La guerra inscrita en el cuerpo es uno de los más reveladores y trascendentales informes de investigación entregados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de su mandato de documentar y analizar los hechos producto del conflicto armado en el país. Con la investigación dirigida por la antropóloga Rocío Martínez Montoya y cuidadosamente desarrollada en talleres con 269 víctimas, el 91,6% niñas, adolescentes o mujeres adultas, el informe pone sobre la mesa la intencionalidad, continuidad y crueldad de la violencia sexual en el conflicto. Ese crimen se sigue perpetrando por la indiferencia del Estado y la muy frecuente tolerancia de comunidades y familias, su recurrencia se oculta por el temor y dolor convertidos en silencio de las personas ultrajadas por feroces victimarios.

El informe estudia 15.076  casos de violencia sexual documentados. Los investigadores, así como la periodista y experta Jineth Bedoya, reconocen que estos son ínfima parte de los que perpetraron distintos responsables (vea la investigación aquí: goo.gl/7Cwmip). Fruto de las entrevistas, hechas con métodos que privilegian el respeto por personas, evitando caer en las revictimizaciones que se presentan cuando se les obliga a narrar inútilmente el hecho doloroso, los investigadores reconocieron responsables y características de esta violencia. Sobresale que en el 26,3% de los hechos no se han denunciado los responsables, un dato que exige profundizar para entender si la falta de señalamiento obedece a la presencia de múltiples actores armados en el territorio y al temor de las víctimas por la retaliación de perpetradores que mantienen su poder. Igualmente, preocupa que hasta el 21 de septiembre pasado se hubieran documentado 950 actos de violencia sexual perpetrados por grupos armados posteriores a la desmovilización, o sea bacrim y disidencias de las Farc; tales crímenes desmienten, trágicamente, la promesa de no repetición de la violencia.

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El análisis detalla las múltiples acciones usadas por los victimarios para los sistemáticos crímenes de violencia sexual: violación, desnudez forzada, esclavitud sexual, prostitución forzada, amenaza sexual, planificación forzada y aborto forzado. Algunos perpetrados, como el fariano Raúl Reyes, segundo en ese grupo cuando vivía, fueron responsables de cometer esos crímenes contra niñas y adolescentes que ya habían sufrido la barbarie del reclutamiento forzado. Reconoce el informe que la sistematicidad en la violencia sexual es común a la guerrilla, donde fue permanente y de baja intensidad, y el paramilitarismo, señalado como más brutal por su intención de usarla como instrumento para sembrar terror. Para ambos agentes, esa violencia fue intencionada, pues buscaban con ella controlar a las víctimas y a través suyo ejercer poder sobre las comunidades y dominio sobre el territorio. Los 206 crímenes sexuales perpetrados por individuos que traicionaron su juramento como miembros de la fuerza pública deben ser debidamente aclarados y sancionados, así como sus víctimas reparadas.

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Esta investigación, cuya sola lectura es dolorosa, es punto de partida para reconocer la dignidad de las víctimas, y la inhumanidad de los atacantes; ofrecer justicia a personas y comunidades vejadas, y crear condiciones de seguridad y protección a la infancia, la adolescencia, las adultas y los adultos en riesgo de ser agredidos.

Con la claridad e independencia que se extiende por las 550 páginas del documento, los autores reclaman al Estado, la protección de las víctimas y decisiones que garanticen el fin de estos crímenes; de la educación y los agentes culturales, formar criterios de comprensión y rechazo a estas violencias; del sistema de salud, capacidad de atención a las víctimas, y de la justicia, cumplir su deber. Sobresale particularmente su llamado de atención a las Farc, que se han mostrado renuentes a decir la verdad y reconocer culpas por estos hechos y otros graves crímenes, “como parte de las medidas de reparación y voluntad de paz que el actual proceso demanda”.

Este inmenso aporte a la comprensión del conflicto en Colombia es producto del trabajo coordinado por la antropóloga, magister e investigadora Rocío Martínez Montoya. En él, los miembros de la Comisión de la Verdad encontrarán una seria base, y un respetable enfoque, para la responsabilidad que asumen. La ciudadanía, tendrá el medio para comprender la guerra y ganar capacidad de abrazar a sus víctimas.