Las cárceles en Colombia cerraron el 2017 con un 45,67% de sobreocupación, esto representa a unos 115.383 privados de la libertad, según datos entregados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). 

En las cárceles de Antioquia, de acuerdo con las últimas cifras, se contabilizaban 14.598 reclusos y un hacinamiento del 70%.

Ante esta situación se ha desencadenado una confrontación entre la Fiscalía y el Inpec por el manejo de la población carcelaria. El primero sostiene que el desborde se trasladó a las estaciones de paso porque el Instituto no quiere recibir más penados. El segundo responde que las últimas leyes sancionadas, para combatir la acumulación excesiva, impiden la recepción de más condenados y sindicados en los reclusorios del país.

El director de Fiscalías Medellín, Raúl González, denunció que en abril la sobrepoblación de internos en 15 estaciones de la capital antioqueña llegó a niveles alarmantes. En Candelaria, por ejemplo, diseñada para albergar 40 personas, actualmente hay 238.

La estación de Laureles, que puede recibir 15 reclusos ya concentra 89 y Buenos Aires, con cupo para ocho internos, hoy día acoge a 41, reveló González.

Punta del iceberg

El director de Fiscalías atribuye la mala hora a que “básicamente el Inpec no recibe a los detenidos”. Explicó que las URI y el búnker cuentan con salas de paso, diseñadas como sitio provisional de estancia mientras se define la situación del sindicado, dicho trámite no puede demorar más de 36 horas.

Posteriormente, al conocerse el fallo de un juez, agregó,estas personas son enviadas a sus casas o son cobijados con medida de aseguramiento, pero “los que tenían orden carcelaria se quedaron en las salas de paso por la negativa del Inpec”.

Descartó la inoperatividad del aparato judicial como causante de la problemática de hacinamiento, a su juicio, las audiencias y las capturas se siguen realizando, aunque se han debido jerarquizar los arrestos.

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Afirmó que se disminuyó la intensidad de capturas previstas dentro de una jornada de aprehención en contra de agresores sexuales por la inexistencia de espacios físicos para privarlos de la libertad.

“Imagine, un policía o un investigador del CTI captura a alguien y tiene que ir de estación en estación a ver quien le recibe el detenido”, ejemplificó el director, y añadió que el Inpec tiene la obligación institucional de recibirlos, no obstante, el conflicto llega impulsado por los sindicatos que hacen impedimentos con tinte de “ilegalidad”.
González mencionó que no alcanza a comprender la postura de los custodios carcelarios, puesto que afirman estar hacinados, “pero si hay algún tipo de bonificación, entonces ahí si nos reciben los reclusos”.

Defensa del Inpec

Para el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Antioquia, dragoneante Luis Pinzón, estas declaraciones de la Fiscalía “son totalmente irresponsables” y señaló que “desconocen la legislación sobre personas privadas de la libertad”.

El guardia explicó que existen fallos constitucionales que limitan el ingreso a los centros penitenciarios porque implementan la fórmula del equilibrio decreciente, es decir, por cada dos internos que salen al recuperar su libertad, solo puede ingresar un condenado.

“Esta situación no es un capricho de los trabajadores, es una normativa que ha venido degenerando el sistema carcelario. Se ha evidenciado la problemática que hoy se le sale de las manos al Estado”, replicó pinzón.

Sobre las bonificaciones que supuestamente exige el Inpec para recibir reos, el dragoneante dilucidó que cada Administración debe hacerse cargo de sus penados, el asunto es que no todos los territorios cuentan con cárceles, por ello, firman convenios interinstitucionales para trasladarlos.

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Recibir condenados de otros municipios, aseguró, genera una sobrecarga para los guardias; motivo por el que los sobresueldos están legalmente estipulados, Pinzón agregó que el director del Inpec, brigadier general Jorge Luis Ramírez, suscribe anualmente un promedio de 250 de estos convenios.

“Hemos tenido un problema humanitario y se debe a que, desde el año 2000 hasta el 2012, hubo cuatro grandes aumentos de pena en los delitos de mayor impacto. Era lógico que se incrementara el número de personas que iban a estar privados de la libertad”, citó el personero de Medellín, Guillermo Durán.

Insistió en que la legislación por parte del Gobierno para remediar la situación ha sido insuficiente y  rechazó el hecho de que en las estaciones de paso hayan sindicados con permanencias por más de catorce meses, “en una situación de encierro, de plagas y de temperaturas mayores a los 40º”.

El personero consideró que en Colombia “tenemos un problema en la política criminal y así mismo en el soporte de la población carcelaria”.

Origen de la problemática

Para el coordinador del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Medellín, José Fernando Botero, el hacinamiento es una problemática que data desde la década de los 70. Apuntó que esta es una sociedad con múltiples conflictos y se ha buscado como única salida el derecho penal, algo con lo que él no está de acuerdo.

Esta postura, dijo el profesor, es el motor que genera la sobrepoblación de reclusos. Expuso que el Estado debe ser coherente con su manera de proceder, si se crean más delitos para ser castigados con medida intramural, entonces es necesario habilitar más cárceles.

Otro hecho que aumenta el número de reos, según Botero, es la presión mediática y gubernamental ejercida hacia los jueces. Muchos infractores no deberían terminar purgando una pena, a pesar de esto, el asedio impulsa al encargado de impartir justicia “a imponer lo que no debe imponer”, señaló.

Hay muchos juicios que se hubieran podido evitar, “si antes se hubieran tomado medidas diferentes”, consideró el experto.

En esta visión del contratiempo coincidió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero. Argumentó que la actual crisis solo puede ser remediada remitiéndose “a las causas del crimen, todo lo demás es populismo que no nos lleva a nada”, enfatizó en que el problema debe atacarse de raíz.

“El Estado no tiene dinero para abrir más cárceles, o al menos para restaurarlas, pero tiene que encontrar una solución. Una medida integral no consiste únicamente en abrir más cupos carcelarios, hay que aplicar una política criminal que vaya primero al por qué de la delincuencia”, recalcó.

Según la directora, la reclusión debería ser exclusivamente para quienes en realidad representan un peligro, desde su punto de vista, para descongestionar los centros penitenciarios se debería asistir a los jueces con “elementos de antelación”; es decir, servicios para estudiar al sindicado, su entorno y sus antecedentes.

Este sería el auxilio primario para determinar quienes podrían ir a sus casas mientras se emite su sentencia.

Para el profesor Botero, en contraposición a la práctica de arreglarlo todo con cárcel, hay otra solución: “Si yo como legislador no tengo un pensamiento punitivo, lo que debo hacer es borrar una serie de delitos contemplados en el código penal. Esto debe aminorar el número de personas en centros carcelarios”.

Por otro lado, sugirió que se deben implementar alternativas para ponerle remedio a la situación desde un comienzo, de ahí que frente a los temas que generan el crimen: desigualdad e injusticias sociales, se requiere más inversión en las comunidades.

“Esta es una respuesta de izquierda, pero también puede ser de derecha, creo que así disminuiría la problemática. Eso se verá en los centros penitenciarios, en donde se tendría que reducir el número de personas”, concluyó el jurista.