El mundo está revuelto, por todos los continentes la gente vive insatisfecha y el Estado no da señales de escuchar los mensajes. París vivió a lo largo de varios meses, desde octubre de 2018, el asedio sabatino de los “chalecos amarillos” en protesta contra las políticas tributaria y social del gobierno de Macron, con efecto contagio en Bélgica, Alemania, Italia y España. Hong Kong lleva 6 semanas en violentas protestas pidiendo autonomía y respeto a los derechos humanos. En Gran Bretaña se suceden las marchas a favor y en contra del Brexit. Los indígenas ecuatorianos salieron a la calle y obligaron al gobierno de Lenin Moreno a anular el incremento de los precios de los combustibles y las medidas impuestas por el FMI: baja del 20 por ciento en los salarios y reducción del período de vacaciones. En Chile, las masivas protestas obligaron al gobierno de Sebastián Piñera a anular el incremento del tiquete de metro y a estudiar cambios en el modelo por la mala educación, la carestía de la vida, las pensiones y la desigualdad social. Haití lleva meses paralizado por las protestas ciudadanas que el mundo no quiere ver ni oír. En México, la institucionalidad ha sido derrotada por los narcos. En Barcelona, grupos favorables a la independencia llevan tres semanas de protestas violentas en las principales calles de la ciudad y lo mismo sucede en las capitales de las otras tres provincias. En Líbano, trece días de protestas sociales obligaron la renuncia del Gobierno de Saad Hariri. En Irak, la represión a las manifestaciones ciudadanas ha causado 230 muertos durante el mes de octubre. Y ni qué decir de los enfrentamientos armados en África y Oriente.

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El sistema neoliberal hace aguas. La gente está cansada y ese hartazgo se traslada a las calles: Ecuador, Chile, Argentina son una muestra cercana de que la población no resiste más cargas económicas para sostener un sistema que no le reporta beneficios. Al contrario, el Estado trasladó a los usuarios el costo total de los servicios públicos domiciliarios mediante la privatización de empresas prestadoras; también obliga, a través de “subsidios invertidos”, a las clases trabajadoras a pagar el funcionamiento de los servicios públicos: educación (matrículas altas y créditos comerciales), salud (altas cuotas mensuales como afiliados y repago de cada consulta y medicamentos), carreteras (peajes cada vez más cercanos entre sí), vigilancia (privada en edificios y urbanizaciones), altos precios del combustible  del transporte público; y, de paso, también se asumen los gastos de funcionamiento del Estado vía impuestos predial, industria y comercio, consumo, renta, entre otros.  Cada vez más, el estado neoliberal se parece a la Francia prerrevolucionaria y a la Nueva Granada colonial, asfixiadas por los impuestos y por el derroche de los gobernantes.

El modelo chileno fue el laboratorio para aplicar el neoliberalismo en América Latina, aprovechando la existencia de una dictadura que respondía con mano fuerte a las protestas ciudadanas. En este marco, se instauró en Chile en 1981 el régimen de pensiones privadas y se vendió a Latinoamérica como una panacea. En los años 80, eran frecuentes las giras del ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, por todos los países del continente explicando las maravillas del modelo chileno y las ventajas del sistema privado de pensiones. Después vinieron las otras fórmulas privatizadoras, que se llevaron al pie de la letra a la Constitución de 1991.

Hoy esta fórmula es universal bajo el principio de austeridad implantado en las constituciones de los Estados que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional: recortes en salud y educación, aumento de la edad de jubilación y bajas pensiones, desempleo, frustración social por salarios bajos y altos precios, desigualdad e inequidad, dificultad en el acceso a los servicios básicos, altos costos de las matrículas y detrimento de la calidad de la educación pública, créditos educativos con tasas de interés comerciales, un régimen de salud que se paga doblemente y no atiende a tiempo ni satisfactoriamente, mientras los altos poderes del Estado, el Congreso y los organismos de seguridad tienen un régimen de pensiones diferente al de los ciudadanos comunes y corrientes, desempleo y subempleo profesional, en fin, un panorama muy oscuro y un futuro poco halagador para las nuevas generaciones, que estando mejor capacitadas que sus padres no pueden costearse sus necesidades básicas.

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Este es el mapa social de todos los países de América Latina, de África, de la mayoría de estados asiáticos y del sur de Europa. En ellos, el neoliberalismo es una máquina productora de riqueza para una capa privilegiada de la población, que arrasa con la estabilidad de la clase media y con los sentidos de identidad y pertenencia de las mayorías sociales. La riqueza de unos pocos es la pobreza extendida sobre las clases medias y bajas. El neoliberalismo fue una solución a los problemas del mercado, no de los ciudadanos, y como tal promueve la inequidad y la desigualdad.

Hay un clima de agitación social permanente porque el mundo no funciona bien. El Estado se queda corto para satisfacer las necesidades de la gente. El desasosiego y la incertidumbre son de tal magnitud, que la población se tira a la calle dispuesta a jugarse el todo o nada. Y las perspectivas no son mejores. La sociedad se debate entre el neoliberalismo y el neopopulismo, pero tanto ruido no deja ver que la solución vuelve al humanismo y a la economía social en la que el Estado de Derecho recupere sus funciones elementales.