Por: William Acero Arango y Nacho

Colombia asistirá desde este 20 de julio y desde el 7 de agosto a la instalación de un nuevo Congreso con algunas importantes, pero muy expectantes novedades en su composición, y a posesionar a un nuevo presidente bastante inusual dentro de la fila de herederos a ese cargo en la tradicional clase política, por hacer parte de una nueva generación de hombres públicos.

Estos dos grandes acontecimientos en la vida de la nación se registrarán tras 16 años de dos presidentes con gobiernos de ocho años, después de la eliminación de la reelección presidencial, de convivir con la peligrosa dictadura vecina venezolana y de lograr que las feroces pero diezmadas Farc pararan sus ataques contra la institucionalización y se avanzara en la implementación de su vinculación a la legalidad política, lo que aún está pendiente o por verse.

Y precisamente este último hecho de gran dimensión nacional e internacional, el paso de la Farc de la guerra a la política, fue el protagonista central de los cuatro años del Congreso 2014 – 2018 y del epílogo de la era de Juan Manuel Santos.

Tanto es así que los cuatro presidentes del Senado, que ejercieron esa dignidad en ese lapso, coincidieron en que la paz fue la columna vertebral de los últimos cuatro años de la gestión legislativa.

Pero qué cambió en Colombia en estos cuatros años en el ordenamiento jurídico del país, como es su Constitución Política, por los cambios aprobados por el último Congreso para darle vía libre al reingreso a la vida civil de las Farc.

Esa pregunta se la compulsamos al agudo analista en temas constitucionales, David Suárez Tamayo, profesor de esas materias en la Universidad Eafit.

“Pues depende como se mire. La Constitución no cambió para 48 millones de colombianos, pero sí cambió para los 15.000 integrantes de las Farc, para unos 700 u 800 militares y digamos para otras 1.000 personas del conflicto, pues tendrán una justicia especial, la JEP. Pero es algo por quince o veinte años.

Es decir, unas 20.000 personas no estarán sometidas a la justicia ordinaria, sino a la transicional de la JEP”.

¿Profesor pero considera que hubo otros cambios?

“Sí. El otro cambio fue el aumento de cinco curules en Senado y cinco en Cámara, que comenzará a regir en la nueva legislatura que despega este 20 de julio. Y otra novedad para resaltar fue el cambio en el trámite legislativo por un año con el fast track, que redujo el número de debates en el Congreso que acaba de concluir su periodo. Pero igual fue un cambio transitorio por un año. Ya pasó y solo fue para temas del acuerdo con la guerrilla, no para todo tipo de leyes, ni para todos los temas. Los demás son cambios y ajustes menores”.

De todos modos, para bien o para mal, los salientes legisladores, en medio de unas relaciones enrarecidas con el Ejecutivo por el fantasma de la llamada mermelada o por los cupos indicativos o por los antes llamados auxilios del gobierno, contribuyeron apaciguar al país del terror de las Farc”.

El balance legislativo

Pero como todo no puede ser la paz con las Farc, aunque fue eje del trabajo legislativo en el cuatrienio que transcurrió, el Congreso de Colombia se ocupó de otros muchos asuntos para la marcha del país, en varios de los cuales quedó en deuda con los colombianos y en un balance que tiene muchas aristas.

El periodo que terminó dejó alrededor de 300 leyes de toda índole, de honores, de saludos a la bandera, para reinados, para municipios y departamentos, hubo leyes para todo.

Apoyado por su coalición de la Unidad Nacional, en los cuatro años el gobierno de Santos sancionó unas 289 nuevas leyes, de las cuales el 44,9%, es decir 143 normas, fueron presentadas por el Ejecutivo y el 55%, equivalentes a 122 iniciativas, por los congresistas.

El 0,9% de leyes aprobadas, tres de ellas, fueron iniciativas de otras entidades, dos de ellas de la Fiscalía, como lo enumera Laura Wills, directora del Observatorio Congreso Visible.

En general, la legislatura que terminó dejó un saldo de 1.503 proyectos de ley radicados, 1.298 por iniciativa de los congresistas, 190 del gobierno y 15 de autoría mixta o de otras entidades del orden nacional.

De acuerdo con la información del citado Observatorio y en comparación con el cuatrienio anterior (2010 – 2014), el Legislativo saliente aprobó 180 leyes más, muchas de las cuales relacionadas con la política internacional de Colombia.

Durante el Congreso saliente se frenó el tránsito de normas y reformas de enorme impacto nacional. 1.235 iniciativas radicadas, es decir el 82,2% del total, terminaron archivadas durante el cuatrienio legislativo. Entre estos proyectos de ley se encuentran la reforma a la Educación, a la Justicia y al Sistema de Salud, tres de los más polémicos y recordados por la opinión pública.

