Caño Cristales se perfilaba como el destino turístico de mostrar ante el mundo como prueba de un país en paz. El lecho multicolor a lo largo de rápidos y cascadas fue uno de los descubrimientos más mediáticos de la Colombia oculta por el conflicto armado hasta que hace un mes, el 1 de febrero, un incendio forestal dentro del parque natural Sierra de La Macarena amenazó el nacimiento del río y puso en alerta a la comunidad científica que espera que Colombia cumpla la meta trazada en los acuerdos que suscribió en diciembre de 2015 en París con los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido, para reducir la deforestación en el Bioma Amazónico.

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A juzgar por la acelerada pérdida de bosques de los dos últimos años y la tendencia precipitada en los últimos días por más de una docena de incendios forestales en Caquetá, Meta y Guaviare, la ambiciosa meta de cero deforestación en la Amazonía para el año 2020 no se va a cumplir y el Gobierno entrante tendrá que enfocar sus esfuerzos, ante todo, en revertir una tendencia creciente que está estrechamente ligada con el posconflicto y que, al parecer, ha tomado por sorpresa al ministerio de Ambiente, que esperaba que una vez firmados los acuerdos de La Habana las talas o las quemas asociadas a la confrontación se iban a reducir.

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Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, adscrito al Ideam, durante 2015 fueron destruidas 124.000 hectáreas de bosques, una cifra que se incrementó en un 44% en 2016 cuando la destrucción alcanzó 178.597 hectáreas. Aunque todavía no han sido divulgadas las cifras de 2017, las circunstancias no han variado de una manera tal que permita esperar un resultado favorable sino que, por el contrario, el Gobierno empezó a manejar una nueva hipótesis sobre las causas de la deforestación: el acaparamiento de tierras, que se viene a sumar a las obras de infraestructura, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

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Sobre los incendios de los días recientes, que han afectado más de 4.000 hectáreas en la Sierra de La Macarena, no nos cabe duda de que son síntoma de la creciente ilegalidad en la región a causa de un acuerdo de paz en el que se hicieron muchas concesiones sin que se fortaleciera la presencia del Estado en los territorios, lo que le ha dado al posconflicto, al menos en estas zonas, la perspectiva en la que las disidencias u otros grupos al margen de la ley estaban listas para llenar esos espacios.

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Frente a la tesis del acaparamiento de tierras, que podría estar siendo alentado por gentes de otras regiones, según el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, es importante que el Gobierno lo esclarezca pues se constituiría en un movimiento de especulación de tierras que, al estar sucediendo en zonas donde el dominio territorial de las Farc era notorio, hace obligatoria la intervención de los organismos de control para definir con claridad quiénes están figurando en esas transacciones sobre miles de hectáreas que hoy día están siendo quemadas en el proceso de colonización. Sería relativamente fácil identificar a las personas que están supuestamente comprando tierras y despejar, entonces, toda duda sobre sus vínculos con grupos criminales, disidencias o las mismas Farc.

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Ya en nuestro editorial Preguntas al informe de deforestación, publicado el 16 de septiembre de 2016, habíamos anticipado que la tendencia de destrucción de bosques seguiría al alza ante la falta de acciones claras en los territorios afectados principalmente por los cultivos ilícitos y la minería ilegal que, por cierto, no es solo la Amazonía sino también, y de manera grave, Antioquia y Chocó, donde las comunidades indígenas, en muchas ocasiones y a cambio de algunos pesos, se prestan para estos procedimiento y otros, como el tráfico de madera. Ahora el Gobierno ha tenido que aceptar la gravedad de los hechos y plantea redefinir su meta de cero deforestación a diez años más, tal vez para no decir que el plazo es, en realidad, indefinido.