En su prisa por abrir el camino de la representación política a las Farc, el Gobierno avanza contra la democracia, los derechos humanos y sus obligaciones de imponer justicia a responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para dar visos de razón jurídica y política a su propósito, se apoya en su pretensión de fijar el “derecho a la paz” como uno síntesis, o sea superior a los demás derechos y válido garrote contra quienes disienten del pacto.

El primer objetivo de la imposición de “la paz” fue la mayoría que el 2 de octubre de 2016 votó No a la refrendación del acuerdo final y el Acto Legislativo 01 de 2016. Para desconocerla, el Gobierno se valió de estratagemas retóricas. La de declarar la mínima mayoría, que fue de 0,46%, y sobredimensionar la abstención del 62,6% para proclamar una falsa mayoría. La de hacer una veloz ronda de consultas, sin resultados en la transformación real del acuerdo. Y la de desvirtuar, convalidado por panegiristas, la voluntad del No, haciendo llover insultos y descalificaciones sobre sus voceros. Tales falacias le sirvieron para obtener aval del Congreso y la Corte Constitucional (ver infográfico) a la refrendación que anuló la voluntad popular.

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Habiendo cruzado la línea del desconocimiento a la decisión de la democracia, el Gobierno avanza hacia el despeje del Congreso para que las Farc ocupen curules. Para ello, se desconocerá el derecho las víctimas a ser restituidas en forma integral, lo que significa a que se les garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición. Este paso que con tanto afán se reclama impone la más grave para la democracia y la sociedad. Ella es la de permitir que los condenados recuperen los derechos políticos, perdidos con el encausamiento penal, abriéndoles puertas a la representación. Con igual laxitud se determinan los tiempos de condena, en particular para quienes omitan verdad y reparación, así como las sanciones a testaferros y asociados a ese grupo.

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A más de la humillación de ver a sus victimarios disfrutando de curules no ganadas ni merecidas, las víctimas están siendo obligadas a renunciar a la verdad, que resulta de no habilitarlas como parte en los procesos judiciales que comprometen a sus victimarios y, en cambio, apenas permitirles presentar informes de los hechos -lo que les impone la carga de la prueba, liberando al Estado y a victimarios-. Según ponencia firmada por el senador Horacio Serpa, liberal, y el representante Hernán Penagos, de la U, la representación que de ellas pudiera hacer la Procuraduría, en cumplimiento de su mandato como garante de los derechos humanos, queda limitada a que “a solicitud de alguno de los magistrados de la sección que conozca del caso, podrá intervenir en las diligencias que el magistrado establezca, para la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas”. El marco de disposiciones afianza la voluntad de desconocer a las víctimas de las Farc en el cuestionable artículo de exoneración de la responsabilidad del mando, según la cual “la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía” (artículo 76). El enunciado que predica que esa responsabilidad sólo se establecerá cuando exista “control efectivo de la respectiva conducta”, conocimiento de ella y capacidad de prevenirla, representa una descarada burla a un país testigo del abuso de la jerarquía y mando de los jefes farianos.

Cualquier esperanza de las víctimas queda destruida con una ponencia que el propio fiscal general de la Nación describió como “llena de micos”. Entre ellos, la laxitud para que las Farc presenten candidatos a desmovilizarse; la de la vaguedad sobre las exigencias de reparación moral y la descarga en el Estado para la reparación material, y la laxitud para tratar a los farianos que incumplan obligaciones con el acuerdo, que de todas maneras tendrán sanciones menores en tiempo y rigor frente a las que enfrentan otros criminales.

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El escandaloso contenido a consideración del Congreso puso en alerta al fiscal General de la Nación, que ha abierto debate frente a ese articulado, y a Cambio Radical, que anunció su voto negativo. Al verse en aprietos, el Gobierno respondió con el Decreto 1592 del 29 de septiembre, por medio del cual dictó medidas para “la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz”, ¿y para también desconocer el derecho recuperado por el Congreso para discutir, revisar y modificar normas que desarrollan el acuerdo de paz?

Comentarios:

juan guillermo
2017-11-20 20:09:08

no soi analista politico, ni jurista ni politologo, no hay nesecidad...pero doi mi apoyo a las valientes mujeres de esta patria, como SOFIA GAVIRIA, LA EXFISCAL, VIVIAM MORALES, PALOMA, PAOLA, ...TODAS...NOS DAN EJEMPLO DEL BUENO, EN TODO, ¡¡¡QUE VERGUENZA PARA LOS DIRECTIVOS DEL ANACRONICO PARTIDO LIBERAL, QUE LES DA GOLPE DE ESTADO, TRAICIONERO Y POR LA ESPALDA, A MANSALBA, LO QUE AMERITA, DEJAR EL PARTIDO SOLO, PARA QUE SE NOTE MAS EL FRACASO DE ESTOS ENMERMELADOS, QUE HAN DEMOSTYRADO UNA VEZ MAS, QUE NO HAY DE QUE HACER UN CALDO...A GAVIRIA SE LE OLVIDO QUIEN LO HISO PRESIDENTE, TIENE AZAHIMER,...ADEMAS , DESPUES DE VER EL VIDEO DONDE BENEDETY ACUSA A VARGAZLLERAS DE TODO...Y LO QUE PUEDE PASAR SY LOS CORRUPTOS MAGISTRADOS TAMBIEN PRENDEN SU VENTILADOR DE ALCANTARILLA, MAS RAPIDO ESTA PATRIA SE VA AUNA GUERRA CIVIL, YA QUE ESTA NO ES VENEZUELA, AQUI TODOS ESTAN ARMADOS, SOLO DAR LA ORDEN...AMANECERA Y VEREMOS...LAS FARC NO SE PODRAN TOMAR LA PATRIA, PARA ELLOS, TAN FACIL...LA PRIMERA TALANQUERA AVENCER...LAS MUJERES...FELICITACIONES POR LAS DRAS SOFIA, VIVIAM, PALOMA, PAOLA...

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