En una sociedad tan carente de deliberación abierta y democrática, es conveniente la expresión política de los agentes del empresariado nacional.
El Consejo Gremial Nacional, CNG, decidió visibilizarse como un importante protagonista político en el país. Se trata de una poderosa entidad integrada por 21 gremios de todas las actividades económicas que, en conjunto, representan el 60% de la producción nacional y generan el 73% del empleo formal de la economía, además de representar a 166.903 empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que operan en distintos sectores de la economía. Con bombos y platillos anunció su respaldo a la candidatura de Iván Duque, publicitó un documento con sus estratégicas propuestas económicas para los próximos cuatro años y notificó al presidente Santos su inconformidad por ejercer su mandato hasta el ultimo día y hora del 6 de agosto.
¿Cómo se toman las decisiones en el seno del Consejo? recientemente, se presentó un hecho considerado inédito en los 26 años de historia del Consejo. Renunciaron su presidente y vicepresidente luego de acaloradas discusiones en las cuales fueron derrotados en su intención de adoptar principios democráticos para ampliar el ingreso de nuevos integrantes a la agremiación. El sistema, cuestionado por los renunciantes, adoptado hace cinco años, es una modalidad de consensos denominada “balota negra” que permite el derecho al veto de uno solo de sus miembros a la posibilidad de ingreso de nuevos integrantes; por ese veto gremios como Asobolsa, representante de los corredores de bolsa; Anato, agrupación de los agentes de viajes y turismo; y Fenavi, de los productores avícolas, no han podido acceder a un asiento en el Consejo Gremial Nacional. De allí la sindicación de ejercicio excluyente y antidemocrático a su interior. Otro hecho más reciente tuvo que ver con la iniciativa de proponer la privatización de Ecopetrol, nacida en su seno, cuya paternidad fue retirada intempestivamente ante la reacción pública generada.
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En una sociedad tan carente de deliberación abierta y democrática, es conveniente la expresión política de los agentes del empresariado nacional. Ellos tienen derecho a tratar de influir y direccionar con sus pronunciamientos los destinos del gobierno y el Congreso, es lo que siempre han hecho, ahora más de frente, con solidaridad de cuerpo y de intereses. Y el resto de la sociedad también tiene derecho a conocer lo que piensan los dueños del capital respecto a temas sensibles como el mercado laboral (mayor flexibilización y reducción del salario mínimo por la vía de diferenciar el campo y la ciudad), la realidad pensional (debilitar a Colpensiones, fortalecer los fondos privados, incrementar edades y reducir la pensión sobreviviente) las expectativas tributarias (reducir impuestos a los de arriba e incrementar la participación de los de abajo).
“El Consejo Gremial Nacional renueva su convicción de que el modelo político y social que consagra la Constitución es el adecuado, en tanto asigna a las empresas la tarea de generar empleo productivo y aportar los tributos que financian la lucha contra la pobreza y proveer bienes públicos, tales como salud, educación y justicia...” le dijo el Consejo a Duque. O sea, del empresariado depende cualquier posibilidad de crecimiento e inclusión en el país. Los consumidores, y los trabajadores, el otro agente fundamental de la producción y del mercado, nada que ver.
Las propuestas del Consejo Gremial van en la dirección de fortalecer la oferta, de cuya suerte dependerá la demanda, en contravía de sugerencias calificadas como las del economista Thomás Piketty, validadas por la Ocde, tal como nos lo recuerda el columnista de Portafolio, Beethoven Herrera, el 30 de julio 2018 “pese a que los activos fijos son una evidente forma rentable de inversión, la Ocde advierte que las empresas no están invirtiendo sus utilidades, lo cual afecta el crecimiento…por ello recomienda aumentar la inversión en educación, cualificación e infraestructuras públicas, contrario al paradigma neoliberal que se concentra en la flexibilización laboral y el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores, agravando las desigualdades. Es notable que las conclusiones de la Ocde coincidan con la afirmación de Piketty de que la tasa de rentabilidad del capital es sistemáticamente mayor que el crecimiento del PIB. Cierra la Ocde el documento proponiendo impulsar la demanda agregada y el crecimiento por medio del aumento de salarios…” si no hay demanda, no habrá oferta.
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Sano es el protagonismo del CGN si igual posibilidad tienen los trabajadores y demás sectores de la sociedad. Parece que así no piensa el nuevo ministro de defensa, surgido del mismo Consejo, con su visión de “regular” la protesta social. La gran preocupación surge por la evidente confluencia del gobierno Duque - no solo en las ideas- con el empresariado, que tendrá asiento asegurado, mayoritario, en el próximo Consejo de Ministros.