La voracidad de ese pseudotribunal es insaciable. Sabemos que allí imperan los astronómicos sueldos y las extravagantes prestaciones y privilegios de las otras “altas cortes”.
Por inercia, el país se está acostumbrando a la JEP, y esta, por tanto, es cada vez más osada. Como engranaje estalinista dentro de la rama jurisdiccional, para ella no existe el derecho colombiano, donde imperaban ciertos principios seculares como la imparcialidad y apoliticidad de los jueces, la presunción de inocencia, la ley preexistente al delito, el debido proceso, la doble instancia y la igualdad de los ciudadanos…, que para ese cuerpo espurio seguramente son futesas, resabios apenas de la democracia formal…
Pues bien, como en la JEP todo es inaudito y peculiar, también hay que disculparles todo. Apenas nos enterábamos de la connivencia con Santrich, cuando otro escándalo como el de la nómina paralela lo opacará. El periodista Luis Carlos Vélez descubrió que en 2019 la JEP nos costará 292.000 millones de pesos, dentro de los cuales hay 43.000 millones presupuestados para “supernumerarios”, no solo abogados, oficiales y secretarios, porque el Manual de Funciones de la tenebrosa entidad ha sido modificado —por ellos mismos— para permitir la vinculación de personal en “bellas artes, arquitectura y urbanismo”, extrañas profesiones en un cuerpo parajudicial, ¡a menos que sea cierto que proyectan la construcción de su propia sede palaciega!
Cogidos in fraganti, su presidente salió con una peregrina negativa, declarando que nunca habían solicitado esa partida, que se debía a un error involuntario del Ministerio de Hacienda. A continuación, obedeciendo al razonable temor que la JEP inspira, el gobierno aceptó esa torcida excusa, y solo le faltó pedirle rendidas disculpas a la Linares.
Nunca en la historia de la humanidad un Ministerio de Hacienda ha aprobado gastos no solicitados. La misión de esos despachos ha sido siempre la de recortar las solicitudes de los distintos organismos para tratar de balancear ingresos y egresos. No olvidemos que al presupuesto se lo llama budget, tanto en francés como en inglés, vocablo que da idea de economía, y que, en alemán se designa como Haushalt, término que refleja la idea de frugalidad que debería inspirar el gasto público.
Ahora bien, puede que este pintoresco incidente reduzca en 43.000 millones el presupuesto de la JEP para 2019, de los 292.000 “apenas” a 249.000 millones, cifra que también es desproporcionada a todas luces.
Por la Resolución 1640 de junio 12 de 2018, el ministro Cárdenas Santamaría (¡”el mejor de Suramérica”!) fijó el presupuesto de la JEP para el segundo semestre de ese año en 68.029 millones de pesos. Para el siguiente año, cualquiera piensa que les hubiera bastado con el doble. No fue así, porque Cárdenas incrementó el presupuesto de la JEP 4.29 veces para 2019.
La voracidad de ese pseudotribunal es insaciable. Sabemos que allí imperan los astronómicos sueldos y las extravagantes prestaciones y privilegios de las otras “altas cortes”, para la satisfacción de los centenares de mamertos que, allí nombrados, pasaron del Transmilenio a los altos estratos de la sociedad que abominan.
Por estos días, la senadora Paloma Valencia ha dicho que la burocracia de la JEP alcanza a 800 cargos. Consulté entonces la Planta de Personal de ese organismo; sumé los empleos allí contemplados y resultaron 869, antes de otros hallazgos preocupantes.
No crea el amable lector que la JEP haya perdido las docenas de supernumerarios que dice no haber solicitado, porque en la flamante ley de financiamiento se autoriza a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la JEP, la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoría General a “contratar personal sin atender los límites previstos en la Ley 617 del año 2000”, excepción inadmisible en todos esos despachos, ya rebosantes.
La planta de personal de la JEP está al servicio de la promoción social(ista) del proletariado profesional, como que hay 42 conductores para igual número de burbujas blindadas. Para 20 magistrados hay 60 magistrados auxiliares, 100 profesionales especializados, 20 sustanciadores y 20 auxiliares judiciales. Pero también hay 18 “magistrados de sala”, con otros 108 profesionales, 18 sustanciadores y 18 asistentes administrativos. La oficina del secretario judicial tiene 49 empleados, y la secretaría ejecutiva, apenas 190.
En esa fronda para paniaguados, no es de extrañar la presencia, bien remunerada, de la mujer del senador Iván Cepeda.
Sin duda alguna, esta explosión burocrática no es única, porque en el gobierno de Santos la nómina creció exponencialmente, pero la perversidad funcional de la JEP hace especialmente preocupantes las dimensiones kafkianas de una jurisdicción que ni siquiera el autor de El Proceso alcanzó a imaginar.
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