Cuando termina la película, incluso antes de que se encienden las luces, la gente comienza a salir del teatro y a compartir con sus acompañantes las impresiones sobre el tema, las actuaciones, la música, lo que le haya llamado la atención; otros movidos por el impulso de la época revisan sus dispositivos para saber qué otros rollos se han perdido; son menos los que se quedan leyendo los mensajes finales y los créditos. Uno de esos anuncios finales fue el comienzo de una investigación que mantuvo ocupado al colega Juan Pablo Barrientos en los últimos dos años.

La película que le despertó la curiosidad periodística fue la ganadora del Oscar en 2016, Spotlight, que narra cómo un equipo del Boston Globe reveló numerosos casos de pederastia en la arquidiócesis de Boston. En esos letreros finales decía que hechos similares se registraban en distintas ciudades del mundo y a Barrientos le inquietó ver en la lista a Medellín. Una inquietud que muchos compartimos pero que a él lo llevó a la acción. Esta semana reveló un informe que recoge sus hallazgos: Dejad que los niños vengan a mí. Un documento periodístico que relaciona 17 casos de sacerdotes de la arquidiócesis de Medellín que han sido investigados por pederastia. 

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La pederastia es la práctica sexual con niños. Las relaciones con menores son delito dependiendo de la legislación de cada lugar que fija la edad de consentimiento sexual, para el caso colombiano es de 14 años. Es decir, que quien tenga relaciones con un menor de ese límite no puede alegar su aprobación, está penalizado; mientras que de ahí en adelante cuenta la voluntad de los involucrados en la relación. En el derecho canónico hay diferencia entre pederastia y abuso sexual, pero también existen los votos sacerdotales, promesas hechas a Dios, pero reguladas por la ley canónica: la pobreza, la obediencia y, sí, la castidad. 

En los casos que documenta la investigación de Barrientos, la mayoría tiene que ver con la configuración de un hecho punible. Algunos otros seguramente tendrán su propia causa en el derecho canónico, pero pudieran defenderse desde el consentimiento. Lo cierto es que cualquier abuso es más grave cuando es ejercido desde una posición de superioridad, física o moral, o desde el poder. Más aún, algunos de los sacerdotes investigados por esas prácticas en Medellín fueron enviados, mientras adelantaban sus procesos, a otras parroquias de las que dependían colegios. Algo así como encargar a los ratones de cuidar el queso.

Juan Pablo cree que los dos últimos arzobispos de Medellín encubrieron a los curas pederastas o por lo menos pensaron más en la imagen de la Iglesia que en las víctimas de sus actos. Si tiene razón, el mensaje sería funesto para una sociedad que diariamente critica el abuso y motiva la denuncia. Cuantos más beneficios obtengan los abusadores, sean quienes sean, más daño se causa a la sociedad en general y doblemente se hace víctima a quien los sufre.

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El informe generó un pronunciamiento de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, el arzobispo de Medellín, en cuyo primer punto indica que “La Iglesia católica ha señalado sin vacilaciones que la pederastia es un delito grave que afecta a los menores de edad y a toda la sociedad. Por eso siente profundo dolor por todos los abusos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. De manera especial, lamenta, reprueba y pide perdón por aquellos casos en los que están involucrados algunos de sus sacerdotes y de sus fieles”.  Además de pedir perdón, el arzobispo reconoce que hacen esfuerzos por prevenir el delito y castigarlo cuando se comprueba, pero apela también al debido proceso y, una vez más, a la invitación a la denuncia tanto en el campo penal como en la esfera eclesiástica.

Es lógico que le duela que se revele una realidad tan abominable, pero insiste en que no teme conocer la verdad sobre cada caso y reitera el compromiso de “cero tolerancia” con esas prácticas. Más que la revelación, debe doler cada caso, cada víctima. Cada uno de ellos mina la imagen de la Iglesia, es verdad, pero tal vez sea el daño menos grave.

No se trata de estigmatizar ni vender historias sensacionalistas. No podemos caer en una cacería de brujas ni condenar a priori a quienes son investigados, pero es el deber de los periodistas develar las verdades incómodas y hacerse al lado de los más débiles. Como es deber del arzobispo cuidar su rebaño, pedir perdón como lo ha hecho por los daños causados, pero garantizar el castigo a quienes han mancillado también a su Iglesia. Nos toca a todos mantener el ojo avizor para cuidar a los niños y saber en manos de quién están.