Llegamos a una fase crítica en el proceso de paz. Mucha gente se siente saturada del tema de la negociación y de los acuerdos y creen que es hora de pasar la página y mirar lo que viene. Sin embargo, comienza lo más difícil de la paz.

Es decir, pensar en el proceso de implementación de los acuerdos, explorar cómo será el día a día en las zonas de concentración y en los territorios, y pensar en cómo les cambiará la vida a las víctimas, se convierte en la tarea más delicada de este año.

Estamos de acuerdo, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, que el 2017 debe significar un escalamiento positivo de los esfuerzos realizados y que no podemos echar por la borda lo que hemos alcanzado. Sin embargo, para lograr una paz que sea duradera, es necesario garantizar que a la gente se le devuelvan las tierras usurpadas, que la reparación sea integral y que vaya más allá de la monetización de la muerte; que se promuevan pactos de perdón y convivencia. Pero, sobre todo, es necesario que se ofrezca seguridad y se garantice que los crímenes cometidos no se repitan.

En relación con el resarcimiento a las víctimas, el acuerdo de paz estableció en dos partes distintas, que las Farc deberán contribuir a su reparación material y dijo que el acuerdo final definirá la forma en que se hará esa contribución. A pesar de eso, no encontramos en ninguna parte del texto final, el desarrollo de este compromiso; es decir, el cómo se hará esa reparación.

Ante tal vacío, en los próximos debates legislativos vigilaremos que no se reduzcan en ningún sentido las garantías del sistema integral de la Ley 1448 de 2011. También que se garanticen financieramente los compromisos entre otros de restitución de vivienda y creación del programa de generación de empleo rural y urbano exclusivamente para las víctimas, la implementación de programas locales de exoneración de la cartera morosa del impuesto predial y de los servicios públicos domiciliarios para las víctimas y de la creación de líneas preferenciales de acceso a créditos de educación. Esto por mencionar solo algunos de los temas pendientes, que hoy luego de 5 años de vigencia legal, aun están crudos.

Finalmente creemos que, para abordar los próximos debates legislativos de implementación del acuerdo final, es necesario incluir vocerías y representaciones de las víctimas y garantizar en esa participación, la equidad de género y el enfoque diferencial. Si el terror y la violencia fueron utilizados como dijo mi padre para acallar al pueblo colombiano, es necesario que hoy, ese mismo conflicto les devuelva la voz y la fuerza que les arrebató.