Todo lo que conlleve a criticar al Gobierno, a las Fuerzas Militares o al uribismo se convierte en una algarabía a mañana, tarde y noche.
No es nada nuevo el que la mayoría de noticias que nos presentan los medios hoy en día esté altamente cargada de significación política, con el agravante de que no se trata de un ejercicio pluralista sino de una labor muy sesgada cuya inclinación ni siquiera se disimula, y la cual suele ser contraria al interés social. No en vano se habla del divorcio entre la opinión pública y los grandes medios, así como con los denominados «líderes de opinión».
Y es que todo lo vuelven una escandalera, a menos que lo que convenga sea un silencio cómplice, según el caso. Un ejemplo de este es el tema del ingreso de dineros de Odebrecht a las dos campañas de Santos, asunto del que la mayoría de los medios se han dedicado a ser sepultureros. El affaire de Santos es tan espurio como el de Samper, pero los medios justifican su silencio como en sugerencia de que todo se valía por «la paz», un silencio que fue comprado por esa administración con dinero a rodos.
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En cambio, todo lo que conlleve a criticar al Gobierno, a las Fuerzas Militares o al uribismo, se convierte en una algarabía a mañana, tarde y noche. Eso se comprueba solo con ver la hipócrita barahúnda con la que se ha tratado el tema de las muertes de supuestos líderes sociales, que absurdamente se le quieren achacar al presidente Duque. La marcha que organizó la oposición para protestar contra esos crímenes tenía el trasfondo de arremeter contra el gobierno como sucedió en Cartagena, donde el Presidente se unió a la marcha y fue tratado hasta de asesino.
Sin embargo, Lo que muchos ocultan es que si miramos por el retrovisor encontramos de nuevo que casi todos los grandes medios callan a favor de Santos. Según la ONG de izquierda Indepaz, «entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019, 837 líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de Farc fueron asesinados en todo Colombia» (El Tiempo, 12/06/2019).
De estos, 702 eran «líderes y defensores de DD.HH.», en tanto que 135 eran exguerrilleros. Al discriminar por año las muertes de esos 702 representantes de las comunidades, según Indepaz, se encuentra que en 2016 murieron 132; en 2017, 208; en 2018, 282; y, hasta mayo 20 del presente, 80. De los fallecidos en 2018, 169 fueron asesinados en los meses de enero a julio, correspondientes al gobierno de Santos, y 113 en los meses de agosto a diciembre, ya con Duque en el poder. Es decir, de los 702 «líderes» asesinados, 509 lo fueron en la administración del Nobel de paz y 193 en la de Duque.
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Y si bien el promedio mensual es de 16 muertos en los 31 meses de ese periodo que corresponden al gobierno Santos y de 19 en los casi diez meses que corresponden al de Duque, es absurdo que estas muertes se las carguen al actual gobierno cuando fue el de Santos el que dejó el país nadando en coca, lo que se ha convertido en el combustible de los cinco conflictos armados que sufre hoy el país de acuerdo a Christoph Harnisch, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En cuanto a los 135 exguerrilleros de las Farc que han sido asesinados se puede acotar lo mismo. Además, es una cifra baja si se compara con los —al menos—2.202 paramilitares que han sido asesinados desde su desmovilización en 2003, de acuerdo con cifras de la Agencia de Reincorporación. Y, por cierto, a nadie se le ha ocurrido catalogar a estos de «líderes sociales» como se ha hecho con criminales de las Farc, cuyas disidencias —valga decirlo— son las que más asesinan a sus excombatientes, según informes de la Fiscalía.
EN EL TINTERO: Desde hace décadas se suele recluir en instalaciones policiales o militares a quienes fueron altos funcionarios del Estado y deben purgar una pena. Pero, ¡oh sorpresa!, solo ahora se viene a encender la polémica cuando el condenado es Andrés Felipe Arias, enviado por el Inpec a la Escuela de Caballería. Otra muestra del sesgo del que estamos hablando.