El acto de entrega de la investigación Narcomenudeo en Colombia, realizada por el Departamento Nacional de Planeación (y a la cual a partir de hoy le dedicaremos tres informes especiales en nuestras páginas informativas), concentró gravísimas revelaciones sobre los impactos de ese negocio en la justicia, la salud, la seguridad, la educación y la vida de los colombianos. En tanto han revelado la magnitud del problema y denunciado presiones sobre la política criminal, el DNP y la Fiscalía convocan a combatir con integralidad al monstruo de mil cabezas que es el narcotráfico en Colombia, que creció tras el espejismo de la paz como terminación del conflicto con una, aunque la más importante, sí, de esas cabezas.

La confirmación de que hay por lo menos 1,5 millones de consumidores que adquieren a mucho menor precio que en los mercados internacionales el 20% de los narcóticos producidos en el país (y que hasta compran drogas sintéticas importadas, de las que habría más de 450 tipos ni siquiera contemplados en la normatividad vigente), le da al órgano acusador argumentos para adherir a la tesis de Naciones Unidas según la cual el país ha entrado a un estado de “consumo crónico” de narcóticos. El crecimiento de consumidores ha favorecido que surjan unas tenebrosas mafias que han desarrollado crueles  mecanismos de “promoción” generalizando los “regalos” de sus primeras pruebas de drogas a estudiantes de colegio y universidad no consumidores. El paso siguiente a enviciarlos es esclavizar a consumidores que no pueden pagarse sus vicios: a esas víctimas les imponen captar más consumidores. Dadas tales circunstancias, el fiscal denuncia que “podemos llegar a perder a toda una generación de colombianos, expuestos a las drogas de consumo”. No es posible olvidar que a sus predecesoras las arriesgamos, y sacrificamos, por el narcotráfico.

La dinámica ha provocado una explosión de bandas dedicadas al microtráfico y el narcomenudeo, que hoy llegan a 1.350 organizaciones ya identificadas en el país. Consumidores y traficantes locales terminan siendo responsables de la espiral de los delitos cotidianos, como robos de bienes de consumo, y desatadores de la violencia urbana, tenebrosa en sus prácticas y demandante de grandes recursos y capacidades institucionales en seguridad, que buscan contrarrestar sus capacidades de atrapar a jóvenes dispersos y contener su accionar criminal contra la vida y las instituciones. 

A pesar de la dura realidad, poco se hace para contrarrestar el crecimiento de un negocio que tiene prácticamente dominadas amplias regiones del país, como sucede con la producción de marihuana en el Cauca. Ya en otros editoriales hemos comentado sobre el alarmante incremento de cultivos ilícitos , y su relación con el llamado desescalamiento del conflicto, la prohibición de las aspersiones con glifosato y la ineficiencia (que ahora recomienda también parar la Onu) de la erradicación manual. Y al final de la cadena, el control del narcomenudeo se hace muy confuso dados los permisos de las dosis personales, situación hábilmente aprovechada por los jíbaros para obtener favorabilidad entre jueces que no están cobijados por la que el doctor Martínez considera debe ser “una política criminal coherente y estricta”. A los vacíos legales y desaciertos ejecutivos se vienen a sumar las incoherencias del Consejo Nacional de Política Criminal, la última, y muy grave, denunciada por el doctor Martínez. En su intervención, reconoció el apoyo del presidente Santos para desmontar un proyecto de acto legislativo que consagraba la exoneración de la responsabilidad penal para, quienes sin ser miembros de grupos criminales u organizaciones al margen de la ley, fuesen reconocidos como “responsables de actividades ilícitas” definidas por el Gobierno en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto, y estuviesen dispuestos a acogerse a programas de sustitución de actividades ilícitas. El corolario a esta amnistía general a todas las personas involucradas en el negocio del narcotráfico, incluía el agravante de la favorabilidad penal para las mujeres involucradas, procesadas o condenadas, por esos crímenes, como si el país no tuviera suficiente dolor con los abusos que los criminales hacen de adolescentes y ancianos exentos de responsabilidad penal, para utilizarlos como “mulas”, “carritos”, etcétera.

En tanto se le consideró como desarrollo del Acuerdo final, esa peligrosa iniciativa representa el modelo de proyectos cargados de orangutanes que se pretendían someter bajo los recortados poderes del Congreso y la Corte Constitucional, según el rechazado Acto legislativo 1 de 2016, o sea mediante aprobación con trámite Fast Track por el Congreso y mera revisión formal por la Corte Constitucional. Por discreción, tal vez inconveniente, de quienes participan en el Consejo de Política Criminal y por la minimización del tema por el ministro Jorge Londoño, el país no conoce al responsable de una de las ideas-tipo que pudieron ampararse en el procedimiento excepcional a buena hora no aprobado por la ciudadanía en el plebiscito del pasado 2 de octubre.