Colombia aplaudió, pero al unísono también lo hicieron Suramérica, Latinoamérica y buena parte del mundo, porque más que una postura diplomática, la decisión de la OEA de "no reconocer la legitimidad" del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, parece el comienzo del fin de una dictadura que hunde al país petrolero, masacra a su pueblo y se convierte en un peligro para la región.

Son trece países latinoamericanos junto a Estados Unidos y la Unión Europea los que han cerrado filas contra un régimen que ha violentado el orden democrático y los derechos humanos en su territorio, que ha sumido al país en la peor crisis social, política y económica de su historia, obligando a más de dos millones de personas a huir a tierras ajenas por falta de alimentos y medicinas.

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Y se advierte el final porque por primera vez en la Organización de Estados Americanos se logra un consenso de aprobación en torno a la crítica situación de Venezuela. El borrador de la iniciativa presentada por Colombia en representación de los ocho estados proponentes, necesitaba 18 votos para ser aprobado como resolución, lo que hasta ese momento era tal vez improbable, por los mismos antecedentes.

Vale recordar que nunca antes se pudo conseguir el respaldo de los dos tercios de los 34 países que la integran para expulsar a Venezuela del organismo apelando a la Carta Democrática Interamericana, que se aplica cuando en un país se da una ruptura del orden democrático, por lo que incluso fue Caracas la que en 2017, en medio de esa tirantez, anunció su decisión de retirarse, proceso que debe concluir en abril de este año.

Pero esta vez, durante la sesión extraordinaria que se realizó en Washington, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia, la resolución propuesta por las Misiones Permanentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú sobre la situación de Venezuela, más Canadá y Guatemala, que se habían unido desde el 20 de diciembre de 2018.

Además de reafirmar el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, durante esa sesión extraordinaria del pasado jueves la OEA convocó a todos los estados miembros e invitó a los Observadores Permanentes a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela.

Y a eso se sumó un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias en un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales.

El documento de la OEA también los invita a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas; al tiempo que exige la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos.

Celebración

El presidente de Colombia, Iván Duque, aprobó y celebró la decisión del Consejo Permanente de la OEA, reunido el jueves de manera extraordinaria mientras el chavista Nicolás Maduro se posesionaba de manera ilegal ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como dicta la constitución venezolana.

Duque aseguró que esta decisión es una forma de honrar los compromisos de la Carta Democrática Interamericana y que es consecuente con el trabajo desarrollado en el Grupo de Lima.

"Y nosotros, como país, vamos a honrar también esa Declaración del Grupo de Lima para que se cumplan todos y cada uno de los puntos que fueron expuestos hace pocos días y que reivindican que la Asamblea Nacional de Venezuela es un órgano legítimo, Constitucional y democrático, que debe ser validado como un verdadero representante del pueblo venezolano", aseguró.

“Esta decisión del Consejo Permanente de la OEA es un paso más en la dirección de crear condiciones para que finalmente, ojalá más temprano que tarde, el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia y libertad”, dijo a su vez el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.

Nuevas elecciones

Los trece países del llamado Grupo de Lima que firmaron la resolución, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, al igual que el Consejo Permanente de la OEA, invitaron a nuevas elecciones en Venezuela porque sustentan que el proceso electoral llevado a cabo en ese país el 20 de mayo de 2018 en el que resultó electo Maduro, carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.

En su resolución, la OEA reafirmó que, sólo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

Al tiempo reclamó al régimen venezolano para que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades.

Igualmente exigió la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos.

Medidas acordadas por el Grupo de Lima

Preocupados por la profunda crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, el Grupo de Lima que conforman los trece países firmantes de la resolución de la OEA y México, que está del lado del chavismo, habían acordado con anterioridad poner en práctica algunas medidas para continuar ejerciendo presión con miras al restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales.

Algunas de esas medidas son:

- Reevaluar el estado de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

- Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

- Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

- Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

- En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

El único mecanismo que les queda es la violencia

El disputado Juan Gerardo Guaidó fue designado hace una semana presidente de la Asamblea Nacional y desde ese momento presidente interino de Venezuela mientras se convocan elecciones en menos de 30 días.

Un proceso que el régimen de Maduro no reconoce y del que incluso se burla, pero que está ceñido al orden constitucional, porque el Parlamento venezolano es el poder legítimo, elegido democráticamente, que fue perseguido y desconocido por ser de mayoría opositora.

“Este es el inicio de una serie de hechos en los que todos los sectores deben estar alineados para conseguir el objetivo de terminar con la dictadura. Un proceso que va a demorar días, tal vez meses, pero que hoy cuenta con el apoyo y el reconocimiento internacional. Volverán las marchas y las protestas callejeras, que sumadas a las presiones diplomáticas, económicas y políticas de todo el mundo, van a lograr acabar con la tiranía en nuestro país”, apuntó el consultor político Toni Vitola.

Sin embargo, advirtió que vendrán las represalias, otra oleada de persecuciones y detenciones contra líderes y activistas de la oposición, contra todo aquel que apoye el fin del régimen de Maduro.

“Lo que va a suceder es que ellos, los oficialistas, van a comenzar una ola de persecución contra dirigentes opositores. Ellos al verse acorralados, al tener un cerco diplomático, internacional y el gran descontento de la gente en Venezuela, el único mecanismo que les queda es la violencia. Sabemos que eso va a pasar, no nos tomará por sorpresa. Van a recurrir a la violencia, como ocurrió en 2107 y 2014”, reflexionó.