En contraste con el gobierno de Álvaro Uribe, quien en su primer mandato tramitó ocho reformas a la Constitución y en el segundo adelantó siete, en la era de Santos sólo tuvieron vida seis reformas de este tipo.

“Del total de iniciativas presentadas a consideración del Congreso, 117 fueron proyectos de Acto Legislativo, es decir, que pretendían modificar la Constitución Nacional”, reseñó Congreso Visible.

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Reacciones y comentarios

El presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, el liberal reelecto Jaime Durán Barrera, consideró que lo que se hizo en materia de paz no tiene precedentes en la historia del mundo ni de Colombia y que lo ejecutado en infraestructura se está viendo reflejado en todo el territorio nacional.

“En vías, acueductos, aeropuertos y en infraestructura en general Colombia es otra, eso no se puede desconocer, lo estamos viendo. Qué falta mucho por hacer sí, pero tenemos otro país, que está creciendo, no en la proporción que quisiéramos, pero está creciendo”, dijo el congresista.

Recalcó que la ciudadanía en general le va reconocer al presidente Santos en unos años todo lo que hizo por este país.

Sin embargo, admitió que la gran equivocación del gobierno fue la reforma tributaria y en eso también hizo errar al Congreso. “Fue uno de los mayores desaciertos del presidente Santos, con lo que perjudicamos a toda la clase media, fue un paso en falso”, afirmó Duran Barrera.

Aceptó que también fallaron en no aprobar reformas trascendentales a la justicia, a la política y en lo pensional, sobre lo cual hay que trabajar, pero no como lo están señalando los fondos privados.

Por su parte, el laborioso representante a la Cámara y hoy senador electo por Antioquia, Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, dijo que el balance del Congreso fue con altibajos.

A su juicio, el presidente Santos hizo un enorme esfuerzo en materia de infraestructura, ante el atraso de más de 150 años en vías, aeropuertos, acueducto y alcantarillado.

Pero aunque consideró al proceso de paz de muy importante para el país, y lo será en el futuro, sostuvo que fue muy mal manejado desde el comienzo, por el tema de la polarización innecesaria en Colombia.

“otro tema para criticar fue la reforma tributaria. Yo advertí en la plenaria de la Cámara que no se trató de una reforma estructural, sino que era desastrosa para la clase media y muy dañina para la economía en general, reforma que no cumplió las expectativas esperadas, y desaceleró la inversión privada en Colombia, reforma que no corrigió muchos de los inconvenientes que se necesitaban para la economía”.

Otras reflexiones

Los presidentes del Senado en el último cuatrienio concluyeron que las normas más importantes aprobadas fueron las que tuvieron que ver con el proceso de paz con las Farc.

El expresidente del Senado, Iván Name, dijo que “la legislatura que presidió fue de mucho trabajo por el tema de la paz, pero hubo otras normas como las atinentes con las regalías y las mejoras para la labor de las madres comunitarias.

Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco afirmó que “el país debe tener en cuenta que el proceso de reglamentación de las formas para el proceso de paz fue muy complicado, de mucho debate, de mucha discusión, los parlamentarios querían incidir en las propuestas presentadas por el Gobierno y esto nos tomó mucho tiempo”.

El actual presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que “el tema de las elecciones dejó una brecha grande, pero en general le cumplimos al país, el tema de la paz y su reglamentación fue muy espinoso, y se polarizó más por las elecciones presidenciales”.

Así las cosas, con este preámbulo la legislatura que comienza, coincidieron los exdignatarios del Congreso, debe ser de mucha responsabilidad para con la Salud, con el tema pensional, con las reformas política y a la justicia, en torno al tema minero y con la educación.

Por eso se estima y se escucha por los pasillos del Congreso que el mandatario entrante Iván Duque tendrá que entrar pisando fuerte en el terreno de las reformas estructurales pendientes desde los primeros meses de su gobierno.

De hecho, varios de los proyectos gruesos y necesarios para continuar con el proceso de saneamiento de las finanzas públicas, quedaron pendientes para la próxima legislatura.

Entre ellos, señalan a la reforma pensional y a los regímenes especiales de miles de colombianos que están en el limbo. Si no se consiguen mejores resultados en materia de reformas estructurales en la próxima legislatura, sobre todo si no se da una solución definitiva a la bomba pensional, el país se puede ver abocado a una catástrofe y el resultado sería nefasto para la economía, alertó el expresidente de la Cámara, Hernán Penagos.

También se considera que la reforma a la justicia debe ser presentada empezando el nuevo gobierno, pues es la más reclamada por los colombianos. El 95% de los ciudadanos no creen en la justicia de acuerdo con una estadística de la Universidad Sergio Arboleda.