Me es imperioso ética y políticamente marchar el 21 de noviembre para pedir que se cumplan los mandatos de la Constitución de 1991 enhorabuena afanada por los otros mandatos del Acuerdo de paz de 2016. Tengo claro que no protestaré por mi situación sino por la de millones, sobre todo niños, que tienen reducida la imaginación a un incierto alimento. Marcharé contra cada una de las veinte discriminaciines negativas en alguna de las cuales yo mismo, por atavismos culturales, puedo ser victimario. Y aprovecharé, además, para poner en la calle mis viejos huesos, porque la rebeldía contra la injusticia no envejece y porque no es solo un asunto de corazones jóvenes. Lo haré sin miedo ni pereza, por convicción moral y por razones fuertes y, consecuentemente, en paz.

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En la Carta de derechos de nuestra Constitución están consagradas como obligaciones la democracia legal que se basa en la igualdad de los hombres ante la ley y la democracia social que se basa en el principio de la discriminación positiva, es decir, la equidad, al reconocer que los hombres, si bien podemos ser iguales legalmente, no lo somos realmente por condiciones naturales o por las condiciones creadas por los propios hombres, entre otras las discriminaciones negativas o simples discriminaciones.

El reconocimiento de la igualdad legal y su protección mediante derechos fue el producto de revoluciones políticas y sociales como la francesa; el reconocimiento de la desigualdad y su alivio mediante derechos, se vienen desarrollando en los sistemas políticos modernos desde principios del Siglo XX, específicamente desde la Constitución de Weimar (1919) mediante reformas que asimilaron reivindicaciones de equidad social y que fueron incluidas en la siguientes constituciones no solo por razones humanistas de solidaridad o de responsabilidad social sino también, y muy especialmente, por razones pragmáticas de sostenibilidad del sistema ante el temor al peligroso escalamiento de las movilizaciones sociales europeas del siglo XIX que terminaron en la revolución bolchevique de 1917.

Por eso se entiende la democracia liberal moderna -nuestra Constitución- como una forma de gobierno que cuida de una clase de sociedad en la que se equilibra la igualdad jurídica y la equidad social.

Pero contra las expectativas creadas por la Constitución de 1991, la democracia colombiana -la política y la social- no solo se ha estancado sino que ha retrocedido. La democracia está escrita en la constitución como carta de amor sin novia; y aún la anhelosa propuesta de matrimonio escrita en el Acuerdo de paz está siendo desairada.

En cuanto a la democracia política el poder sigue concentrado. Los prometidos de la democracia participativa como complemento a la representativa no han pasado de los “sábados felices”. Las reformas políticas específicas y la diversificación de las propuestas no han logrado parar la privatización de la política. Los políticos profesionales, los viejos y los nuevos, trabajan para sus grandes electores que financian sus empresas electorales en las que se fabrican los votos de los pequeños electores.  

La democracia social es igual. La riqueza está concentrada en pirámide. La responsabilidad social de la economía no ha pasado de la máxima de Rafael Núñez para quien la solución pasaba por practicar “caridad en la cúspide y resignación en la base”. Se saliva de satisfacción falseando con el método gini la superación puntual de la pobreza para esconder el crecimiento abismal de la desigualdad; y se relaja la medida de ingreso para ampliar falsamente la clase media. La movilidad social es de plomo. Al ritmo de las oportunidades que brinda el sistema económico, una familia de hoy -con un salario minimo de ingreso sostenido- no tendrá vivienda digna hasta dentro de tres o cuatro generaciones. Ni siquiera el motor de la economía es la producción o la innovación, sino la marrullería, la reproducción y el reciclaje financiero. Setenta por ciento de informalidad y de ilegalidad mueven la locomotora de la economía colombiana y producen el precario empleo.

La concentración de la riqueza y del poder es éticamente antidemocrática y pragmáticamente peligrosa para la sostenibilidad del sistema político democrático. Los que gobiernan, al menos los más estudiados, que son los menos, saben eso. Pero se hacen los giles, peregiles o gilipollas. O lo son. Tienen de fondo, de nacimiento o de origen, un error conceptual del cual no son conscientes o lo eluden conscientemente: identifican capitalismo y socialismo con democracia. De ese error conceptual derivan su moralidad.

La democracia no es idéntica al capitalismo ni al socialismo. Hay capitalismos más o menos democráticos. Hay socialismos más o menos democráticos. Hay democracias más o menos socialistas y hay democracias mas o menos capitalistas.

Pues bien, el capitalismo actual, el que padecemos en Colombia es profundamente antidemocrático y la democracia es patéticamente ineficiente. Y entonces, con tal cerramiento político y económico, ¿cómo sorprenderse de que el sistema político y económico sea una crispetera?

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Las convulsiones sociales, movilizaciones y revueltas, como las de finales del siglo XIX y principios del XX contra el capitalismo individualista y contra la falta de democracia política y social, son una advertencia de que el peligro de la democracia no está afuera sino que está larvado.

Comentarios:

Pedro
2019-11-20 14:19:53

Que mierda buscan con sus tales "paros" derrocar a Duque y elegir a Petro, que seamos la proxima Venezuela, ya saben que estas "marchas " han terminado en caos y destruccion afectando el mismo Pueblo. Gremios, sindicatos, estudiantes, trabajadores, que hacen apoyando esta mierda, complices???

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