando termina el período ordinario de sesiones. Es poco probable que el Gobierno, a punta de misivas y tímidas declaraciones, logré frenar la iniciativa. Entonces les corresponde a las organizaciones sociales, a la comunidad ilustrada, a la clase empresarial, a la academia, tratar de impedir que el zombi de los auxilios parlamentarios reviva 28 años después. Además, porque nada nos garantiza que el 20% no se aumente luego. En todo caso quedamos notificados de cuál es la intención que los anima y cuál es el Congreso que elegimos.  

Comentarios:

Arturo
2019-05-17 10:34:11

Es un zombi vestido de Frankestein. Sólo se es Congresista si tiene dinero, no ideas. Y sólo se perpetúa en el Congreso si tiene burocracia y contratos. Y estos apetitos compiten con los apetitos del Gobernador y Alcalde en ejercicio, que son los que APORTAN, como sucedió en esta oportunidad, INICIATIVAS al Plan Nacional de Desarrollo, quienes a su vez, en un simulacro de PLANEACIÓN PARTICIPATIVA estructuraron sus respectivos Planes de Desarrollo, Departamental y Municipal, y que en el camino, tratando de calmar os apetitos de los líderes locales y sus ansias de poder, descargan en Planeación Nacional, un supuesto interés regional, que es sólo una máscara de los afánes burocráticos y politiqueros del Gobernador y Alcalde de turno, y obvio, cuando llega al Congreso, receptor por naturaleza de otros intereses, bien el choque y la colgadera de micos y orangutanes, desvirtuando el verdadero papel de la Planeación. Luego de transarse ellos mismos, los Congresistas aprueban un Plan Nacional, que luego, según la mermelada que le de en su camino el Presidente de la República, le pelan los dientes, queriendo cambiar lo aprobado por ellos mismos y terminando de desvirtuar también el Programa de Gobierno que eligió el Soberano Pueblo en las urnas. Es un zarpazo además a la democracia, por los que no tienen llenadero, por los que han demostrado hasta la saciedad, que sólo les interesa sus afanes personales, así atenten con lo más preciado de la institucionalidad.

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