En cumplimiento del mandato del Consejo de Seguridad al secretario general de la ONU y garante de la Misión de verificación del proceso de paz en Colombia, Jean Arnault, jefe de la delegación en el país, presentó este jueves su tercer informe sobre los avances en la implementación del acuerdo suscrito con las Farc.

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Aunque atenuado con los cuidadosos términos de la diplomacia internacional, el documento hace un severo juicio al cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno, que no lo mismo por las Farc, y pretende ordenar al presidente electo, Iván Duque, no hacer variaciones al acuerdo, mandato que desconoce la fuerza de la voluntad del constituyente primario en su decisión electoral. Dadas esas calidades, el informe profundiza el severo desbalance en garantías y obligaciones que el gobierno del presidente Santos admitió en el acuerdo final con las Farc.

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A lo largo de las 17 páginas que lo constituyen, el documento leído y comentado en la sesión del jueves en el Consejo de Seguridad enumera cuidadosamente vacíos y carencias en la ejecución de las obligaciones del Gobierno para la implementación del acuerdo en materia de reincorporación, particularmente en la oferta de oportunidades y seguridad jurídica a los desmovilizados. A pesar de ser minucioso, el documento descuida mencionar, siquiera, que el Gobierno asumió responsabilidades materiales y jurídicas que ni siquiera ha podido atender para la ciudadanía. Mucho menos se esfuerza por vincular el crecimiento de cultivos de coca, que sí reconoce, y actividades de narcotráfico en territorios antes dominados por las Farc, con las enormes dificultades para garantizar la seguridad a las comunidades, la atención a la ciudadanía y ofrecer reincorporación a los combatientes.

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En contrario, el informe ha sido especialmente benevolente con las Farc, organización a la que en el acuerdo apenas se le exigió entregar sus armas, incluyendo la ubicación de minas antipersona; los menores de edad reclutados forzosamente; las listas de desmovilizados; los secuestrados aún en su poder; así como sus bienes e información suficiente sobre sus vínculos con actividades ilegales, a fin de reparar a las víctimas y poner fin a tales actividades. A pesar de que en otros documentos ONU se ha criticado la ineficiente liberación de menores de edad, este documento pasa por alto cualquier referencia a tan trascendental hecho. Por otra parte, y en lo atinente a las listas de desmovilizados, sorprende que la ONU y el Gobierno le hayan admitido a las Farc que van a entregar, apenas, una nueva lista de mil miembros de la organización, que, alega, “que, por diversas razones, no pudo incluir en la lista presentada en agosto de 2017”. A lo largo del documento no existe una sola mención a las fallas en la información sobre caletas, menos la hay al cinismo de la lista de bienes; en contraste, el informe hace responsable al Gobierno, y no a las Farc, de no haber localizado a miles de miembros de ese grupo, para acreditar su proceso de desmovilización.

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Mención especial en el conjunto de desaciertos del documento que el gobierno del presidente Santos, a través del vicepresidente Naranjo, no objetó y ni siquiera controvirtió, es la que merece la referencia que en él se hace a la situación de alias jesús santrich, solicitado en extradición por la justicia estadounidense por haber participado en narcotráfico tras su desmovilización. Sin hacer mención alguna a la gravedad de la reincidencia, el documento pretende imponer otra culpa al Estado porque “este caso acentúa la sensación de hallarse en un limbo legal que predomina entre los exmiembros de las Farc, producto de la prolongada controversia sobre el sistema de justicia transicional”. Al mismo tiempo, celebra que (apenas) 54 de más de 16.000 movilizados estén colaborando con los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

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Aunque fue promesa central del proceso, coreada por los responsables de la ONU, la centralidad de las víctimas en los acuerdos y los discursos se convirtió en invisibilidad en el documento escrito por el delegado Arnault y suscrito también por el secretario general, Antonio Guterres. No hay mención a ellas en la referencia, con aplauso incluido a pesar de las debilidades señaladas, a las primeras comparecencias de miembros de las Farc y el Ejército ante la JEP. Mucho menos existen en el fuerte respaldo a la participación de miembros de las Farc en el Congreso, declarado cuando señalan que “la participación de los representantes de las Farc en el Congreso es un paso importante”, así esta participación ocurra sin que hayan comparecido ante la JEP y se les hayan impuesto las sanciones que corresponden a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad en que incurrieron.

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La severidad contra el Estado y la laxitud frente a las Farc en este informe de la misión de la ONU contrasta con la generosidad de las misiones de la Unión Europea, la FAO, el Pnud y otros personeros de la comunidad internacional que apoya la implementación, instituciones que destacaron lo realizado y anunciaron que “estaremos ahí con el nuevo Gobierno construyendo paz, trabajando para consolidar la estabilidad y seguir recogiendo los frutos de esta paz que generosamente y valientemente se está construyendo”. A ellos sí que vale la pena declararlos amigos de Colombia.

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