Aunque la gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín desestiman -por lo baja- su participación accionaria en ISA, voces consultadas por EL MUNDO señalan que el verdadero valor lo da el lugar que la entidad ocupa en la Junta Directiva de la multilatina.
Que Empresas Públicas de Medellín (EPM) venda sus acciones en ISA como parte del plan para obtener los recursos que le permitan atender las consecuencias de la contingencia de Hidroituango, no parece ser una buena decisión a juicio de algunos conocedores del sector consultados por ELMUNDO.COM, pues más allá de los 1,5 billones de pesos que la entidad puede recibir por esos activos, la pérdida de su silla en la Junta Directiva de esa organización resultaría invaluable.
La iniciativa de enajenar ese 10,17% que EPM posee en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., hace parte del paquete de ventas que el Concejo de Medellín estudia autorizar y que está contenido en el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018. Además del paquete de acciones en ISA, están incluidos el 42% de las acciones de Hidroeléctrica del Río Aures S.A. E.S.P., y unas mínimas participaciones en Gestión Energética S.A. E.S.P., Inversiones de los Aseguradores Colombianos S.A., Terpel S.A., Emgesa S.A. E.S.P. y Banco Davivienda S.A.
Además, el grupo empresarial EPM espera que el Concejo le apruebe vender sus participaciones en Corporación Financiera Colombiana S.A., BBVA, Acerías Paz del Río S.A., Promioriente S.A. E.S.P. y Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P., las cuales, junto a otras acciones más de Gestión Energética S.A. E.S.P. y Emgesa S.A. E.S.P., deben ser adquiridas por EPM a sus filiales titulares de las mismas antes de poder enajenarlas.
Según explicó el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, al precio actual de la acción de ISA la entidad podría recibir en el mercado de valores alrededor de 1,5 billones de pesos por su participación, monto que se abonaría al total de siete billones de pesos que el directivo estima que necesita la entidad en caja para sortear las consecuencias generadas por la crisis.
Londoño de la Cuesta es enfático en señalar que hay una EPM operativa, que “viene funcionando sin ningún traumatismo adicional” y otra que construye el proyecto Ituango y que fue afectada por esta contingencia.
Explicó, además, que las necesidades de caja se originan en tres frentes distintos: el primero, los dineros que no van a ingresar a la compañía dado que Hidroituango no va a empezar a generar en diciembre del presente año como estaba previsto, el segundo, los recursos que se tendrán que invertir en ese proyecto para poderlo llevar a feliz término y, el tercero, los dineros necesarios para mantener la atención de la población afectada por la contingencia.
Sobre los recursos que no van a llegar por la no entrada en operación del proyecto, el gerente Londoño añadió que el escenario actual es que Hidroituango se va a retrasar tres años. “O sea que los ingresos que íbamos a empezar a obtener en diciembre de este año no los vamos a obtener sino hasta el segundo semestre del año 2021. Esos tres años de no recibir ingresos de generación de Ituango representan aproximadamente cerca de 3,5 a 4 billones de pesos con los que EPM de alguna manera contaba”, dijo.
Sobre las inversiones adicionales, explicó el directivo que “toda esta contingencia obliga a que va a haber que invertir unos recursos adicionales para la terminación y puesta en operación del proyecto. No es que el proyecto se suspendió tres años y que luego va a seguir en el mismo punto en que estaba, sino que esta contingencia nos va a obligar a invertirle más recursos”, los cuales calcula entre 1,5 y 2 billones de pesos.
Y sobre la atención a la contingencia, indicó que el valor estima oscila entre 500.000 millones y un billón de pesos, para un total que oscila entre 6 y 7 billones de pesos.
Para obtener tales recursos, según explicó Londoño de la Cuesta, la primera consideración que hizo el grupo empresarial EPM fue la de “mantener su estructura financiera saludable”.
“Lo primero que estamos implementando es un plan de reducción de costos y gastos interno en la organización”, explicó y enfatizó en la mejora de la productividad y la eficiencia en todas las operaciones, lo cual puede generar un ahorro de entre 0,5 y un billón de pesos en los próximos tres años.
“El costo directo de la contingencia lo conseguimos con ahorro y mayor eficiencia dentro de la compañía”, aseguró.
Para obtener los dos billones que se necesitan para invertir en el proyecto a futuro, el gerente general dijo que se optó por aplazar inversiones proyectadas.
“Teníamos contemplado en nuestro plan de inversiones de infraestructura para mejorar y modernizar las redes de energía, distribución y acueducto, invertir cerca de 14 billones de pesos. Lo que estamos haciendo es ver cómo postergamos en el tiempo dos billones”, explicó.
Ahora bien, para obtener los restantes cuatro billones, el ejercicio fue mucho más complejo, pues se consideraron las opciones de endeudamiento, reducción de más recursos de inversión, suspensión de las transferencias al municipio de Medellín y la venta de activos que, finalmente, fue la que se aprobó por parte de la Junta Directiva.
