Los gobiernos de Ecuador y Colombia se comprometieron a combatir la delincuencia armada en su frontera común tras un atentado con explosivos el martes, y anunciaron que sus mandos de seguridad se reunirán el sábado para analizar la situación.

En una declaración conjunta, los presidentes de los dos países, el ecuatoriano Lenín Moreno y el colombiano Juan Manuel Santos, condenaron hoy "firmemente" el ataque en la zona fronteriza de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, que dejó tres soldados muertos y al menos otros siete heridos, tres de gravedad.

"Condenamos firmemente los últimos actos suscitados en la Zona de Integración Fronteriza", reza la nota conjunta, que lleva fecha del día de ayer y fue redactada después de una conversación telefónica entre ambos dirigentes.

Tras lamentar la "pérdida de vidas humanas", subrayaron su compromiso de luchar contra las organizaciones armadas que se han hecho fuertes en la zona de demarcación.

El del martes, en el cantón de Mataje, es el sexto atentado ocurrido en el norte de Esmeraldas, donde operan varias bandas armadas de delincuentes, algunas de ellas identificadas como disidentes de la antigua guerrilla Farc.

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Desde Bogotá, el director general de la Policía colombiana, general Jorge Nieto, indicó que el grupo disidente de las Farc que lidera un hombre conocido por el alias de "Guacho" es el probable autor.

Y es que la zona limítrofe común ha sido considerada una "frontera caliente" desde hace mucho, sobre todo por la actuación de grupos irregulares armados en el lado colombiano, que también han filtrado parte de sus actividades ilegales a Ecuador.

"El problema no está en Ecuador, sino en el otro lado de la frontera", aseguró el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, en declaraciones a periodistas en la sede del Parlamento, y aseguró que no "no se trata de guerrilla", sino de "delincuencia organizada".

Un fenómeno al que ni Colombia ni Ecuador parecen encontrarle respuesta a pesar de sus esfuerzos en los últimos meses.  Navás reveló que Colombia lanzó "una campaña integral", con dos operaciones en las que participaron más de 10.000 efectivos y remarcó que Ecuador mantiene una fuerza permanente en la divisoria. 

Por su parte, el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas informó que, en una operación conjunta con la Policía Antinarcóticos, el martes logró hallar en un sector de la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), media tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana. 

En dicho operativo no se produjeron detenciones debido a que los sospechosos huyeron del lugar y se internaron en la selva. Pese a todo ello, "no se puede garantizar que no existan más atentados, pero sí podemos garantizar que está firme el compromiso para hacerle frente a esta amenaza", advirtió Navas.

Para el ministro, las fuerzas de seguridad del Estado requieren fortalecer ciertas capacidades para garantizar su misión ante un enemigo, vinculado al narcotráfico, que se camufla en la divisoria.

"Es una amenaza asimétrica, no se trata de un ejército organizado, es un enemigo sin rostro, (..) visten de civiles", aseveró.

 Para el presidente Lenín Moreno, que hoy visitó a los heridos mas graves en un hospital militar de Quito, los ataques responden a unailidad de un uso progresivo de la fuerza si llegase a ser necesario.

También adelantó que la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), integrado por militares y otras autoridades de los dos países, se reunirá el próximo sábado para analizar la situación.

Las partes todavía no han definido el lugar de la reunión pero se baraja la posibilidad de que se celebre en Tulcán (Ecuador) o Ipiales (Colombia), dos localidades a la misma altura de la frontera.

Por otra parte, a las instalaciones de la Aviación Naval de la ciudad portuaria de Guayaquil llegaron los cuerpos de dos de los tres marinos fallecidos en el atentado: el cabo segundo Jairon Sandoval Bajaña y el marino Sergio Elaje Cedeño. 

El cadáver del otro soldado muerto, el sargento Luis Mosquera Borja, iba a ser entregado a sus familiares en Esmeraldas. 

El alto nivel de víctimas ha generado la indignación en la sociedad ecuatoriana, y las condenas de Perú, España, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea y la ONU.