El enfoque burlesco o justiciero que ha prevalecido en la amplificación en redes sociales y medios de comunicación, así como por despistados voceros públicos, del violento matoneo entre adolescentes estudiantes del mejor colegio público de Medellín ha creado un clima de opinión tóxico para agresoras, agredidas e institución educativa. En ese contexto es difícil que la sociedad pueda tomar las lecciones que un caso como este le ofrece.

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El gran aporte pedagógico de este proceso fue entregado, para bien del Inem José Félix de Restrepo, por el rector Fernando Carvajal Oquendo, quien ha sabido resistir invitaciones, y hasta presiones, a victimizar a las agresoras. Con gran conocimiento, el directivo ha enseñado a entrevistadores, particularmente de la radio, y opinadores, que la protección y restitución de sus derechos no son exclusivas de las menores agredidas en el episodio, sino que ha de ser ofrecida a las agresoras menores de edad, cuyo comportamiento deben explicar sus padres, entender sus orientadores y ayudar a transformar los educadores, entendiendo, como explicó el rector, que su retiro del sistema educativo sería catastrófico.

La sensatez que el rector Carvajal ha traído a un episodio manejado con sensacionalismo, cuando no virulencia, no minimiza ni oculta los graves errores de muchos otros actores y la urgencia de acciones pedagógicas y correctivas que los contengan.

Junto a la gravedad del matoneo cuyos detalles son observados y comentados con la fruición con que se observan los espectáculos, a pesar de ser una tragedia, son fuente de seria preocupación las inapropiadas reacciones de compañeros, ciudadanos y medios de comunicación, y la indolencia de autoridades que todavía no espabilan a tomar decisiones protectoras de las niñas.

Mucho que aprender dejan la pasividad de alumnos que se limitaron a observar como la agresión a dos niñas por dos compañeras, así como las burlas de quienes se tomaron tan grave situación como un hecho hilarante.  Y resulta muy grave la ilegal divulgación, por estudiantes, ciudadanos y medios de comunicación, de un video en el que las niñas son claramente identificadas. Esta práctica viola el Parágrafo 8 del artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia, que obliga a medios de comunicación -es ley previa a redes sociales- a  “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos…”.

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De la divulgación que revictimiza a quienes sufrieron el ataque pero también a las agresoras, que merecen ser reconocidas como víctimas y que la sociedad descubra qué las dañó y las ayude a reconstruirse, son tan responsables quienes han participado de la masificación de ese video como la Alcaldía de Medellín y el Icbf, autoridades que tienen el deber de intervenir ante la red Youtube para exigir que desmonte los videos violatorios de derechos.

Comentarios:

augusto
2018-02-03 11:44:21

¿Que hizo el rector, el alcalde, el gobernador, el presidente? ¿Creen que con solo comentar todo se arregla? Debería existir un procedimiento para asuntos como estos ¿No existe un equipo interdisciplinario encargado de establecer dinámicas para resolver asuntos como estos? Es entendible, porque la ignorancia no mira al futuro.

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