Con gran acierto, Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela, ha comparado la decidida acción del bravo pueblo por hacer respetar la Constitución, obra del coronel Chávez, con el primer gran intento (la Primavera de Praga en 1968) de las repúblicas este-europeas por liberarse del yugo del comunismo. La única diferencia es que este debe ser el último gran sacrificio que los venezolanos tengan que hacer para zafarse del “socialismo del siglo XXI”, ideado y apoyado militarmente por Cuba, ejecutado por el chavismo y habilidosamente financiado por China y Rusia.

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Las necesidades perentorias de la primavera venezolana son que esta se mantenga en el marco de la Constitución y la noviolencia, y que prontamente rinda frutos en la consolidación de la democracia, la transición a la economía libre y al Estado de Derecho, garantista de las libertades individuales y protector de los derechos humanos. Lograr esas aspiraciones será posible por la valentía ratificada por los demócratas venezolanos, el reconocimiento de las fuerzas armadas de ese país a su verdadero soberano (el pueblo ) y el respaldo político y económico de los organismos multilaterales y los países democráticos en el proceso de recuperación que comienza.

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La mayor parte de integrantes del Grupo de Lima -con la muy notoria excepción del confundido México-, Estados Unidos y las democracias centroamericanas, han reconocidola legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino. En consecuencia, el organismo y los países han tomado las decisiones que el reconocimiento conlleva, sobre todo en materia de relaciones diplomáticas, direccionamiento de la ayuda humanitaria y, en decisión trascendental ya tomada por EEUU y el Reino Unido, reconocimiento de la titularidad de las cuentas y patrimonio de la nación en la Presidencia constitucional. Esos países le están mostrando el rumbo a los peligrosamente dubitativos organismos multilaterales.

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Con excesiva prudencia, que no es congruente con las previas sanciones al gobierno chavista, Alemania, Gran Bretaña, Francia y España, países líderes de la Unión Europea han reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional, perseguida por el chavismo, pero le dan un plazo al usurpador Maduro para que en máximo ocho días convoque “elecciones transparentes y libres” o, de lo contrario, ellos reconocerían la legitimidad del presidente Guaidó y el apoyo a la recuperación del país del desastre de estos últimos veinte años (el 2 de febrero se cumple la segunda década del primer juramento de Chávez).

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Los demócratas que seguimos paso a paso el titánico esfuerzo por la recuperación de Venezuela fuimos sorprendidos el jueves por la incapacidad del Consejo Permanente de la OEA de aprobar el proyecto de resolución que reconocía la presidencia constitucional interina de Juan Guaidó. La declaración que emitieron 16 países era la coherente con la Resolución 2929, del 5 de junio de 2018, en la que la Asamblea General declaró que “el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”. En consecuencia, los gobiernos decidieron  “aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21”. Entre los importantes y bien cuidados pasos para mantener la cohesión de su gobierno, dentro del país, y el apoyo internacional, el presidente interino Guaidó tendrá que convencer a los países dependientes de los hidrocarburos, hábilmente manipulados por el chavismo, de que no perderán acceso a estos en condiciones equitativas. A la hora de cierre de esta edición, las democracias habían conseguido una importante victoria frente a Rusia, al conseguir llevar al Consejo de Seguridad de la ONU el problema venezolano como uno que afecta la seguridad del mundo. Las decisiones de la ONU también deberían apuntar a la recuperación del orden republicano, que es el representado por los personeros de las últimas elecciones legítimas realizada en Venezuela, que fueron las de la Asamblea Nacional.

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La recuperación de la institucionalidad venezolana precisa, como bien han señalado el presidente (i) Guaidó y las más importantes ONG de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas se acojan a la amnistía que el gobierno legítimo ha aprobado para ellas y los funcionarios públicos, y se abstengan de seguir causando víctimas entre la población que se encuentra en las calles defendiendo la Constitución, de acoger a criminales extranjeros, así como de acatar órdenes de agredir a países amigos de Venezuela, que no cómplices del usurpador Maduro y sus secuaces. Cuando acepten la ilegitimidad de las canonjías que les entrega el chavismo y la legalidad del nuevo orden, las Fuerzas Armadas estarán acatando la Constitución y las leyes que juraron cumplir.