Un mensaje u opinión que se haga público en Venezuela y que sea considerado por el Gobierno como un insulto o expresión de "odio" podría llevar a la cárcel a ciudadanos comunes, a cerrar medios y a sancionar a partidos políticos gracias a una polémica ley que acaba de entrar en vigencia en el país.

La "Ley contra el odio", que consta de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, fue aprobada el miércoles de forma unánime por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano conformado únicamente por leales a la llamada revolución bolivariana que carece de legitimidad ante los ojos de numerosos gobiernos.

Según reza el primer artículo, la ley tiene por objeto "contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar todo tipo de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia".

Sin embargo, su puesta en marcha ha sido criticada por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que asegura que el régimen de Nicolás Maduro busca con este marco jurídico promover y no prevenir el odio y la intolerancia en un país ya marcado por la polarización política.

En el ámbito político, se prohíbe expresamente a los partidos promover "el fascismo, la intolerancia o el odio" de cualquier tipo "que constituya incitación a la discriminación y la violencia"; y establece que las formaciones que incurran en estas faltas no podrán participar en procesos electorales.

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La Ley obliga a los medios de comunicación social a difundir de manera gratuita 30 minutos semanales de mensajes para promover "la paz, la tolerancia, igualdad, respeto y diversidad" y castigará a quienes se nieguen con multas de hasta el 4 % del total de ingresos brutos del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior a la falta.

El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de diez o 20 años".

Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en pruebas de sus propios delitos.

Sobre "la responsabilidad en las redes sociales", la Ley solo especifica que las expresiones de los internautas "que promuevan la guerra o inciten al odio nacional" están prohibidas, aunque no señala expresamente si lo escrito en estas plataformas pudiera tener consecuencias jurídicas para el denominador común.

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Para los medios de comunicación, en cambio, el texto sí prevé multas de hasta 100.000 unidades tributarias (equivalentes a 30 millones de bolívares, casi  USD 9.000 al cambio oficial) por la difusión de expresiones de odio e intolerancia que sean mantenidas en estos canales electrónicos durante un tiempo superior a las seis horas.

El chavismo, que gobierna Venezuela desde 1999, ha subrayado las bondades de esta herramienta legal para garantizar valores y principios como "el amor, la paz, la democracia, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto y la preeminencia de los derechos humanos" como la vida.

En este afán, la ley contempla también que los centros e instituciones educativas se conviertan en espacios "de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria", y obliga a las instituciones del Estado a trabajar de manera "indeclinable" para cumplir este propósito.

Se decreta además el 21 de septiembre como el "Día Nacional de la Paz" y mayo como el "Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia, y la Lucha contra la Intolerancia".

La luz verde a estos 25 artículos que hablan de "erradicar cualquier forma de violencia política" ha dado paso a la especulación sobre la posibilidad de que las autoridades encarcelen a quienes emitan opiniones contrarias al Gobierno en espacios como Twitter, Facebook e Instagram.

Los impulsores de esta iniciativa alegaron hasta el cansancio que la ley pondrá freno a los "sectores extremistas" de la oposición, a los que acusan de haber provocado la ola de protestas que sacudió al país entre abril y julio y se saldó con 120 muertos.