La gran prensa mundial está indignada con la decisión del gobierno ecuatoriano de levantar el asilo y retirar la nacionalidad, concedidos por los presidentes Rafael Correa y Lenin Moreno, al propagandista australiano Julian Assange. Esos  medios, coreados por extremistas políticos, han aabierto debates llenos de confusiones, a las causas judiciales contra el dueño de WikiLeaks. En la discusión se están retomando los planteamientos de 2012 sobre la tensión entre las garantías de libertad de prensa y de seguridad de los Estados, así como las relativas al derecho de asilo.

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Los beneficiarios de los documentos que Assange usó como seguro de inmunidad aprovecharon para denunciar violaciones a los derechos humanos y escandalizar a los países amigos de Estados Unidos. Alegan que el proceso judicial contra Assange amenaza la potestad del periodismo para vigilar a los responsables de decisiones públicas y a su obligación de divulgar hechos, documentos y datos que los poderes pretenden esconder. Esta argumentación se sustenta en una grave falta a la verdad y oculta una inquietante perspectiva ética sobre el periodismo de investigación.

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Falsean los hechos quienes muestran a Assange como un periodista y a su portal como ejemplo de compromiso con la verdad, ambos víctimas de una feroz persecución política por un Estado descubierto en la comisión de delitos. Pero la causa que la Corte del Virginia del Este abrió contra el australiano no se refiere a la filtración y divulgación de los casi 700.000 documentos que publicó en WikiLeaks y entregó a grandes medios de comunicación; según es claro en comunicado de esa corte (ver el documento en www.elmundo.com), al propagandista lo investigan por  el delito de “piratería informática” cometido al ingresar fraudulentamente tras robar contraseñas, a la red de seguridad de Estados Unidos, para robar información relativa a las guerras de Irak y Afganistán y correos de las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos en otros países. Contario a lo que ocurre con Assange, y antes sucedió con su aliada, Chelsea Manning, no hay procesos contra los medios de comunicación que divulgaron las filtraciones.

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En cuanto a las potestades, responsabilidades y limitaciones del periodismo de investigación, quienes hacen suya la causa del pirata informático parecen avalar que el periodismo viole la ley o sus códigos éticos a fin de obtener informaciones de interés público. Y es que confunden que los medios reciban información filtrada por fuentes interesadas con que sus periodistas violen leyes para obtener documentos, como lo hicieron Assange o Manning. Cuando reciben, o incluso cuando buscan, información filtrada, los periodistas no delinquen porque no robaron y porque valoran su veracidad y el interés público de ella, contrastándola con fuentes, las intenciones de quien filtra indebidamente la información, y el impacto que la divulgación de los hechos puede tener sobre los derechos de otras personas o de la sociedad.

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Ahora, sobre los mecanismos que tiene la prensa para acceder a información que los responsables de asuntos públicos, lo mismo el Estado que particulares que manejan bienes públicos, pretende mantener ocultos, hay virtuosos ejemplos de organizaciones, como National Security Archives,  de la Universidad George Washington, que han conseguido la desclasificación de reveladores archivos de seguridad nacional de Estados Unidos y han logrado mover las rígidas leyes que protegen los secretos de los Estados. Más que la situación particular de un carismático activista tan anti yanqui como pro ruso, los interesados en las libertades de prensa y expresión podrían prestarles importantes servicios ocupándose de acciones para flexibilizar los mecanismos de acceso de los medios de comunicación y la ciudadanía a la información al cuidado de responsables de asuntos públicos, así como de medidas para hacer al Estado tan transparente como se pueda. Las actividades y rigurosos logros del NSA muestran la distancia entre el activismo político y un ejercicio académico a favor de la democracia.

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Este caso ha motivado también discusiones sobre los riesgos para el derecho de asilo en caso de que un país cambie de gobierno, discusión también con rasgos de falacia toda vez que la causa de EEUU contra Assange es por un delito común, como lo fue la que le abrió la justicia sueca por un caso de abuso sexual, además de que el presidente Moreno explicó que el asilado, por un gobierno enemigo de la libertad de prensa, había violado las reglas de su permanencia en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Como parece volverse corriente, el mundo está siendo llamado a defender una causa que ha puesto en riesgo, no defendido, los más caros valores de la democracia.

Comentarios:

Fernando
2019-04-16 06:21:16

Falto un solo lado para que no se convirtiera el hecho en un gesto de intento de tirárselo a las fiera se: preguntar a otro país si le querían dar asilo

Edgar
2019-04-14 09:25:16

Aquí, lo más definitivo en la toma de la decisión del presidente Lenin Moreno, fué el abuso de la confianza que el país de Ecuador le había dado a Assange, dándole asilo en su embajada. Julián Assange estaba hablando pestes de los dueños de casa, y así no se puede.

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