Cursa actualmente, en la Cámara de Representantes, un proyecto de acto legislativo presentado por el Representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez Rodríguez encaminado a promover la seguridad y estabilidad jurídica tributaria en Colombia. A través de este se pretenden incorporar dos incisos al artículo 333 de la Constitución Política (artículo que regula la libertad económica y de empresa en Colombia), creando así el principio de seguridad jurídica tributaria por medio del cual se garantizará aquel para quienes realicen inversiones nuevas o amplíen las ya existentes en el territorio nacional y se eleva a rango constitucional la potestad del Gobierno de celebrar contratos de estabilidad jurídica tributaria que permitan “la permanencia, renuncia o no alteración desfavorable de las condiciones legales en materia tributaria existentes al momento de celebración del contrato”.

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Esta reforma constitucional es indispensable para el progreso del país y para fomentar y retener la inversión extranjera en un entorno altamente competitivo. El entorno de inversión en Colombia se ha caracterizado por ser inestable, factor que ahuyenta -como ningún otro- la inversión extranjera. Según el Global Investment Competitiveness Report 2017-2018, citado en la exposición de motivos, los inversionistas internacionales toman la decisión de invertir en uno u otro país tomando como prioridad “la seguridad, la estabilidad política, las condiciones macroeconómicas y sobretodo (…) con los entornos normativos propicios”. En los últimos 24 años Colombia ha tenido 14 reformas tributarias, lo que imposibilita que el país sea tenido como un destino de inversión a largo plazo por inversionistas extranjeros, dado que se imposibilita el pronóstico real de la rentabilidad de una inversión. Según la exposición de motivos del proyecto “la estabilidad jurídica es una de las causas que más incide en la determinación a la hora de invertir en un país […] de manera que el constante cambio en las reglas de juego, terminan por desestimular directamente la inversión, debido a la imposibilidad de poder establecer de antemano los riesgos y beneficios que ello implica”.

A diferencia de Colombia, países como Chile, Ecuador, Panamá y Perú, tienen normas de estabilidad elevadas a rango constitucional lo cual se ha traducido en un incremento constante en el nivel de inversión extranjera que han recibido en los últimos años. Colombia ha tenido varios intentos infructuosos para implementar este principio, tal como fue el realizado a través del artículo 169 de la Ley 223 de 1995, el cual dispuso un régimen especial de estabilidad tributaria que consistía en la inaplicación de los posibles incrementos en las tarifas del impuesto de renta y complementarios u otros tributos creados con posterioridad a la suscripción del respectivo contrato, la Ley 963 de 2005 con los contratos de estabilidad jurídica los cuales crearon universos impositivos paralelos muy difíciles de fiscalizar y dependían de la aprobación del proyecto de inversión por parte del Gobierno y la Ley 1943 de 2018 con la estabilidad jurídica para Mega inversiones, la cual –por las condiciones para que aplique (inversión de más de $1.028.100.00.000 para 2019, generar más de 250 nuevos empleos directos, entre otras) - está diseñada para beneficiar exclusivamente los más grandes proyectos del país.

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Si Colombia quiere ser un país que atraiga y retenga la inversión extranjera, no existe otro camino que elevar a rango constitucional el principio de seguridad jurídica tributaria. Ello haría que cualquier norma que atente contra el mismo, pueda ser declarada inconstitucional y que se preserve tal principio con la inmutabilidad propia que tiene la Constitución Nacional.