Entre la medianoche del viernes 22 y la madrugada del sábado 23 de junio, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana desplegaron el helicóptero de seguridad y a 120 funcionarios, ninguno de ellos adscrito a las áreas sociales o la Personería, para que ejecutaran un operativo de seguridad en las cuatro manzanas circundantes con el Parque del Periodista. La intervención dejó un jíbaro detenido, 18 vehículos inmovilizados, el cierre de tres establecimientos que incumplían requisitos administrativos y de uno que vendía licor a menores de edad, y la incautación de cerca de un kilo de estupefacientes. Se trató, pues, de una operación sin componentes de defensa de derechos o intenciones de gestionar el espacio público que dejó resultados pírricos en materia de presencia institucional, oferta de seguridad y garantías de recuperación del espacio público en un sector de vida nocturna, mucha informalidad y pluralidad de expresiones culturales.

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La acción en la que fueron requisadas 1.800 personas, a quienes se les confrontaron sus antecedentes judiciales, fue desplegada contra los pasantes y los establecimientos comerciales de un sector reconocido lo mismo por la tolerancia que impera entre diversos que por la permisividad con el consumo de alcohol y estupefacientes, incluso en el espacio público. Y es ese consumo, aunado al ruido de algunos negocios hasta altas horas de la madrugada, lo que a lo largo de los últimos treinta años provocó la traumática transformación del sector del Parque del Periodista de una zona residencial habitada mayoritariamente por personas mayores de clase media alta a un sector de rumba, sin viviendas y muy pocas actividades de otro orden.

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La peculiar forma de usar el parque y la total ausencia de institucionalidad en el sector, incluso la necesaria para proteger a menores de edad víctimas de consumo de estupefacientes y alcohol o amenazados de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, contrasta con que este es el sitio más seguro, por ausencia de homicidios, de la comuna más violenta de Medellín. En efecto, la ausencia de muertes violentas o denuncias por atraco en el Parque del Periodista es diametralmente opuesta a la realidad de la comuna 10, La Candelaria, donde este año han ocurrido 56 homicidios, 17 más que en 2017, con aumento de 44% en el total frente a los acaecidos en 2017, que había sido un año de crecimiento en la violencia del Centro que el gobierno actual ha prometido recuperar.

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El máximo despliegue con mínimos resultados en este sector deja interrogantes sobre los objetivos de la Alcaldía en su gestión de seguridad en el Centro de Medellín. Los genera acerca de la planificación para intervenir una zona que necesita por igual mayor seguridad que gestión institucional del espacio público para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutarlo y que su uso no afecte a muchos, como son los aún residentes en el lugar. Y especialmente sobre las interferencias que impidieron que los muchos vendedores de droga, algunos con más poder que los jíbaros, presentes en ese sector, no hayan sido detenidos en tan fuerte intervención.

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Se demuestra, entonces, de nuevo, que la seguridad de Medellín es un problema de acción institucional integral, con planificación rigurosa y debido control, no otro asunto para el espectáculo mediático o de redes sociales. 

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Comentarios:

Andrés
2018-06-27 20:57:23

¿Cuándo intervendrá en el Parque Lleras? Esa zona convertida en un antro con todo tipo de delitos. ¿Será qué no intervienen por no tocar a “ciertos” personajes que Y el Parque Lleras ¿qué? Antro intocable e impenetrable de Medellin. La unica diferencia con el Parque del Periodista es el la Zona donde se ubican.

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