El pasado 10 de diciembre, 150 países firmaron el Pacto Mundial de las Migraciones de las Naciones Unidas, cuyo objetivo aparente es el de alcanzar una “migración segura, ordenada y regular” de esas gentes que en todo el globo buscan desplazarse de sus sitios de origen a otros que les brinden mejores condiciones de vida por motivos de diversa índole, sean económicos, políticos, religiosos, ambientales, climáticos y demás.

Sin duda, un propósito muy loable con el que todos estamos de acuerdo, pero que genera profundas dudas cuando se empiezan a conocer detalles del articulado. Además, si bien se parte de la base de que el pacto “no es vinculante”, la verdad es que la firma del mismo obliga a su cumplimiento, por lo que tratándose de cuestiones tan delicadas no se comprende por qué el gobierno de Duque lo firmó casi de manera subrepticia, sin que el tema se discutiera abiertamente en el país.

Lea también: Presidente Duque, a corregir el rumbo

Por donde se mire, el Pacto de Marrakech es un verdadero adefesio, una carga de profundidad que socava la soberanía de los Estados al convertir la migración en un “derecho humano”, fundamento que será prácticamente incontrovertible al entender cualquier cuestionamiento como una muestra del llamado “discurso del odio”, que pasará a ser punible. Es decir, esta columna constituye ya un “delito” por poner en la palestra los inconvenientes de este inconcebible tratado, sobre el que los medios han guardado tanto silencio, acaso temerosos de las sanciones.

En ese sentido, el pacto obliga a los países a impedir que los medios de comunicación emitan cualquier tipo de crítica hacia los fenómenos migratorios, o de dar informaciones que afecten su imagen, como en algunos países europeos, en los que se ha prohibido mencionar si el causante de un delito es un inmigrante.

De otra parte, este pacto supondrá una grave pérdida de autonomía política de los países suscribientes por cuanto el llamado delito de odio impedirá que cualquier partido o formación política promueva medidas contra la migración, pues toda crítica se considerará como un discurso de ese tipo. Eso no solo viola la libertad de expresión sino la soberanía misma del pueblo y sus representantes, quienes no pueden tener tema vedado, menos cuando hay tantos motivos para recelar de ese tratado.

Solo por mencionar algunos, señalemos que el Pacto elimina el concepto de migrante ilegal y de refugiado. En lo sucesivo, solo habrá ‘migrantes’ a secas, y su presencia será legal en los países adherentes del Pacto, lo cual no parece que vaya a contribuir a una migración “ordenada”. Por el contrario, los países se verán a gatas para regularizar las oleadas de migrantes a sus territorios y les será imposible ofrecerles una atención planificada y acorde con sus capacidades. Incluso, la ONU se reserva el derecho de decidir a dónde envía un contingente de migrantes y en qué cantidad.

Por si fuera poco, este pacto sibilino obliga a los países signatarios a solventar todas las necesidades de los migrantes en materia de vivienda, salud, educación, vestido, alimentación, seguridad social y todo lo demás. También se establece que el migrante podrá exigir el lugar de residencia al que mejor se acomode; que cualquier queja de un migrante puede tipificar como delito de odio y conducir a una sanción penal; que el Estado del país al que llegue el migrante facilitará su reunificación familiar (léase, correrá con los gastos); y que se reconocerán cualificaciones no adquiridas formalmente en sus países. Es decir, si un migrante dice que es enfermero habrá que validarlo, aunque no tenga pruebas de que lo es.

Le puede interesar: Intervención militar en Venezuela

En fin. Este exceso de buenismo parece muy justo con los migrantes, pero en países como el nuestro será un problema para todos. Nuestra economía está lejos de poder absorber la oferta laboral local y hay graves faltantes, por ejemplo, en materia de salud y seguridad social. No hay margen para incrementar la carga impositiva y la oleada de venezolanos que puede llegar en breve va a ocasionar un colapso general. Es justo lo que buscan los izquierdistas de la ONU con estas medidas, causar caos e inestabilidad.