Cuando asumo la tarea de escuchar cuidadosamente a expertos que hablan de temas de derecho y veo como no obstante el rigor de sus juicios, sobre los mismos problemas llegan a respuestas diferentes y en muchos casos con efectos contradictorios, me veo obligado a reflexionar sobre el verdadero alcance y sentido del derecho y su utilidad para la convivencia social. La aplicación de una misma norma de manera desigual puede conducir a la inequidad, la discriminación y la injusticia.

Una de las tragedias que vivimos quienes optamos por dedicarnos al estudio de las ciencias jurídicas, es el hecho de la imposibilidad de probar nuestras aseveraciones en un laboratorio, tal como se hace en las ciencias naturales, o de al menos, demostrarlas con razonamientos precisos a la manera que se hace en las denominadas ciencias exactas, pues, en derecho más que probar y demostrar lo que podemos hace es presentar argumentaciones, casi siempre afectadas con un alto contenido de valoraciones subjetivas y emotividades.

En mi actividad académica he venido insistiendo en la necesidad de construir un nuevo escenario para los abogados, en el que podamos actuar con un mayor grado de certeza y unidad y donde tengamos un punto de encuentro en la interpretación jurídica, tarea que en un estado social de derecho debe lograrse alrededor de la Constitución, más concretamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de allí la importancia de su consolidación, publicidad y enseñanza.

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En el mundo del derecho, que es el de la interpretación, el razonamiento y la argumentación rigurosa, es preciso distinguir el ambiente académico, que es propicio para intentar innovaciones y transformaciones sustanciales, del mundo de la judicatura y de la administración, que tiene incidencia directa en la convivencia social, en el que debe esperarse un mínimo de “igualdad” y “seguridad”, que garanticen la efectividad del derecho y la certeza en el trafico jurídico en el que se desenvuelven las relaciones entre los ciudadanos.

El gran paso que hemos experimentado los colombianos, es el que se deriva de una nueva lectura del artículo 230 de la Constitución, que ha permitido que los fallos de la Corte Constitucional sean tenidas como precedente vinculante, esto es, como fuente formal principal de derecho, que es obligatoria para todos los organismos administrativos y judiciales.

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La masificación del uso de mecanismos jurídicos como la tutela contra sentencias, la nulidad de sentencias de tutela, la extensión de jurisprudencia, el incidente de desacato y el de cumplimiento de sentencias abren el camino de la unificación de la interpretación en derecho y de la seguridad jurídica, lo que representa avanzar de manera sustancial en la construcción de un nuevo derecho, que brinda mayores seguridades a los ciudadanos y en esa medida puede aportar al desarrollo social.

Para quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho, el hecho de que la doctrina constitucional o en otros términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se convierta en fuente formal principal de derecho, posibilita una verdadera transformación en nuestro método de estudio, pues ahora tenemos un referente al que podemos dar el alcance de verdad jurídica y enseñar con la convicción de que lo que enseñamos se aplicará en la práctica y que nuestros alumnos disponen de herramientas que les permiten hacer efectivo el derecho que les estamos enseñando.

En la vía de construir este nuevo enfoque del derecho, he asumido en casi todos mis cursos universitarios y en la orientación de trabajos de investigación, que los fallos de la Corte Constitucional son el referente obligado y que la argumentación jurídica debe tomarlos como un punto de partida inevitable.

La tarea del estudio del derecho es más gratificante cuando la supremacía de la doctrina constitucional no solo garantiza unidad y seguridad jurídica, sino que, además, está orientada a la protección de la paz, la equidad, el trabajo y la prosperidad de todos.