Los marchistas del 21 de noviembre son, en lo fundamental, minorías activas y organizadas que con la acción directa logran aumentar sus ingresos a expensas de las mayorías atomizadas que conforman el resto de la sociedad.
La mayoría de los marchistas del 21 de noviembre son empleados públicos o aspirantes a serlo, gentes que reciben transferencias del gobierno o que esperan recibirlas.
La interpretación que los medios de comunicación y, aparentemente, el Gobierno Nacional están haciendo del paro del 21 de noviembre, y de las marchas violentas que lo acompañaron, es inaceptable.
La mayoría de los marchistas del 21 de noviembre son empleados públicos o aspirantes a serlo, gentes que reciben transferencias del gobierno o esperan recibirlas, estudiantes y profesores universitarios y algunas personas de buena fe que creen luchar por la justicia. Por eso, el "diálogo social", del que habla el presidente, de hacerse exclusivamente con estos quejosos, seguramente se traducirá en el aumento del gasto público, mayores déficits fiscal y de cuenta corriente, mayor endeudamiento y, a la postre, mayores impuestos.
Los maestros de Fecode ganan más que la mayoría de los colombianos. Cualquiera ellos gana más que los 7.000 dólares que son el PIB per cápita colombiano. Además de tener un ingreso que supera el de la inmensa mayoría de los colombianos, los maestros tienen un sistema pensional privilegiado. Pueden jubilarse a los 55 años, con 20 años de trabajo y el 75% de la remuneración del último año. Como edad de retiro forzoso en el sector público, muchos de ellos acumulan dos pensiones. También tienen un sistema especial de salud que tiene una mayor cobertura del sistema general de las EPS y cuya financiación, en lo fundamental, corre a cargo del presupuesto nacional. Los colombianos hacemos un esfuerzo grande para remunerar bien a los maestros oficiales y ellos agradecen con paros y marchas todos los años y dando a los jóvenes y niños una educación de la peor calidad. No hay peor crimen que enseñar mal.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que dice representar a la clase obrera, es un sindicato prácticamente sin obreros: solo el 5% de sus afiliados son obreros industriales. Más del 55% de los afiliados son funcionarios del sector de la salud y la seguridad social, la Contraloría, Bienestar Familiar, la rama judicial, docentes de universidades públicas y funcionarios al servicio de diversas entidades del estado. El grueso de los obreros y trabajadores industriales pertenece a empresas del estado o en las que el estado tiene participación, como la Unión Sindical Obrera (USO) que agrupa a los trabajadores de Ecopetrol, los mejor remunerados del país.
La remuneración mínima de los afiliados a la CUT equivale a tres veces el salario mínimo. Tienen plena cobertura de seguridad social en salud, muchos con regímenes especiales en los que se cotiza menos y se recibe más, y gozan de una estabilidad laboral absoluta. Como los maestros de la Fecode, tampoco las frecuentes huelgas que realizan, interrumpiendo ilegalmente la prestación de los servicios esenciales que prestan, dan lugar a una disminución de sus remuneraciones.
Las 32 universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) reciben anualmente $ 5,5 billones del presupuesto general de la Nación, $ 0,5 billones por la estampilla, que grava todos los contratos de obra pública, y $ 0,3 billones de los presupuestos de las entidades territoriales. En total, las universidades SUE reciben anualmente, de los impuestos pagados por los colombianos, 6,3 billones de pesos, lo que equivale a cerca de 6 millones por alumno. ¿Parece poco? Ese el ingreso de medio año de un trabajador de salario mínimo.
Los opositores a la reforma pensional son de dos tipos: los que tienen pensiones jugosas, sin haber ahorrado lo requerido para ello, especialmente políticos, antiguos jueces y magistrados y ex - funcionarios públicos; y los que se jubilaron o se jubilarán con pensiones pequeñas porque no ahorraron lo suficiente. Los primeros quieren defender sus prebendas financiadas con recursos públicos, los segundos quieren tener acceso a ellas. Por eso, unos y otros defienden el sistema que hoy castiga a los más pobres quienes, por disposición de la sabia Corte Constitucional, no pueden pensionarse con menos de un salario mínimo.
Los marchistas del 21 de noviembre son, en lo fundamental, minorías activas y organizadas que con la acción directa logran aumentar sus ingresos a expensas de las mayorías atomizadas que conforman el resto de la sociedad.
Los otros marchistas son los militantes y activistas violentos de la izquierda radical, que tienen sus propios objetivos políticos de acuerdo con las orientaciones del Foro de Sao Paulo, organización creada en 1990, por Fidel Casto y Lula da Silva, con el propósito de acabar con el capitalismo y la democracia liberal e implantar el socialismo y un régimen despótico, como los de Cuba y Venezuela.
Gustavo Petro y Sergio Fajardo los candidatos de los partidos que hacen parte del Foro –Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Verde, Farc, Partido Comunista, Unión Patriótica– fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 2018. En las elecciones del 27 de octubre esos partidos obtuvieron en las elecciones para asamblea el 15% de la votación.
Por tanto, esos partidos y movimientos quieren imponer mediante la acción directa y la violencia un programa que no fue apoyado en las urnas, como lo están haciendo en Chile y Ecuador.
Nuestras instituciones económicas y políticas, que nos han permitido progresar, por imperfectas que sean, merecen ser defendidas porque siempre serán mejores que las implantadas por los partidos del Foro en los países donde han llegado al poder.
La defensa de esas instituciones no puede ser exclusivamente del Gobierno y de nuestras heroicas Fuerzas Armadas. Si no las defendemos entre todos las perderemos para todos. Si perdemos nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra economía de mercado y nuestras propiedades, no será culpa del Gobierno, ni de los partidos de la izquierda violenta, será culpa de todos nosotros que no supimos defenderlas a tiempo. Es nuestra obligación movilizarnos y hacernos sentir por todos los medios, incluso en las calles, si es necesario.
Si el Gobierno quiere dialogar con los que viven de los impuestos, debe hacerlo también con los que los pagamos. Si el Gobierno quiere dialogar con los partidarios del socialismo y la dictadura del proletariado, debe también dialogar con los partidarios del capitalismo y la democracia liberal.
*Alianza EL MUNDO-Al Poniente
Prohibida su reproducción total o parcial. La traducción a cualquier idioma está permitida estrictamente para usos pedagógicos y debe citarse la fuente. Reproduction in whole or in part is forbidden. Translation in any language is permitted strictly for pedagogic uses without written permission, and credits shoud be given to EL MUNDO.
Webmaster: webmaster@elmundo.com - Contáctenos en la Calle 53 #74-50 Barrio Los Colores en Medellín - Colombia - Teléfono (574) 2642800
Mi Mundo
Regístrate