Según el gerente, el nivel de endeudamiento actual de EPM no le permite adquirir más deuda puesto que se corre el riesgo de perder el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. “EPM se quiere presentar ante los mercados financieros como una opción de crédito de grado de inversión, no nos queremos presentar como un papel de riesgo”, enfatizó.
La segunda posibilidad, la de aplazar más recursos de inversión, fue descartada por cuanto “la regulación, tanto para el sistema de energía como de acueducto y alcantarillado, exige unos estándares de calidad mínimos, operativos, so pena de ser sancionado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios”, lo cual exige que “estemos haciendo permanentemente inversiones en redes”.
“Si yo no aplazo dos billones sino los seis que se necesitan, empezaría a incumplir con esos estándares de calidad y me pasaría lo peor y es que la población que atendemos pierda la confianza en el servicio de EPM”, añadió.
Respecto a las transferencias, “el impacto socioeconómico para la ciudad y el área metropolitana sería enorme. Esa opción se consideró socialmente inviable”, explicó el directivo.
Fue así como se llegó a la cuarta posibilidad: vender algunos activos “sin generar consecuencias para ninguno de estos tres actores (riesgo, regulador, municipio) ni para la propia EPM”, concluyó.
Aunque para el gerente de EPM, en apariencia, la venta de sus acciones en ISA no tiene consecuencias, otra cosa muy distinta señalan otras voces.
Los argumentos del gerente son, entre otros, que la venta de acciones no afecta el plan de negocios de ISA, ni cambia la estructura societaria de la empresa puesto que más del 50% de las acciones de ISA seguirían siendo del Estado, ni tampoco se afectarían los usuarios ni los empleados.
“Por el contrario, uno va al mercado de capitales y pregunta cómo ve que uno venda ISA y le dicen que muy bien”, dijo Londoño y añadió que con esos recursos “hago las inversiones para mantener la confianza del servicio y podemos mantener las transferencias”.
El gerente lo ilustra de esta manera: “EPM está usando parte de sus ahorros en atender la contingencia, pero incluso a EPM internamente no le pasa nada”.
Sin embargo, expertos consultados por EL MUNDO sostienen que a pesar de que EPM no tiene el control de ISA, su presencia en esa Junta Directiva es importante porque le permite estar dentro de la cadena del sector eléctrico, en donde la transmisión - que es uno de los negocios fundamentales de ISA- es un eslabón, y por ende puede conocer de primera mano los avances del negocio y la regulación.
“Aunque el gerente, la Junta y el Concejo digan ahora que no es estratégico, eso no es cierto. Allí la empresa se da cuenta para dónde va el sector y ese sector es complementario de las otras actividades grandes que tiene EPM como generación y distribución”, dijo una fuente cercana a la empresa que pidió la reserva de su nombre. Esta misma fuente añadió que los activos no deberían venderse ahora, puesto que no se conoce el verdadero estado de la casa de máquinas de Hidroituango ni tampoco cuánto tiempo puede tardar, en términos concretos, tomar el control del proyecto.
“No se sabe cómo se encuentra, no se sabe si es recuperable ni si la recuperación tardará años; tampoco si los costos amenazan la tasa interna de retorno; si venden ahora esos activos se van como agua y se queda la empresa sin algo valioso”, añadió.
En sentido similar se pronunció Luis Fernando Múnera López, exdirector de Planeación de EPM, quien fue enfático en señalar que está “en desacuerdo con que EPM salga de una inversión tan estratégica como ISA”.
“Después de que la nación vendió Isagén era lógico que EPM saliera de allí porque el accionista privado iba a utilizar su posición dominante. Pero este caso es distinto, ISA es una empresa nacional en la cual EPM tiene una participación que puede que económicamente no represente mucho, pero sí tiene una ventaja estratégica grande en dos sentidos: obtener información que allí se maneja y también la correlación entre los planes de expansión de EPM y el plan de expansión nacional del sistema de transmisión y control”.
Gildardo López, presidente Sintraemsdes, expresó que los trabajadores afiliados al Sindicato “no estamos ni estaremos de acuerdo con la venta delas acciones de ISA” y consideró a esta empresa como “un baluarte no solamente por lo que significa para los antioqueños sino porque es una empresa de transmisión que para nosotros es esencial”.
“No podemos salir de los activos que necesitamos, ese es un activo que ha necesitado y va a seguir necesitando EPM. Nos parece que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero, EPM no debe salir de ISA”, reiteró.
Además, el vocero sindical recalcó que, a pesar de tener una participación minoritaria en términos de acciones, “vamos a estar adentro, si estamos afuera no vamos a ser ni convidados de piedra”.
En este sentido, el Sindicato considera que sería entendible que EPM vendiera activos como los de Chile o los demás planteados en el Proyecto de Acuerdo, por cuanto no tienen incidencia estratégica en la empresa, como si la tiene su presencia en ISA.