En un nuevo paso por tratar de materializar una iniciativa por la que han trabajado varias décadas, los gobernadores de la región Caribe colombiana suscribieron este jueves el acta de compromiso para crear la región autónoma de planificación del Caribe. El departamento de San Andrés los acompañó como invitado a un proceso que impulsa al país a dar un firme paso adelante hacia la descentralización política y administrativa.

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El proceso que gobernadores, dirigencia empresarial y líderes políticos impulsan por vías organizativas y dentro del marco legal pretende en el mediano plazo su constitución como Entidad Territorial. La creación y el proceso iniciado encuentran respaldo en la Constitución de 1991, que en su primer artículo proclama a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” y en su desarrollo reconoce la creación de regiones que surgen de la unión de departamentos, para efectos administrativos y de planificación.

Los más prevenidos frente al proceso han recurrido a fáciles muletillas descalificadoras, que consiguen poner una sombra al esfuerzo. Lo más común ha sido esgrimir señalamientos por corrupción, cayendo en una generalización infame, que desconoce, o prefiere minimizar, que el origen de la bribonería con lo público está en la debilidad de las instituciones y la ausencia de control social, no en el lugar de nacimiento o residencia. Algunos más apelan al fantasma del separatismo, reavivado por el desconocimiento de causas y hechos del independentismo catalán, para reclamar que, como ocurrió en 2010, se vuelva a poner freno al sueño del Caribe.

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El proceso de la Costa retoma hechos políticos importantes, como el Voto Caribe, alimentados con el descontento generalizado por el abandono del Estado central, la inequidad y el atraso de buena parte de la región Sobre esas bases, pretende que los departamentos costeños recuperen sus recursos y gestione su desarrollo. Si funcionare este osado paso que sacude la morosidad del centralismo para dar vida al modelo institucional descentralizado de la Constitución de 1991, el país contaría con un interesante modelo para desarrollar el ideal de la unidad nacional realizada sobre la descentralización administrativa, no sobre la arrogante concentración de recursos y poderes en el centro.