Por: Alejandro Jaramillo Hoyos*

Este año 2019 comenzó con hechos desafortunados y violentos que han puesto a tambalear la esperanza de construir la paz en Colombia y en la región. La agudización de la compleja situación política en Venezuela plantea desafíos para todos los países latinoamericanos, y la intromisión de poderes supranacionales encarnados en países como Estados Unidos, China y Rusia hace difícil hacer una lectura clara de esta crisis que afecta a todo el hemisferio.

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De nuestro lado, el año pasado terminó con un acuerdo inconcluso entre gobierno y estudiantes de la universidad pública, con más asesinatos de líderes reclamantes de tierras y con un clima de zozobra y polarización frente a las actuaciones de entes gubernamentales como la Fiscalía General de la Nación.

Este mes, los asesinatos de líderes han seguido y la violencia parece tomar de nuevo la delantera con el lamentable atentado a la Escuela General Santander de Bogotá, que generó un triste retroceso en el proceso de negociación con el Eln.

En este panorama, el país debate sobre la manera de afrontar el terrorismo, la inseguridad y la violencia. Los medios de comunicación tienden a amplificar el desencanto, y la ciudadanía contempla atónita esa corriente que privilegia, de nuevo, la seguridad casi como tema único. Así, el terrorismo empieza a cumplir su objetivo: sólo se habla de seguridad, sólo se siente miedo, un fantasma vuela sobre nuestras cabezas.

Mientras por todas las vías, la sociedad se empieza a sentir amenazada y se avalan soluciones radicales, la población y las comunidades educativas del país intentan sobrevivir en medio de ese clima adverso, en el que los temas clave para la construcción de la democracia, de la paz y del desarrollo pasan a un plano secundario. Aspectos como la educación, la migración, la diversidad, el medio ambiente, la Ley de Tierras, los derechos o la tecnología tienden a no ser una prioridad.

El peligro al que nos enfrentamos es mayor que el del terrorismo. Si la sociedad pierde de vista la importancia de fortalecer el sistema educativo, si el pánico nos hace retroceder en las conquistas logradas en cuanto a cobertura, acceso y calidad de la educación, y si temas como el respeto a la vida, los derechos y la diversidad no son tratados como vitales para la sociedad, estaremos ante un grave riesgo. Esto, además, podría pasar sin que ni siquiera nos demos cuenta. Si tanto las informaciones mediáticas como las actuaciones políticas se centran sólo en las soluciones armadas para hacer frente a las amenazas internas y externas, si entre los temas de debate no se siguen planteando la educación y la democracia como prioridades, la amenaza es la del resquebrajamiento paulatino de la sociedad.

Ese resquebrajamiento, para mí, se vería representado en la pérdida de oportunidades de avance en políticas educativas que prioricen las necesidades de las zonas y sectores poblacionales más vulnerables y afectados por la violencia y la guerra, como lo son por ejemplo los territorios rurales. Para fomentar la calidad de la educación se requiere que tanto docentes como familias y estudiantes sientan que son importantes para el país, que sientan y sepan que el país los reconoce y los protege.

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Pero proteger no es algo que se haga por la vía armada. La historia de muchos territorios así lo ha demostrado. La confrontación violenta trae desencanto, pobreza, desplazamiento y desarraigo. Sus pobladores no pueden ocuparse de la educación porque deben primero ocuparse de salvar sus vidas. Así que la protección del acceso a la educación y los derechos humanos supone y exige la garantía de la no violencia. Para que las escuelas florezcan y esos héroes y heroínas que son las y los directivos educativos y docentes del país puedan enseñar en un clima de democracia, se requiere que la nación en su conjunto no pierda de vista que la seguridad nace de la educación.

*Coordinador de la Red de Liderazgo Educativo en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.