Miedo, silencio, lágrimas y desolación. Es que disparan de todos lados. No se puede ver, tampoco escuchar y mucho menos hablar. Nadie sabe nada. La gente huye. Huyen hasta las miradas.

Nadie quiere ser el siguiente que caiga. Porque no sólo caen los que disparan, también las balas encuentran a los que nada tienen que ver con la guerra que se ha ensañado contra el Bajo Cauca antioqueño, donde hoy la vida no vale nada. Como lo enseñó la maldita herencia del narcotráfico. Esa herencia que les mostró a los muchachos el camino de hacer dinero fácil, de vivir “a todo dar”, aunque sea por poco tiempo. Ese triste legado que crece ayudado en buena parte por la ausencia del Estado.

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Es que en la subregión que conforman los municipios de Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, confluyen todos los males posibles: cultivos ilícitos, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, vacunas y reclutamiento de menores, además de que la zona es un corredor estratégico para el envío de drogas a otros países, por lo que allí han acudido toda clase de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial y el manejo de esas rentas ilegales: clan del golfo, caparrapos, disidentes de las Farc, frentes del Eln y grupos de delincuencia organizada (GDO) que llegan desde el valle de Aburrá o Córdoba, pues también está en juego el control del Nudo de Paramillo, ubicado entre los municipios de Ituango, Dabeiba y Peque, en Antioquia; Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, en Córdoba.

Todo vale nada frente a ellos. Es su ley. Y por eso, aunque el número de homicidios es escalofriante, no menos lo es el desplazamiento forzado y las vulneraciones a los derechos humanos, razón por la cual, y atendiendo a una alerta de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior convocó a una nueva sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -Ciprat-, la misma que se realizó el pasado martes en Tarazá, con la presencia de la Fuerza Pública (Policía y Ejército), Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas, Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Nacional de la Nación, Alcaldía de Medellín y Alcaldías de la misma subregión del Bajo Cauca.

Según la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, ante el anuncio de una nueva escalada violenta no sólo crece el número de desplazados, sino que por lo menos unos cuatro mil habitantes de la zona rural del municipio de Tarazá, especialmente del corregimiento La Caucana, se encuentran en una grave e inminente situación de riesgo de vulneración de los derechos humanos, pues están en medio de las arduas confrontaciones de esos grupos delincuenciales que operan en la región.

“Hemos sido testigos del aumento de las cifras de desplazamiento forzado intermunicipal proveniente desde el Bajo Cauca antioqueño, especialmente desde Tarazá y algunas de sus veredas; desde el mes de marzo del año 2018 hasta la fecha, hemos recibido 1.353 declaraciones provenientes del municipio en mención, lo que equivale al desplazamiento de 3.579 personas, lo que refleja la difícil situación de orden público que se vive en esta zona de Antioquia”, denunció en su informe el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe.

“Amenazas, extorsiones, desplazamientos masivos e individuales y homicidios selectivos o de configuración múltiple, son algunos de los problemas a los que se ha tenido que venir enfrentando la población civil del municipio de Tarazá y sus demás zonas limítrofes”, advirtió el personero.

“Nuestra capacidad de atención se ha desbordado. En 2018 fueron atendidas 5.760 personas desplazadas de la zona del Bajo Cauca, y en lo que va de este año la cifra supera los dos mil. Unos han sido recibidos en albergues, otros en redes de solidaridad familiar. A ellos se les brinda ayuda humanitaria con un mercado o apoyo económico, pero la situación es compleja y por eso hemos solicitado apoyo presupuestal al Gobierno nacional para poder seguir atendiendo a estas personas”, confirmó Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, entidad que también hizo parte del Ciprat.

Según la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en el cuatrienio 2016-2019 se han atendido 10.958 hogares que equivalen a 32.080 personas que han llegado a la ciudad de Medellín en situación de desplazamiento forzado. De ellas, el 40% proveniente de la subregión del Bajo Cauca.

El informe precisa que el 2018 fue el año más crítico, por cuanto se registró un aumento del 679% frente a los casos que se presentaron en 2017. Aunque tampoco es menor el hecho de que entre enero y marzo de este año se atendió al 35% de los hogares recibidos en 2018.

En total, la atención de los desplazados del Bajo Cauca en los cuatro años de esta Administración municipal de Medellín ha demandado recursos por valor de $1.457.137.683, de ellos $690.064.257 en 2018, cuando se aumentó en 226%. Pero lo más preocupante es que en los cuatro primeros meses de este año se ejecutó el 60% de la inversión total del año anterior ($411.012.512), y sin recibir hasta ahora la subsidiaridad del Gobierno nacional, que se encuentra en trámite.

“Todos ellos quieren regresar a sus tierras, pero sólo lo harán una vez mejoren las condiciones de seguridad”, aseguró Arcila.

Es que aunque es una zona rica en producción de oro y en posibilidades de agricultura, ganadería y piscicultura, las problemáticas sociales que la aquejan no son de fácil solución. Por eso, antes que regresar, cada vez son más los civiles que tienen que huir, los que quieren y pueden salvar sus vidas.

El Gobierno departamental y las autoridades han intensificado las operaciones en el ámbito urbano y rural de cada municipio, pero el miedo y la zozobra no se van. Las balas siguen cobrando vidas y las amenazas causando destierro.

El Bajo Cauca se desangra en silencio, porque allí nadie ve, nadie oye, nadie dice nada.