El rearme de una fracción de las Farc o, más precisamente, de Márquez y su pandilla, es una mala noticia para el país, para los que apoyaron el proceso de La Habana y también para quienes lo cuestionamos, durante su desarrollo y ahora. Aunque parece que el grupo que retoma las armas no es muy grande, el hecho no debe minimizarse porque tiene consecuencias significativas sobre la percepción del país en el contexto internacional, sobre la situación política interna y sobre el orden público y la seguridad.

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Independientemente de la apreciación negativa que se tenga internamente sobre el proceso de La Habana, por las desmedidas concesiones que se hicieron a una guerrilla derrotada políticamente y menguada en lo militar, lo cierto es que la llamada comunidad internacional lo ha visto con buenos ojos, tanto en las instancias políticas como en las económicas y financieras. El Gobierno y las entidades gremiales con proyección internacional deben actuar para evitar que ese hecho cambie la percepción de Colombia como un país seguro y propicio para la inversión, percepción esta que se venía forjando gracias a la Seguridad Democrática, mucho antes de los acuerdos de La Habana. Esto exige una acción militar rápida y contundente contra la pandilla de Márquez.

El rearme de las Farc favorece al régimen de Maduro y sus secuaces, el peor enemigo de Colombia y que seguramente fue su instigador. Venezuela y Cuba han venido siendo los protectores del n y ahora lo serán de Márquez y su pandilla, que fueron acogidos clamorosamente en la reunión del Foro de Sao Paulo celebrada en Caracas en julio pasado. La anunciada instalación en Venezuela de una fábrica rusa para la producción de fusiles kalashnikov aumenta la amenaza que se cierne sobre Colombia. El Gobierno Nacional debe denunciar todo esto sin ambages y actuar decididamente en contra de esos regímenes por todos los medios a su alcance. Es imperioso mantener y fortalecer la alianza con Estados Unidos, sin descartar recurrir al TIAR, en caso de una agresión desde Venezuela.

El reame de Márquez y su pandilla es un duro golpe contra todas las fuerzas políticas que apoyaron y apoyan la claudicación institucional de La Habana y una gran oportunidad para el fortalecimiento político de sus opositores. Pero esto no puede hacerse debilitando al gobierno del presidente Duque al exigirle actuaciones por fuera del marco constitucional y legal. Es necesario avanzar en las elecciones regionales de octubre para poder aspirar a una mayoría clara en el Congreso de 2022 para proceder, ahí sí, al desmonte de los aspectos más lesivos de los acuerdos, incluido su retiro de la Constitución y el desmantelamiento de la JEP.

Como habían logrado que los acuerdos de La Habana garantizaran la casi inmunidad de los cultivos de coca, Márquez y Santrich esperaban continuar dirigiendo el tráfico de cocaína, cómodamente instalados en sus curules de congresistas y protegidos por la JEP: el mejor de los mundos. La elección del Presidente Duque, en lugar de un amigo de Santos, y la intervención de Estados Unidos frustró esa pretensión.

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A la cúpula de las Farc que sigue en el proceso hay que continuar dándole protección y, principalmente, mantenerla vigilada. A los guerrilleros de base hay que darles todo el apoyo en su reinserción, para evitar que sean reclutados por la pandilla narcotraficante de Márquez, que claramente ha informado su intención de recurrir al asesinato selectivo y al terrorismo urbano como su principal forma de actuación. Estamos advertidos.

Comentarios:

Edgar
2019-09-03 20:33:13

Eso es, estamos advertidos.

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