No les ha ido bien al Gobierno ni a la inteligencia militar con algunas fotografías extraídas del informe Amenazas a la democracia, la seguridad y la paz regional y publicadas en la cuenta de Twitter del presidente Iván Duque. La imagen referida a la presencia del Eln en una escuela del Táchira fue desmentida por El Colombiano que afirmó haberla recibido de la inteligencia militar como referente a actividades de ese grupo en el Cauca. Sin embargo, la ONG venezolana Fundaredes declaró que la foto fue tomada por una maestra de la escuela en Novilleros, Táchira, en 2013 y la incluyó en su informe de 2018 sobre presencia de grupos ilegales colombianos en Venezuela. Una segunda imagen, referente a un cambuche, fue desmentida por un fotógrafo internacional. Al defender, en un foro de la Universidad de Miami y el periódico The Miami Herald, la veracidad y profundidad del informe que el Gobierno insiste en mantener en secreto, el presidente Duque señaló que esas imágenes cumplían una “función de contexto”, no central, en el documento-denuncia que le entregó al secretario general de la ONU, y que debe ser cabeza de proceso en una investigación seria sobre las amenazas del régimen chavista a Colombia.

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Las resonantes fallas de comunicaciones e inteligencia militar tras la publicación de esas imágenes lograron, sin embargo, un efecto difícil de obtener de otra forma, dadas la “privacidad” del informe que revela los alcances de la alianza de la dictadura chavista con las organizaciones criminales colombianas y el creciente desinterés de los organismos multilaterales, los medios de comunicación y la opinión pública por los problemas más complejos del presente.

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La confusa utilización de las imágenes de la escuela rural Novilleros del estado Táchira da una inquietante señal: la debilidad de la inteligencia militar colombiana para generar información confiable. Además de afectar la primera denuncia formal que el país hace sobre el ya largo contubernio de grupos criminales y gobiernos mafiosos incontenidos por la comunidad internacional, la confusión delata la soledad de las autoridades colombianas en su lucha, legítima y legal, contra la alianza criminal que se ha apoderado de Venezuela.

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En cuanto se dé vuelta a la página del mal uso de las imágenes, que debe incluir correctivos donde sea necesario aplicarlos, competerá a los demócratas del mundo exigir al secretario Guterres, lo mismo que a los líderes de la OEA, que analicen con la seriedad que las circunstancias exigen, las denuncias sobre las acciones de Venezuela como exportadora de la revolución comunista y socia de los negocios de narcotráfico, minería ilegal y lavado de dinero de los que son protagonistas internacionales de primer orden las Farc, el Eln, los clanes paramilitares y otros grupos irregulares con acción a ambos lados de la frontera. La dimensión de esta realidad, visible en el mapa de 207 puntos de presencia armada en Venezuela (ver gráfico) no ocurre por la incapacidad del Estado colombiano de combatir a esos grupos criminales; sino por el interés de los gobiernos de Venezuela y Cuba de ampliar el dominio del chavismo en estados venezolanos donde la oposición avanza, así como el de avivar y ampliar la crisis de las regiones de frontera, evitando que Colombia avance hacia una paz “estable y duradera” por los caminos democráticos y del Estado de Derecho. La confirmación de la existencia del riesgo conllevaría a que la ONU se comprometiera con la protección de un país miembro amenazado por el terrorismo internacional, como lo pidió el presidente Duque en su intervención ante la Asamblea General.

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Sin duda, hay logros de la diplomacia colombiana en el establecimiento de una misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, así como la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -Tiar- para contener las amenazas del chavismo a sus vecinos. Pero estos pasos son bastante insuficientes para alcanzar las garantías de que cese el peligroso contubernio de la dictadura chavista con los más peligrosos grupos armados ilegales del continente, destinado a mantener la dictadura de Maduro y la amenaza sobre las instituciones y el pueblo colombiano. Y son mínimos para ofrecer respaldo a la oposición venezolana, debilitada por el precario apoyo internacional y la huida masiva de habitantes que pudieran estar en las calles luchando contra el régimen, en su desigual batalla para restaurar las instituciones, la democracia y la economía de un país que en veinte años ha sido devastado por la ambición de los Castro por extender el modelo comunista a América y los abusos de Chávez y Maduro, los tiranos que sacrificaron a su pueblo y se han prestado para amenazar a su vecino, en supremo acto de adulación a sus inspiradores. En esas circunstancias, el análisis responsable que el secretario Guterres haga de la valerosa denuncia presentada por el presidente Duque es la garantía que necesita Colombia de que se actuará para contener la mayor amenaza a su pueblo e instituciones.