45 días duró el paro camionero este año iniciado por la Cruzada Camionera -Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Confederación Colombiana de Transportadores (CCT) y la Asociación Nacional de Transportadores (ANT)- el cual fue un golpe directo y determinante para la inflación en Colombia y provocó que el Banco de la República subiera en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia hasta 7,75%. Además, generó perjuicios para la economía en general (el sector portuario, de combustible, el agropecuario, el avícola, el lácteo, el cárnico, el arrocero y demás áreas) y es que debido a la inmovilización de los productos, hubo un alza de precios de la canasta básica familiar y atentó directamente contra la generación de recursos, el empleo formal y la competitividad del país.

Las peticiones del sector de transportadores fueron básicamente aumentar los costos de los fletes, equilibrio entre oferta y demanda, chatarrización y reducción de precios de los peajes y los combustibles.
Según Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco regional Antioquia: “El encarecimiento es el peor impuesto para los colombianos, porque los afecta la escasez y el desabastecimiento de productos agropecuarios y agroindustriales, que ya no se encontraban en algunos sitios y si se conseguían tenían un incremento del 50% al 100% como lácteos, cárnicos, huevos, frutas y verduras”.

El sector agropecuario fue tal vez el sector que más sufrió durante las primeras seis semanas. En ese periodo, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) estimó que se perdieron $1,26 billones que se suman a los más de $2 billones en pérdidas para la industria manufacturera y la logística de carga.

A su vez, desbordó la inflación en julio, ya que fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto para un séptimo mes desde 2006. El analista económico Giovanni Montoya Aldawe, director de contenidos del Grupo Ágora, resaltó que hasta ese momento los alimentos habían subido 15%, lo que se compensa con una variación en vestuario muy baja cercana al 4%. Demostrando así que hubo menos demanda de estos productos, lo que se repite en temas como comunicaciones, diversión y transporte. Es decir, se sacrificaron otros gastos en función de la alimentación.

El paro camionero afectó a todos los sectores de la economía, y a su vez incidió también en la inflación que en julio se ubicó en 8,97%. Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de la región Andina para Citibank, agregó que nunca en la historia habían evidenciado que un paro camionero tuviera un impacto tan fuerte en lo que es la movilización de mercancías en el país, tanto las que se exportan como las que se importan.

Asimismo, este suceso desaceleró el Producto Interno Bruto (PIB) y lo dejó en 1,2%, la ausencia de transporte hizo que las mercancías no llegaran, los alimentos se pudrieran y hasta hubo máquinas que no se prendieron por combustibles que no se transportaron. La razón fundamental fue que el paro de transporte que duró  más de un mes afectó el rendimiento de varios sectores que antes de julio se encontraban en positivo.

Alejandro Reyes, analista de Ultraserfinco, afirmó que lo que más preocupaba era que ese resultado mostraba un crecimiento para todo el año por debajo de 2%. El viernes 22 de julio se oficializó el cese del paro porque el Gobierno y los transportadores llegaron a un acuerdo, y ya para el sábado 23, de acuerdo con el analista de mercado de la Central Mayorista de Antioquia, Alfonso Marín, los productos habían empezado la normalización de sus precios, con reducciones hasta un 30-40%. Sin embargo, la inflación quedó alterada.

Puntos del acuerdo

El acuerdo que hizo posible que se levantara el paro de los transportadores constó de 27 puntos, el Ministerio de Transporte definió así las grandes líneas de los puntos acordados.

En primera instancia, las condiciones económicas:
Colombia sostiene el régimen de libertad vigilada actualizando los valores de referencia que reflejen la realidad de los costos de operación en condiciones de eficiencia.
Al respecto, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, aseveró: “No volveremos a la tabla de fletes. Seguimos en un sistema de costos eficientes que tiene como base la libertad vigilada y un valor de referencia”.

Desintegración vehicular: Se mantiene el esquema denominado uno a uno, que significa que por cada vehículo chatarrizado ingresa otro, como mecanismo para promover su modernización, proteger el patrimonio de los transportadores y reducir la sobreoferta. El ministro de Transporte aseguró que con este sistema se protege al pequeño transportador.

También está la revisión de ajustes de la política de costos del sector, las modificaciones al Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice), entre otros.