Al presidente Iván Duque será difícil catalogarlo de populista si logra hacer aprobar el punto más difícil de su Ley de Financiamiento, como es extender el cobro del IVA al 80% de la canasta familiar, incluyendo esos alimentos que hacen parte de la dieta de todos los colombianos como arroz, papa, carne, yuca, pan, leche, queso, huevos, granos, verduras, frutas y demás.

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Es decir, lo que esta ley va a gravar es la comida, pues lo que seguiría estando exento del cobro de IVA a la canasta es la educación, la salud, los medicamentos, los servicios públicos, el transporte y los arriendos. Y es una propuesta bastante drástica ya que estos productos que hoy no tienen IVA, y algunos que pagan el 5% (como café, chocolate, pastas y azúcar), pasarían a tributar el 18%, cuando en el pasado se han caído propuestas de gravar toda la canasta con apenas el 2%.

Sin duda, esta reforma tributaria será sumamente impopular y se le convertirá al gobierno del presidente Duque en un verdadero dolor de cabeza, pero antes de condenarla vale la pena tener en cuenta varios aspectos. Para empezar, hay que decir que el presidente Santos dejó las finanzas gravemente lesionadas y un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos. Valga decir que dobló la deuda externa del país; es decir, en sólo ocho años, este individuo nos endeudó en una cifra similar a la deuda acumulada en casi 200 años de vida republicana. Y justifican eso hablando de carreteras y túneles que, de todas maneras, han sido concesionados y pagaremos mediante peajes.

Adicionalmente, la gente exige más inversión social, pero parece que nadie quiere aportar, se mantiene el estribillo rayado de “que paguen los ricos”. Se pide más plata para las universidades, para la salud, para alimentación infantil, para vivienda, para subsidiar la producción agropecuaria, para hacer vías, para la justicia, para más policías... Y, entonces, ¿de dónde la sacamos?

Por otra parte, es un hecho verificable que la exención del IVA a la canasta familiar favorece más a los ricos que a los pobres. De acuerdo con un estudio del 2015, cada familia del decil 1 de la población (las más pobres) se ahorraba 18.900 pesos mensuales por la exclusión del cobro del IVA a la canasta, mientras que las familias del decil 10 (las más ricas), se ahorraban 278.600 pesos, o sea 15 veces más. Un pobre compra una libra de hueso carnudo por 6.000 pesos, y un rico compra un filete de mero a más de 150.000 pesos la libra. Ninguno paga IVA; muy democrático, pero poco equitativo.

Esa tremenda injusticia se puede remediar con esta reforma con la devolución del IVA a los más pobres: 4,3 millones de familias que tienen un ingreso inferior a un salario mínimo, recibirían 51.300 pesos mensuales como devolución de lo cancelado por concepto de IVA. Y no es un cuento chino, el mecanismo existe.

Sin embargo, esta medida también plantea muchos problemas. Como bien dice el expresidente Uribe, la gran afectada sería la clase media; familias que viven con la plata contada y que solo podrían afrontar un incremento de esta magnitud haciendo diversos recortes en sus gastos. De hecho, esta medida podría provocar dos efectos nocivos para la economía, como son la inflación y la caída en el consumo. Un aumento tan sustancial en el precio de tantos productos tiene que tener efectos inflacionarios, lo que golpearía doblemente el bolsillo de los más necesitados, y el recorte de gastos de muchas familias sería fatal para muchos renglones productivos.

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No hay duda de que una propuesta tan impopular es indefendible, el partido de gobierno ya se bajó del bus. Proponer un IVA del 5% o 10% para la canasta es debatible, pero arrancar en el 18% es tirar el chorro muy alto sin antes dar ejemplo de austeridad. Hay que eliminar gasto burocrático: menos ministerios, menos embajadas, menos consulados; acabar el despilfarro, combatir la corrupción y rebajar el presupuesto ya aprobado. No parece que Duque tenga margen de maniobra para una disposición de este calado, sería un haraquiri que dejaría bloqueado un gobierno que apenas empieza.